Contraloría señala vicios en proyecto de mancomunidades municipales

De acuerdo con la Contraloría, el proyecto de mancomunidades municipales incluiría posibles inconstitucionalidades, evasión a controles de contratación, debilitamiento de concejos municipales y crecimiento exponencial de empleos públicos.

La Contraloría General de la República (CGR) señaló posibles vicios de inconstitucionalidad y evasión de controles en el proyecto de ley 24.080, que propone crear un marco jurídico para el desarrollo de las mancomunidades municipales, una figura asociativa que se contempla en el Código Municipal.

El proyecto define las mancomunidades como un ente jurídico asociativo que surge del acuerdo de dos o más municipios, sean estos colindantes o no. El objetivo de estos acuerdos es que los ayuntamientos puedan desarrollar conjuntamente planes, normativas, prestación de servicios, ejecución de proyectos e, incluso, el cobro de tasas y aportaciones. En Costa Rica ya existen mancomunidades municipales, como lo son las federaciones y confederaciones.

Sin embargo, el ente contralor alertó que la iniciativa incluye nuevas potestades en contraposición al artículo 169 de la Constitución Política, el cual establece que la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón debe estar a cargo del gobierno municipal respectivo.

Para la CGR, la propuesta implicaría una posible violación a la Carta Magna, ya que otorga amplias potestades a una figura “supramunicipal”, lo cual “desborda el diseño constitucional”. Las federaciones y confederaciones deben ayudar a los ayuntamientos en sus tareas, pero no pueden sustituirlos ni quitarles competencias.

El proyecto faculta a las mancomunidades para el cobro de tasas y aportaciones, pero no se indica la forma en que los recursos ingresarían a las municipalidades, ni su forma de gestión, control y fijación. En síntesis, se dejan aspectos relevantes sin legislar.

“Se plantea una transferencia de competencias propias de las municipalidades a un tercero, definido como un ente de naturaleza pública con personalidad y capacidad jurídica propias. Véase la considerable cantidad de competencias y potestades que se estarían trasladando a estos entes públicos mancomunados, incluidas, por ejemplo, la definición de tarifas, contratar préstamos con entidades financieras nacionales o extranjeras, emitir bonos de deuda, transferir la gestión de residuos sólidos, acueductos municipales, parques, alcantarillado y temas de urbanismo, entre otros”, explicó la CGR.

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El ente contralor también señaló que el proyecto relevaría a los ayuntamientos de sus responsabilidades, ya que faculta a las mancomunidades incluso para la atención de emergencias, gestión de riesgos y atención del impacto de fenómenos naturales. Esto limitaría a las municipalidades a que únicamente aporten dinero, sin que ejercer ningún control.

Proyecto debilita rol de concejos municipales

Para la Contraloría General de la República, el expediente 24.080 también debilitaría el rol de los concejos municipales dentro de los ayuntamientos, pese a que este órgano se encuentra en igualdad de condiciones con la alcaldía dentro de la estructura jerárquica municipal.

La iniciativa establecería que los únicos con poder de decisión en las mancomunidades son la alcaldía y la presidencia del Concejo Municipal; esto deja de lado la representatividad de los demás regidores. El alcalde y el presidente municipal de turno asumirían la totalidad del ejercicio de funciones, y crearían un sesgo en la representación de la decisión popular.

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Creación exponencial de entes en el sector municipal

Además, el ente contralor advirtió de que el proyecto implicaría una posible creación exponencial de entes en el sector municipal, lo que propiciaría un incremento en el gasto, especialmente al considerar que estos entes pueden ser de carácter permanente.

Según la CGR, esto significaría un riesgo de caer en administraciones paralelas, duplicidades o traslape de funciones, así como un aumento de gastos administrativos.

Tendría que realizarse una gran inversión de fondos públicos para proveer a las mancomunidades municipales de infraestructura, mobiliario, equipamiento y recurso humano, incluyendo una gerencia y una junta directiva.

A todo lo anterior se suma que la iniciativa menciona figuras de “hermanamientos de ciudades” y “mancomunidades distritales”; sin embargo, este tipo de uniones no están previstas dentro del Código Municipal ni dentro del propio proyecto.

Por ese motivo, indicó la Contraloría, no se pueden incluir esas figuras con una sola mención y sin mayor consideración normativa, dejando vacíos que podrían provocar ilegalidades a futuro.

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Posible evasión de controles de contratación

La iniciativa legal también podría crear un portillo para la evasión de controles de contratación, según explicó la CGR. Esto se daría mediante una modificación de la Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta.

Esta reforma habilitaría a que las mancomunidades creen Sociedades Públicas de Economía Mixta (SPEM), que son empresas públicas con aporte de un socio privado.

Para la CGR, esto es problemático. La entidad podría estar conformada con privados interesados en el lucro y la distribución de beneficios entre accionistas, mientras que no se establece un posible retorno de beneficios para las municipalidades.

“No resulta viable conformar una federación o confederación, aportar una cuota para pertenecer a esa asociación persiguiendo el objetivo de atender un problema que afecta a varias municipalidades, para que estas, a su vez. busquen un socio privado que les solucione el problema por el cual se asociaron. Bajo esa lógica, se observan posibles riesgos de evadir los controles establecidos en la Ley General de Contratación Pública e, incluso, la oportunidad de aplicar excepciones de manera irregular que permitirían materializar triangulaciones que podrían resultar onerosas e ilegales”, explicó la Contraloría.

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El ente contralor recalcó que las mancomunidades son figuras asociativas para potenciar la solución de problemas, pero no puede verse como una oportunidad para huir de los controles que impone el Derecho Público, ya que los recursos públicos están sujetos a fiscalización y a los principios de transparencia y probidad.

La propuesta de ley fue firmada por los diputados Antonio Ortega, Sofía Guillén, Ariel Robles, Priscilla Vindas, Jonathan Acuña y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA); Rosaura Méndez, Paulina Ramírez y Pedro Rojas, de Liberación Nacional (PLN); Horacio Alvarado y Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Diego Vargas y Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLP); y la independiente María Marta Padilla.

Actualmente, se encuentra en trámite en la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales.