El Gobierno ha recibido con mucha cautela pública las primeras actuaciones judiciales después de publicarse este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley de Amnistía. En particular las del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, quien ha decidido mantener la orden de detención contra el expresidente catalán prófugo Carles Puigdemont , y dar cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los hechos por los que están procesados también los prófugos Antoni Comín, Lluis Puig y Marta Rovira, así como sobre la pertinencia de mantener o modificar las medidas cautelares acordadas contra ellos. «La ley es muy clara», ha repetido en varias ocasiones la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa semanal posterior a la reunión del Consejo de Ministros, sin querer ir más allá. Sin embargo, fuentes del Gobierno trasladan que los jueces deberían «tener en cuenta la voluntad del legislador», a la hora de elaborar la norma que concede el olvido legal a los encausados por el 'procés'. Y todo ello ante una ley que, vuelven a reiterar, ha dado ya «resultados» antes incluso de su definitiva entrada en vigor, pues el convencimiento del Gabinete es que la norma ha abierto una nueva etapa de «convivencia» y «concordia» en Cataluña. Por otra parte, también el Tribunal de Cuentas ha preguntado ya a la Fiscalía, a Societat Civil Catalana (SCC) y a las defensas de los más de treinta encausados por desviar fondos para el referéndum ilegal del 1-O si presenta o no una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Todos ellos tendrán hasta diez días para pronunciarse. Noticia Relacionada estandar No Vox presiona al Rey para que responda a la ley de amnistía tras pedir Alvise Pérez que no la firme Pilar De la Cuesta Abascal avisa de que las instituciones deben hacer «un esfuerzo» en defensa de España: «Si no lo hacen, acabarán deslegitimadas por completo» La misma cautela muestra el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre si las cuestiones prejudiciales y, sobre todo, el futuro inmediato de Puigdemont, afectarán o no al futuro de la gobernabilidad en Cataluña. Todo ello después de que este lunes el dirigiente de Junts Josep Rull fuese elegido presidente de la Mesa del Parlament con el apoyo de ERC y la Cup, en la segunda vuelta de la votación. Un hecho ante el que los socialistas muestran calma, pues consideran que no prejuzga una futura investidura de un presidente de la Generalitat independentista. «Todos los caminos conducen a Illa», ha señalado de manera muy gráfica Alegría durante su intervención.