Policía interviene más personas con barras de oro que con droga: dictamen de Congreso agrava situación
Como se recuerda, hace unos días se conoció que el excongresista Tomás Inzano Sierra Alta encabeza una organización criminal que intentó trasladar 4 lingotes de oro a los Emiratos Árabes.
En el Perú, de todo lo que exporta en oro, casi la mitad es de procedencia ilegal. Según el Instituto Peruano de Economía, nuestro país lidera la exportación de oro ilegal con un 44%, mientas que Colombia con un 25% y Bolivia con el 12%. Una cifra que es de preocupación.
Un reportaje de "Cuarto poder" revela que en las carreteras del país, y en los mismos corredores mineros, se moviliza el oro de manera ilegal. La Policía de Carreteras cada vez interviene más personas con barras de oro que con droga.
El precio internacional del oro ha alcanzado un récord histórico y esto ha llevado a que los mineros ilegales arriesguen al máximo su negocio para trasladar el mineral ilegal desde los puntos de extracción hasta las ciudades. Van en caravanas, en camionetas con destino, en algunos casos, al aeropuerto.
Hoy, el oro legal que sale de las mineras peruanas es trasladado en estos pesados y blindados vehículos de caudales. Una especie de tanque capaz de trasladar dinero en efectivo y varios kilos de lingotes de oro.
Dictamen del Congreso permite que cualquier empresa pueda trasladar oro por las carreteras del país
En el Perú, hay 2 empresas que cumplen con los requisitos de ley para realizar estos trabajos peligrosos: Hermes y Prosegur. Para que ellos trabajen, el Gobierno les pide que tengan como capital mínimo 15 millones 620.100 soles; es decir, un poco más de 4 millones de dólares.
Sin embargo, un dictamen recientemente aprobado por el Congreso, propuesto dentro de las facultades legislativas del Ejecutivo, ordena que desde ahora en adelante se autorice la reducción del capital mínimo para que, literalmente, cualquier empresa pueda trasladar oro por las carreteras del país.
“Lo que estamos observando es la consolidación de un modelo de negocio basado en lo informal. Blindar la cadena de producción. Tienen que ser empresas que gocen de credibilidad, marco de legalidad, si este prestigio empresarial no se cumple, se abre la puerta para que empresas ilegales sean parte de economías ilegales en su conjunto”, dijo Julio Corcuera, gerente de Asociación de Seguridad Privada.
La supuesta intención del dictamen es reducir el capital mínimo que se exige para que otras empresas puedan entrar a competir al mercado de caudales; sin embargo, hay un riesgo muy grande que se corre en una región donde el 44% de oro ilegal que se exporta desde Sudamérica proviene del Perú.
Víctor Fuentes, del Instituto Peruano de Economía, manifestó que toda la producción de oro ilegal del Perú supera toda la producción de toda América Latina en lo que respecta a oro.
“Tenemos un Congreso que, a la luz de los hechos, las decisiones que toman están destinadas a generar facilidades para actividades ilegales e informales, en desmedro de lo formal de actividades”, indicó Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno PUCP.
“Lo que está generando es que la actividad ilegal de oro ahora no pueda ser fiscalizada en el transporte hasta el extranjero como actores por la Policía, cuando sabemos que la mitad del oro no es por la actividad formal”, Flavio Ausejo, docente de la Escuela de Gobierno PUCP.
La minería ilegal ha destrozado la selva peruana, principalmente en las regiones de Loreto, Madre de Dios, Puno y Ucayali. Por carretera, los vehículos pasan en caravanas para trasladar el oro. Esta economía ilegal moviliza a criminales dispuestos a colaborar con la producción y transporte de oro.
Con la reducción del capital mínimo, los especialistas advierten que estas mafias podrían crear empresas fachadas para trasladar el oro ilegal y que no sean detectados por la Policía. Cada vehículo de caudal puede costar 150.000 dólares. La reducción del capital mínimo llevaría a que la inversión en bóvedas, vehículos de seguridad y seguros por robos se reduzca.
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Todo intento de formalización de la minería ha fracasado en el Perú. El 2002 se definió la categoría de mineros artesanales, 7 años después se implementó el registro obligatorio de mineros informales, pero todo quedó en papeles.
El 2016 se creó el Registro Integral de Formalización Minera, el famoso Reinfo, con el fin de poner una fecha límite de inscripción; pero desde el 2019 el Congreso se ha encargado de postergar, año tras año, esa fecha límite: lo que deja abierta la posibilidad de convertir el oro extraído de manera ilegal en un lingote legal.
Hoy, el oro va con destino, principalmente, a India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos, por lo que es clave asegurar que la cadena de extracción, producción y transporte sea completamente legal.