Los cuatro fiscales del 'procés' han entregado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el informe que recoge su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, al expresidente catalán Carles Puigdemont al entender que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE). Y aseguran que si el jefe del Ministerio Público está a favor de aplicar la amnistía deberá plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo. Estas son las frases más contundentes que los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno han plasmado en el documento dirigido a García Ortiz. 1. «Quedan excluidos los actos constitutivos de malversación» «Quedan excluidos de la aplicación de la ley los actos constitutivos de delito de malversación siempre que haya existido propósito de enriquecimiento personal o beneficio patrimonial », instan los fiscales, quienes sostienen que en este caso «ese beneficio patrimonial existió». 2. «Resulta indudable que los procesados sustrajeron caudales públicos» La ley excluye de su aplicación –según se explica en el documento– los actos de malversación que implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial y « resulta indudable » que los procesados Puigdemont, Comyn, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa sustrajeron por sí mismos caudales públicos. «La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores », señalan los fiscales, «pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto que les produjo un indudable beneficio patrimonial», algo que hicieron con el «erario público de todos los españoles». 3. «No es aplicable a Puigdemont, Comyn, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa» El escrito recalca que la Ley de Amnistía no puede aplicarse a Puigdemont, Comyn, Puig, Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, debido al delito de malversación de fondos públicos del que se les acusa. En cambio, Marta Rovira y Clara Ponsatí sí pueden acogerse a esta norma , ya que «su procesamiento lo ha sido exclusivamente por el delito de desobediencia». 4. «Fueron ellos quienes se apropiaron de fondos públicos» «Los funcionarios públicos constituidos en autoridad se apropiaron de fondos públicos con ánimo de lucro propio , no de terceros», insiste el texto. Esto implica un enriquecimiento personal al poder disponer de este dinero público para «fines ilícitos». 5. Esta ley «afecta directamente a los intereses de la UE» «La malversación de fondos públicos para financiar un proceso secesionista dentro de un Estado que forma parte de la Unión Europea, con el consiguiente riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto, repercute negativamente en los propios intereses financieros de la Unión », menciona el escrito, en referencia a la legislación penal vigente europea representada por la Directiva 2017/1371 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE.
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