La jueza archiva la guerra entre socios del Club de Golf de La Moraleja al no ver pruebas de pucherazo
El juzgado que investigaba la guerra entre socios del elitista Club de Golf de La Moraleja ha decidido archivar el caso. En un auto adelantado por El Independiente y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada explica que no hay pruebas de que la actual directiva del Club sacara adelante acuerdos importantes usando el voto de personas fallecidas: “No hay ni el más mínimo indicio de la concurrencia de un delito societario”, explica la instructora. La acusación, una socia del Club que fue sancionada después de empezar a denunciar irregularidades, ha recurrido la decisión. Otra querella que interpuso contra la cúpula por injurias y amenazas también ha quedado archivada.
En las últimas semanas una decena de integrantes de la directiva de este exclusivo club de golf de La Moraleja han declarado como imputados ante un juzgado de Alcobendas acusados de un delito societario. Según la querella, este Real Club de Golf fundado en 1976 cuyas acciones cuestan miles de euros había sacado adelante acuerdos tan relevantes como la construcción millonaria de una casa-club a través de diversas irregularidades. Votos de muertos, abusos de la firma en blanco, firmas falsificadas o “delegaciones fraudulentas”.
En sus declaraciones, los directivos han negado los hechos. Han reconocido el uso de votos delegados pero han defendido que todas las delegaciones eran “correctas”, perteneciendo a familiares y amigos del club. “Ningún socio les ha manifestado en ninguna ocasión que hayan hecho uso de una delegación falsa o indebida”, explica la jueza. Sí reconocieron tres casos de votos de personas fallecidas, pero en el marco de un acuerdo aprobado por más de un millar de socios.
El juzgado de Alcobendas que investigaba el caso ha decidido archivarlo. “De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, explica en su resolución. Recomienda a la socia que recurrió que acuda a “los mecanismos legales a su disposición que permite la impugnación de los acuerdos sociales”, pero no al derecho penal.
“No hay ni el más mínimo indicio de la concurrencia de un delito societario”, dice. Tampomco hay indicios de que esos acuerdos “hayan causado un perjuicio para la sociedad o para la querellante”. Y finalmente explica que “no pueden aceptarse en sede de este delito las meras presunciones que irían contra los denunciados”.
Fuentes del caso explican a este periódico que la acusación ya ha recurrido el archivo de las diligencias ante la Audiencia Provincial de Madrid. Un recurso en el que se alegan 20 nuevos casos de votos de personas fallecidas, aportando los documentos que demuestran que sí se delegó el voto en estas personas fallecidas, incluso las esquelas publicadas por la muerte de estas personas.
La segunda querella, también archivada
El mismo juzgado, en otro auto, ha archivado una segunda causa por amenazas e injurias iniciada a instancias de la misma socia, que en este caso denunciaba represalias y sanciones en el seno del Club de Golf de La Moraleja por haber desvelado estas irregularidades. Afirmaba que había sido amenazada con la apertura de un expediente disciplinario si no cesaba en sus peticiones de transparencia e información, y que finalmente ha sido expulsada un tiempo de las instalaciones, sanción ya recurrida.
En el mismo sentido, el juzgado explica que la vía debe ser la de recurrir la sanción, pero sin que exista ninguna actuación por parte del Club que pueda llevar al derecho penal. “Si la sanción impuesta es o no conforme a derecho excede de la competencia de este tribunal, al que solo le compete analizar si hay o no indicios de un delito. Y es evidente que no hay indicios de amenaza, ni hay indicios de injuria”, explica.