Defensa abona 2.500 euros por la muerte de 1.300 pollos causada por el vuelo de cazas
- Aviones militares sobre una granja de pollos
- Defensa aceptó pagar
- Culpas a medias y sin lucro cesante
- Albacete
- Reclamaron más de 50.000 euros
- Una expectativa de ganancia
La Audiencia Nacional ha confirmado la resolución de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la que aprobó pagar 2.583,65 euros a los dueños de una granja de pollos en concepto de responsabilidad patrimonial.
Los dueños de la explotación avícola que presentaron esa reclamación de responsabilidad patrimonial recurrieron ante la Audiencia Nacional, descontentos con la cantidad que el Ministerio de Defensa había aceptado pagarles. La sentencia desestima el recurso y avala la resolución de Defensa.
¿Por qué una granja presenta una reclamación para que el Ministerio de Defensa le indemnice? En su caso, los dueños alegaron que el vuelo de aviones de combate del Ejército del Aire había provocado la muerte masiva de los pollos que criaban.
Aviones militares sobre una granja de pollos
La sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional explica que el origen del caso es la reclamación de responsabilidad patrimonial que dos personas registraron en noviembre de 2018 ante el Ministerio de Defensa, en la que reclamaban que se les indemnizara por los daños causados en la explotación avícola de su propiedad, como consecuencia del vuelo de aviones del Ejército del Aire en unas fechas muy concretas: el 11 y 13 de noviembre de 2018.
En la sentencia no se concreta el lugar donde ocurrieron los hechos, pero se indica que la explotación avícola estaba ubicada en la zona conocida como LED-98.
De acuerdo con un documento de ENAIRE (gestor de la navegación aérea en España) sobre zonas prohibidas, restringidas, peligrosas y de protección de planes de vuelo, el área LED98 se encuentra en Albacete.
En esta provincia está la base aérea de Los Llanos, que acoge el Ala 14 del Ejército del Aire, con aviones de combate Eurofighter.
Defensa aceptó pagar
Los reclamantes solicitaron que el Ministerio de Defensa les resarciera el daño económico sufrido por los vuelos de los Eurofighter de la base de Los Llanos, ya que según denunciaron el paso de las aeronaves militares había causado la muerte de 1.300 pollos que criaban en su granja.
El ministerio tardó tres años en dar una respuesta a esta reclamación.
Finalmente en noviembre de 2021 la ministra, Margarita Robles, dictó una resolución por la que estimó parcialmente la reclamación de responsabilidad patrimonial.
Consideró que la actividad aérea del Ejército del Aire en esa zona sí había producido un daño efectivo a esa empresa, en los términos del artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En base a un informe emitido por el coronel director del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, confirmó que sí se había constatado una vinculación causal entre las muertes de las aves y el funcionamiento del servicio, en este caso de los vuelos de cazas del Ejército del Aire.
Culpas a medias y sin lucro cesante
Lo que no aceptó Defensa fue la cantidad económica que habían pedido los reclamantes. Entendió el ministerio que procedía “moderar la cuantía de la indemnización aplicando la teoría de la concurrencia de culpas, repartiendo por mitad los costes indemnizables”.
Argumentó que los dueños de la granja no podían desconocer que en el momento de los hechos su explotación se ubicaba en la zona conocida como LED-98, designada para el vuelo supersónico de aeronaves del Ejército del Aire.
Destacó Defensa que los propietarios habían reconocido que la granja llevaba en funcionamiento desde 2016, por lo que “la conducta mínima exigible a cualquier titular de una explotación avícola es estudiar su ubicación antes de ponerla en funcionamiento e incluso los reclamantes reconocen en su escrito inicial que no había sido buena idea situar la granja en una zona de maniobras militares”.
Ellos habían planteado que debían ser indemnizados por el lucro cesante causado, es decir, los beneficios económicos que habían dejado de percibir por la muerte de las aves.
El ministerio rechazó el pago de lo reclamado en concepto de lucro cesante, porque “se trataba de meras expectativas de futuro y no de un daño efectivamente acreditado”.
Analizó un informe aportado por los reclamantes, el del Centro Militar de Veterinaria de la Defensa y un dictamen del Consejo de Estado, y concluyó que debía pagar la mitad del coste de las aves perdidas, muertas en noviembre de 2018, (esto es, 2.402,15 euros) y la mitad del coste del informe pericial encargado por los dueños de la granja (181,50 euros).
Es decir, que Defensa aceptó pagarles 2.583 euros como indemnización por la responsabilidad patrimonial de la administración.
Albacete
Medios de comunicación como la Agencia EFE y El Digital de Albacete se hicieron eco en 2018 y 2020 de las quejas del dueño de una granja de gallinas camperas del municipio de Villapalacios, situada 100 kilómetros al suroeste de la base aérea de Los Llanos.
Denunció en varias ocasiones este ganadero que cuando los aviones militares rompían la barrera del sonido en sus vuelos por la zona, las gallinas se sobresaltaban, se hacinaban y se subían unas sobre otras, y muchas morían aplastadas.
Añadió también que el estruendo provocaba también que los huevos no eclosionaran.
Existen estudios sobre el daño que los ruidos de la aviación causan en el desarrollo normal de las aves.
Reclamaron más de 50.000 euros
Al reclamar ante el Ministerio de Defensa, y más tarde al recurrir ante la Audiencia Nacional, los dueños de la explotación avícola esgrimieron un informe técnico-pericial y pericial, firmado por un ingeniero agrónomo, sobre las características de la granja, las bajas sufridas y los ingresos para la comercialización de la producción.
Con ese informe, sostuvieron que el departamento de Margarita Robles debía pagarles un total de 50.355,30 euros: 49.993,32 euros por daños y perjuicios, y 363 euros por lo que se habían gastado en encargar ese informe técnico-pericial.
Ese documento detallaba el cálculo del lucro cesante sufrido por los responsables de la granja, en función de los datos económicos asociados a los ingresos por comercialización de la producción (huevos) referidos al cuarto trimestre de 2017 y al segundo y tercer trimestres de 2018, con base en la facturación emitida por el ganadero.
La conclusión del informe era que “al mes, cada gallina produce huevos que se venden y se traducen en un total de 3,16 €/ave” sin IVA, lo que proyectado a las “1.300 bajas de pollitos de 2 semanas de edad fallecidos el día 11/11/2018 y 13/11/2018”, aves “que hubieran entrado en producción con 17-18 semanas de vida (4 meses)”, y que “estarían produciendo durante 11 meses”, daba un resultado de 45.188 euros.
Una expectativa de ganancia
Los magistrados de la Audiencia Nacional no coincidieron con los argumentos de los criadores de pollos que habían visto cómo los sobrevuelos de cazas del Ejército del Aire provocaban la muerte de más de un millar de animales.
En la sentencia recogieron que los cálculos esgrimidos por los dueños de la granja eran “una mera expectativa de ganancia”, y no “un verdadero daño en los términos jurídicos correspondientes.
“Como acertadamente se expone por la Administración en su escrito de conclusiones, cabe advertir que el perito informante se basa en unos datos de facturación suministrados por el propio interesado, sin auditación [sic] alguna, que solo reflejan, al parecer, ingresos y no consideran los gastos en que se incurre para su obtención”, advirtieron.
También consideraron que “se da por supuesto que los 1.300 pollitos de solo dos semanas de edad van a producir huevos en condiciones de normalidad tanto en lo referido a alcanzar la edad propicia para producir como en el periodo temporal de producción, lo que no deja ser una expectativa o previsión de futuro”.
Por esos y otros motivos, la Audiencia Nacional concluyó que los responsables de la granja de pollos no rebatieron satisfactoriamente la argumentación jurídica de la resolución dictada por la ministra de Defensa “en el sentido [de] que la metodología empleada en el informe técnico del que se ha hecho valer no refleja la existencia de un lucro cesante en cuanto tal, sino solamente expectativas de ganancia basadas en cálculos inidóneos a los efectos pretendidos”.
Así que desestimó el recurso y confirmó la decisión de indemnizar a los reclamantes con 2.583 euros, y no los 50.000 que ellos pretendían.