Los jueces alertan de un «ataque preventivo» ante la aplicación de la amnistía
En el Tribunal Supremo dicen no sentirse presionados por la carta de Pedro Sánchez, pero resaltan que no se critica a Peinado, sino «a la Justicia»
Las críticas desde el Gobierno al juez Juan Carlos Peinado, primero por su decisión de admitir a trámite la denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y, después, por citarla a declarar como investigada hace solo unos días, en la recta final hacia las elecciones europeas del domingo, han puesto en guardia a la judicatura. Con las decisiones judiciales sobre la amnistía a la vuelta de la esquina –a la espera de que se publique la polémica ley en el BOE para su entrada en vigor–, las fuentes judiciales consultadas ven en la carta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez –en la que reprocha a Peinado que interfiera en la campaña electoral y vuelve a tacha de «bulo» los hechos que se atribuyen a su esposa– un paso más en lo que consideran una ofensiva contra el Poder Judicial a lomos de las acusaciones de «lawfare», la supuesta utilización espuria de la Justicia con fines políticos. Desde esa perspectiva, ven en esa misiva y en las críticas del Ejecutivo «ataques preventivos o anticipatorios ante lo que está por venir» con la aplicación de la ley de amnistía a las diferentes causas vinculadas al desafío soberanista en Cataluña.
Se trata, afirman fuentes del Tribunal Supremo, de un ataque «a la Justicia, no a Peinado» y recalcan que cuando se habla de «lawfare», más allá de a quién se sitúe en el disparadero de las críticas, «somos todos».
Eso sí, aseguran que no sienten «ninguna presión condicionante» a raíz de ese cuestionamiento de su labor –bendecido por el PSOE en su acuerdo de investidura con Junts con el «lawfare» como ariete–. Al contrario, recalcan, «te refuerza». No obstante, subrayan, no pueden evitar tener la sensación de que «si haces lo que tienes que hacer, te van a crucificar». «Pero presión, ninguna», reiteran.
«Estamos en la misma situación desde hace meses», señalan también fuentes del alto tribunal. «Cualquier decisión judicial que no comparten la identifican con ‘‘lawfare’’ y con un complot contra el Gobierno», explican. Porque el planteamiento de quienes arremeten contra los jueces, defienden, «es que el Poder Judicial entra en campaña». Por tanto, aventuran, «a medida que la Ley de Amnistía se vaya aplicando o no entenderán lo mismo: que los jueces están cortocircuitando la vida política».
Y sobre las presiones, precisan, «depende de cada juez». «En el Tribunal Supremo no nos sentimos presionados», sostienen al mismo tiempo que recuerdan que «cuando se dictan resoluciones que les son favorables no dicen nada».
Sí ven una escalada tanto en el tono de las críticas como en el origen de las mismas y muestran su sorpresa por el hecho de que «se van pasando los argumentos», en referencia a que las acusaciones de «lawfare» del independentismo hayan sido asumidas después primero por Podemos, antiguo socio de Gobierno, y después por el propio PSOE y el jefe del Ejecutivo a cuenta de la investigación a su esposa por su aval por carta al empresario Carlos Barrabés por adjudicaciones públicas que suman más de diez millones de euros.
Dos asociaciones judiciales –la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente– ya salieron al paso de esa segunda carta del presidente del Gobierno, después de la que hizo pública el pasado 24 de abril amagando con dimitir después de que el juez Peinado admitiese a trámite la denuncia contra Begoña Gómez.
Para el magistrado Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, no se trata de algo puntual», pues en su opinión «estamos viviendo un proceso de deslegitimación del Poder Judicial» que califica de «peligrosísimo». Aunque, en su opinión, no cree que Sánchez estuviese lanzando un mensaje a los jueces que tienen que aplicar la Ley de Amnistía en las próximas semanas.
Oliva sí lamenta que «partidos que creía que eran de Estado asuman cada vez más tesis populistas». Una deriva que, señala, tiene consecuencias preocupantes para el Poder Judicial. «Incluso los que vitorean ahora al presidente no son conscientes de lo que sería un Estado de derecho sin un Poder Judicial independiente», reflexiona el magistrado.
Pero en relación con la aplicación de la Ley de Amnistía, el portavoz de la AJFV aventura que el Gobierno «no va a reaccionar igual» y, al margen de cuál sea la decisión de los jueces y tribunales respecto a su aplicación a los casos concretos», el Ejecutivo «dirá que respeta las decisiones judiciales. No creo que vayan a asumir las tesis independentistas».
Por su parte, Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente –la otra asociación judicial que respaldó el comunicado tras la nueva carta de Pedro Sánchez– afirma a LA RAZÓN que no cree que la reacción del jefe del Ejecutivo «sea un mensaje velado a los jueces que tienen que aplicar la amnistía», aunque sí la incardina «en ese mensaje de desconfianza generalizado contra el Poder Judicial». Por que en su opinión, esos avisos «llevan produciéndose desde hace ya bastante tiempo». «Más bien lo que hay es un generalizado ataque al poder judicial, un desprestigio constante a la función que hacemos los jueces», afirma.
Portillo hace hincapié en que las resoluciones judiciales «pueden y deben criticarse en una sociedad democrática», pero no mediante «un ataque personal al juez que las ha realizado o como justificación para atacar a toda la carrera judicial, que es lo que está pasando».
Y es que para el magistrado la carta supone «subir un peldaño más en esa escalada de desagravios y deslegitimación del Poder Judicial» que no tiene en cuenta –lamenta– que la confianza de los ciudadanos en la Justicia «es esencial para mantener el Estado democrático y de derecho que ahora tenemos».
Esas «descalificaciones generalizadas a los jueces y al Poder Judicial presentándolo como no legítimo ni democrático, o como un poder fallido», lamenta, no solo menoscaban la confianza de los ciudadanos en la Justicia sino que, además, contribuyen a «disminuir la eficacia de nuestro trabajo y a dificultar que nuestras resoluciones tengan cumplimiento efectivo y podamos incluso adoptarlas en un clima de normalidad democrática». Afectando por tanto «de manera negativa», recalca, «a la salud democrática del país».