PP y Vox bloquean la renovación de la Agencia Antifraude valenciana a la espera de cambiar la ley para rebajar la mayoría
Gustavo Segura es funcionario del Estado, ha ejercido durante 22 años en órganos de control interno de la Administración valenciana y, pese a ser el único candidato a dirigir la Agencia Valenciana Antifraude, no lo hará. La mayoría parlamentaria de PP y Vox ha votado en contra del letrado, actual director de Análisis de la Agencia, avalado por tres organizaciones que luchan contra la corrupción.
El rechazo a Segura implica reiniciar el proceso de elección y se da en paralelo a la tramitación del cambio en la ley que impulsa el PP, que rebaja la mayoría parlamentaria para escoger al responsable. Si sale adelante, se pasará de una mayoría cualificada (tres quintos de la Cámara, que implica un pacto con la oposición), a una mayoría simple, que dará el control a los partidos que sustentan al Consell. Uno de ellos, por cierto, que ha amenazado con cerrar el ente, como ya ha hecho el bipartito en Baleares.
Segura ha resultado como único candidato después de que los servicios jurídicos de las Corts Valencianes rechazaran a su oponente por un defecto formal. Una asociación de gestores vinculada al PP propuso a Eduardo Beut, exdelegado de la Agencia Tributaria con el PP, para la carrera por dirigir el ente. Las asociaciones anticorrupción protestaron porque la agrupación profesional no trabajaba contra la corrupción, un requisito para hacer la propuesta, y el letrado de la Cámara consideró que tenían razón. Trabajar contra el fraude no es organizar dos jornadas anuales, argumentó en su escrito.
La coalición de los ultras y los conservadores apenas aporta motivos convincentes para justificar el rechazo al único candidato. Tras reconocer que no se pone en duda el perfil profesional de Segura, han votado en contra porque consideran que es polémico y es “politizar” la Agencia, pese a que no tiene vínculos con ningún partido. Segura ha sido propuesto por tres asociaciones: Acción Cívica contra la Corrupción, Fundació per la Justícia y Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
La diputada de Vox Teresa Ramírez asegura que buscan “imparcialidad y un perfil muy profesionalizado e independiente”. “Queremos un perfil que apueste por un cambio en la agencia”, al tiempo que ha añadido: “No consideramos que el cambio consista en atacar a una persona”. Entre las excusas para no apoyar al candidato, ha confirmado que se debe a que ha sido presentada por las mismas asociaciones que auparon a Llinares y tienen “tintes ideológicos muy marcados”. “Son sesgos políticos muy marcados”, ha recalcado. La parlamentaria de Vox ha insistido: “No dudo que sea un profesional, su equipo lo arropa... Ahora bien, mantener el mismo perfil en un cambio rompe la necesidad de no ser continuistas”.
Por su parte, el representante del PP, Fernando Pastor, considera que hay un “intento de politización de los candidatos”, en referencia a Beut, que asegura que no está vinculado al PP, pese a que entabló amistad con Eduardo Zaplana y su jefe de gabinete. “Jamás hemos hablado en el PP de ninguno de los dos candidatos. Ni del que conocemos, usted [a Segura], ni del que no tengo el gusto de conocer, al otro”. El parlamentario, que cree que se ha “etiquetado” a los candidatos, ha argumentado que la Agencia “está por encima de los nombres” y que elegir al actual número dos es “politizar los cargos”. “No vamos a votar favorablemente el dictamen de la comparecencia de usted”, ha confirmado porque “si cometemos un error, durará siete años”. Pastor, por si quedaban dudas, ha recordado que las Corts Valencianes tramitan una proposición de ley, presentada en solitario por los populares, para cambiar la norma que regula la Agencia Antifraude.
Segura, en vano, ha presentado un proyecto para los próximos siete años ante la Cámara, a la que ha pedido una sede pública de la Agencia, para “consolidar el proyecto” y ahorrar costes, además de la adaptación de la ley a la norma europea. Ha considerado que “es una amenaza que haya una instrumentalización de la agencia”, así como las filtraciones de información acerca de las investigaciones, que afectan a los profesionales en su trabajo. “Soy consciente de que los órganos de control no somos simpáticos”, ha considerado ante los diputados antes de toparse con el rechazo.
El actual número dos del ente ha defendido que la Agencia genera un retorno en la inversión más allá de lo económico: ha contribuido a levantar la hipoteca reputacional de la Comunitat Valenciana y a la buena gobernanza. La Agencia “está mejorando el impacto reputacional, no solo mejorando la seguridad jurídica de las instituciones, sino la atracción de la economía productiva” por la confianza. Ignorado por los parlamentarios de la derecha en su última intervención, ha defendido que su perfil es técnico y que él trabaja “con objetivo y rigor”. “El trabajo de la Agencia siempre ha sido imparcial”, ha concluido.