El INOF tiene una ocupación de 185%: «Un hacinamiento crítico»
El Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el mayor recinto carcelario de mujeres del país, tiene una población carcelaria de 650 reclusas, albergadas en un espacio con capacidad para 350 internas, lo que supone una ocupación de 185%, según un informe presentado este miércoles por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
«Actualmente, en el INOF se encuentra el 28% de las mujeres privadas de libertad en Venezuela, con un total de 650 mujeres y un hacinamiento crítico», señaló la organización no gubernamental, según la cual hay 2.322 reclusas en el país.
El documento también explica que, luego de la construcción de esta cárcel, en 1962, no se edificaron en el país nuevos recintos para mujeres sentenciadas, sino que se ha «improvisado» con «anexos femeninos» a cárceles de hombres, «que ni siquiera cumplen con los estándares mínimos de reclusión y tampoco atienden las necesidades particulares» de esta población.
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Hay «un total de 16 anexos femeninos que no son más que infraestructuras improvisadas (…) que, por su misma naturaleza, no cuentan con los parámetros necesarios para cumplir con la perspectiva de género», subrayó la organización en una nota de prensa.
La ONG alertó sobre el deterioro de la infraestructura del INOF, donde las internas «son víctimas de violencia, corrupción, maltratos, discriminación, humillaciones e incluso torturas por parte de los funcionarios» que custodian estos sitios.
Asimismo, indicó que 23 niños menores de 3 años viven en celdas junto a sus madres, como establece la normativa interna, pero la cárcel no cuenta con espacios «totalmente adecuados» para estos infantes.
Según el escrito, algunas madres desconocen el paradero de sus hijos, pues fueron retirados del penal al cumplir los 3 años de edad, mientras que otras mujeres reciben «pocas» veces a sus hijos «porque solamente les permiten visitas en ocasiones especiales».
En los últimos dos años, el Gobierno ha puesto en práctica varios planes para reducir el retardo procesal, con el fin de «agilizar los procesos judiciales y descongestionar los centros de detención preventiva», lo que lleva aparejada una reducción del hacinamiento.
No obstante, según la ONG, dichos programas no han corregido todos los problemas en los recintos carcelarios, aunque han disminuido levemente.
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