Ochocientos docentes podrían dejarse de contratar el próximo curso para reforzar los colegios e institutos de la provincia de Alicante. Es la cifra que ha extraído UGT del nuevo acuerdo de plantillas que la Conselleria de Educación abordará este jueves con los sindicatos tras anular las 5.000 contrataciones que dejó cerradas el Botànic en funciones por «carecer de un marco de seguridad jurídica para el profesorado». Por esta supresión, el Consejo Sindical Obrero (CSO) ha denunciado a la Administración autonómica al entender que fue una clara represalia contra la enseñanza pública por la huelga del 23 de mayo.
