Salirse del canasto en la UCR
En poco más de diez años de pertenecer a un cuerpo colegiado de la Universidad de Costa Rica (UCR), nunca antes me habían señalado y dicho en la cara: “Usted es una persona mala, la más mala”.
Esto ocurrió en un pasillo y, por tanto, en privado, al término de una asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Lo normal y racional sería que los debates acalorados ocurrieran durante las reuniones públicas, para asumir con responsabilidad el peso de nuestras palabras y decisiones, y para que estas queden documentadas.
El enfrentamiento fue propiciado por una colega, y fue sin duda una excepción en un cuerpo colegiado donde ha sido práctica común el respeto por la diferencia de opiniones, al menos en la historia reciente.
Aparte de la mezcla de sentimientos que surgió en mí, entre la tristeza y el enojo, al escuchar semejante calificativo proveniente de una profesora universitaria a quien aprecio y sigo apreciando, esta es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de salirse del canasto en el mundo académico.
Todas las escuelas de la UCR tienen la última palabra para nombrar profesores en propiedad, para ampliar la jornada de los existentes o para abrir la puerta a personas con experiencia que deseen dedicarse a la docencia en la U, en el caso de los concursos externos.
Los aspirantes primero son evaluados por las comisiones técnicas; sin embargo, quienes formamos parte de ellas solemos ser los mismos que nos conocemos, nos respetamos y tenemos un vínculo profesional. Es decir, suele ser el mismo círculo de personas conocidas con quienes compartimos aulas y pasillos.
Es en la Asamblea donde se toma la decisión final, aunque vale aclarar que esta no siempre es afirmativa. Muchas personas en la UCR comparten la posición de que, en la Costa Rica de ingreso medio y con una quinta parte de su población viviendo en la pobreza, los salarios docentes deben ser dignos y reconocer las trayectorias en docencia, investigación y acción social, aunque nunca deben igualarse a los de las universidades del primer mundo.
Aunque sean casos excepcionales, todos los salarios deberían estar por debajo de los ¢5 millones y resto del presidente de la República.
En asuntos salariales, en la academia, ya sean puestos en propiedad o interinos, se habla discretamente poco y algunas personas se alteran o sonrojan cuando se menciona en público, olvidando quizás que se trata de fondos públicos.
Antes de que la administración del presidente Carlos Alvarado pusiera exitosamente topes salariales en el Estado para nuevas contrataciones, personalmente, yo ya tenía varios años votando negativamente todas las propuestas de incorporación o ampliación de la jornada de mis colegas.
Era mi posición, si se quiere, un grito en el desierto poco poblado para que como universidad resolviéramos, en casa, semejante inequidad. En las asambleas de escuelas, algunos colegas se incomodaban cuando pedía explícitamente que mi posición quedara registrada en el acta.
Pienso que interpretaban un afán de protagonismo de mi parte, cuando mi mensaje realmente era para aquellos que sí tenían la autoridad de tomar esas decisiones en aquellos tiempos de crisis fiscal y pandemia.
Sin duda, las últimas tres administraciones de la Universidad fueron limitando gradualmente ese crecimiento exponencial de los salarios docentes, pero hasta la entrada en vigor de la ley de empleo público el asunto adquirió un carácter de urgencia, aunque aún hoy se sigue debatiendo internamente, pero ahora con el requisito de respetar la legislación.
Entonces, por respeto a mis colegas, solía llamarlos y explicarles que votaría en contra de sus válidas aspiraciones. Era un proceso personalmente desgastante, pero lo asumí como un compromiso con el dinero de la ciudadanía, el cual sin duda debería continuar llegando a las arcas universitarias para otorgar más becas al estudiantado, realizar más investigaciones y apoyar las sedes universitarias de las costas, por mencionar solo tres actividades de las que uno se enorgullece al formar parte de esta universidad pública.
En la última votación de la Asamblea de la Escuela, ya con la ley de empleo público en vigencia, apoyé afirmativamente a la colega postulante; sin embargo, la otra colega que me acusó de “mala persona” afirmaba en voz alta que el único voto negativo fue el mío. ¡Sorpresa! Alguien más se había salido del canasto, y en este caso no era yo.
El autor es profesor en la Universidad de Costa Rica (UCR).