Ione Belarra, en representación del Grupo Mixto, registró el pasado 6 de mayo en el Congreso una proposición de ley que obligaría a los propietarios, directivos de medios e incluso presentadores a publicar una declaración en la que detallen sus bienes y su participación en cualquier tipo de sociedad. Esta declaración replicaría las exigencias a las que están sometidos los diputados y senadores, según consta en la Ley Electoral General. Es decir, la norma equipararía las condiciones de transparencia de los profesionales de la comunicación a los de los representantes de la soberanía nacional. La iniciativa es tan desmesurada y atenta de forma tan frontal contra la privacidad de las personas que sólo puede entenderse como un paso más en el proceso de deslegitimación de los medios, una labor en la que activamente ha participado el presidente del Gobierno desde que distintos periódicos comenzamos a publicar noticias, no desmentidas, sobre la trayectoria profesional de su esposa. Después de sembrar sospechas sobre la labor de jueces y fiscales, el Ejecutivo y sus socios parecen estar dispuestos a intentar desestabilizar otra de las instituciones esenciales en cualquier democracia: la prensa crítica. No hay ninguna novedad en el hecho de que se intente debilitar la democracia en nombre de la propia democracia, ya que esta coartada argumental es la que han esgrimido otros políticos como Nicolás Maduro en Venezuela. El proyecto de Podemos, que se sitúa al amparo de las denuncias retóricas de Sánchez, trasciende la proposición de ley registrada y los morados ya contemplan la posibilidad de limitar la existencia de medios privados. La transparencia mediática y la responsabilidad informativa son causas lo suficientemente relevantes como para no frivolizar con ellas. Resulta enormemente revelador que el presidente del Gobierno haya comenzado a cuestionar la veracidad de los medios cuando se ha empezado a publicar información que podría menoscabar sus intereses personales y familiares. Se antoja un tanto cínico que sea precisamente Sánchez, el presidente que más veces ha faltado a la verdad y a su palabra pública de nuestra historia democrática, quien aspire a capitanear un marco regulatorio destinado a limitar la libertad de expresión para proteger una verdad contra la que él mismo ha atentado tantas veces. Basta revisar la gestión que el Gobierno hace de las empresas públicas para intuir el enorme riesgo que supondría una eventual injerencia del poder político en el ámbito mediático. Casos como los de RTVE, con una militante del PSOE al frente, o el grotesco manejo partidista que se hace del CIS, son precedentes que nos permiten constatar cuál es la relación que el Gobierno tiene con la veracidad o con el pluralismo mediático. En España ya existe un marco jurídico robusto que protege a los ciudadanos de cualquier delito contra el honor, injuria o calumnia. Resulta un tanto extraño que le presidente no haya hecho uso de ninguno de los mecanismos legales que le asisten a él y a su esposa para desmentir y reparar lo que interesadamente considera bulos. Mientras nuestro país se adentra en fórmulas cada vez más populistas, en Europa se ha creado un nuevo reglamento concebido para proteger la libertad y la pluralidad de los medios. Las sociedades democráticas se han construido sobre esa libertad mediática, una libertad que exige una especial protección del poder político. No ha habido ningún poder que no haya intentado ejercer un control sobre la prensa crítica. Sin embargo, tanto el discurso del presidente como el registro de la proposición de ley de Podemos nos permiten concluir que estamos ante una amenaza tan real como inédita.
