El caso Infraestructuras aterriza en el Tribunal de Cuentas por contratos menores del Ayuntamiento de Córdoba

El caso Infraestructuras salta al Tribunal de Cuentas . El citado órgano ha citado a declarar el próximo 26 de junio en Madrid al exteniente de Alcalde de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, al exjefe de la Unidad de Infraestructuras del Consistorio, y al exconcejal del área David Dorado (bajo las siglas entonces de Ciudadanos) a causa de la denuncia interpuesta por el portavoz socialista en el Consistorio, Antonio Hurtado , por posibles irregularidades contables en contratos municipales . Estas actuaciones corresponden a las diligencias preliminares abiertas por el Tribunal de Cuentas después de que la Fiscalía del ente fiscalizador admitiera a principios del pasado año dar traslado del inicio de la tramitación de diligencias «pre-procesales» respecto a las posibles irregularidades contables del Caso Infraestructuras . En concreto, en estas actuaciones previas se investiga la denuncia de Hurtado en la que puso de manifiesto una serie de irregularidades en relación con cuatro contratos menores adjudicados por el Ayuntamiento de Córdoba de las que podría derivarse un «perjuicio en los fondos públicos derivados de dos escritos del Ministerio Fiscal». Noticia Relacionada Ayuntamiento estandar No El PSOE envía a la Fiscalía el contrato de 8.000 test de Sadeco por supuesta irregularidad ABC Córdoba Antonio Hurtado afirma que la empresa municipal había comprado a precio excesivo el material: 40 euros por test, «cuatro veces más de la media» descrita en un informe del Tribunal de Cuentas La Fiscalía del Tribunal de Cuentas señaló que «las diferencias entre el importe total certificado y efectivamente abonado a las empresas adjudicatarias y la valoración pericial de lo ejecutado conforme a proyecto, presentan caracteres indiciarios de alcance, pues, de ser confirmados por una posterior investigación, se habría producido una salida indebida de fondos públicos , lo que obliga a su investigación», rezaba en el contenido del informe fiscal. Entre estas órdenes de pago sometidas a fiscalización se encuentra la firmada el 10 de marzo de 2021 por el entonces responsable del Área de Hacienda, quien ordenó el pago de 48.330 euros a una constructora o también a una empresa de montajes eléctricos en ese mismo período. Apertura de diligencias La Fiscalía acordó «incoar diligencias preprocesales» y poner los hechos denunciados en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, a fin de que se nombrara delegado instructor. En el mismo informe, la Fiscalía también apuntaba a que «el fraccionamiento de los contratos no corresponde enjuiciarlo a la jurisdicción contable, estando los hechos descritos en el Informe Provisional de la Intervención , dirimiéndose actualmente en vía judicial penal». Por tanto, desestimaba su investigación, que en alguna de las ramificaciones se ha archivado. «En cuanto a las prácticas irregulares que se puedan haber producido en otros expedientes -prosigue la Fiscalía-, la denuncia no proporciona ningún indicio de la existencia de alcance o malversación que determine la procedencia del ejercicio de la acción de responsabilidad contable», por lo que también desestimó en su escrito inicial seguir su curso.