Un tercio de la población de Castilla y León requiere de alguna ayuda de emergencia social

«Ni» en una posición de cabeza «ni de las peores» entre las comunidades. Así se sitúa Castilla y León entre las comunidades autónomas en los datos de pobreza y exclusión social. Con una «preocupante» orientación «estable» en la evolución a lo largo del tiempo , según lamentó ayer el presidente autonómico de la Red Europea de Lucha contra esta lacra (EAPN), Óscar Castro , en el 20 aniversario de un tejido que comenzó formado por diez asociaciones y ya suma 24. «Nos dice que hay que seguir trabajando y apostando por la colaboración conjunta», subrayó Castro, con los últimos datos adelantados de la Tasa Arope -que mide el riesgo de pobreza y exclusión social- que reflejan una «ligera subida» del 22,1 al 22,4 por ciento y que lleva consigo «arrastrado» que la privación material severa haya pasado de afectar al cinco por ciento de la población al seis. La inflación disparada y el consiguiente aumento de los precios de los productos de consumo y vivienda están detrás de este incremento, señaló Castro, quien abogó por seguir «fortaleciendo» esa red a través del «trabajo codo con codo» y «con lealtad y respecto». «Hay que seguir trabajando» y hacerlo «de manera coordinada, conjunta» y «de la mano de las entidades que mejor conocen» estas situaciones, apostó también la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. En este sentido, destacó la Red de Protección a las Familias Vulnerables, impulsada en 2018 por la Junta de Castilla y León, en la que también están las diputaciones, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y entidades del Tercer Sector. La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social también forma parte de este entramado autonómico desde el que se otorgan ayudas de emergencia social. Noticia Relacionada estandar No El 60% de los jóvenes con dificultades económicas tiene problemas de salud mental: «O comes o pagas el psicólogo» José A. González Acudir a terapia privada dos veces al mes les supone destinar el 15% del salario y casi el 40% no puede costearlo Anualmente, más de 250.000 familias de la Comunidad requieren de estos apoyos, unas 800.000 personas. Supone que un tercio de los en torno a 2,4 millones de habitantes de la Comunidad requiere a lo largo del año en algún momento -más o menos largo en el tiempo- de estas ayudas que abarcan desde el pago del alquiler (9.700 atendidos en 2023), abonar la cuota de la hipoteca (1.007) o cubrir necesidades de subsistencia como alimentación, cuidados o alojamiento temporal (17.448). También incluye el conocido como 'Bono Social Térmico' para hacer frente a los costes de calefacción, agua caliente o cocina, y que suma la cifra más voluminosa y en aumento: 95.000 beneficiarios el pasado ejercicio por los 88.000 del año anterior. El presupuesto total para atender esta red, detalló la consejera, rebasa los 200 millones de euros. «Es muy importantes que la sociedad sea consciente» de que «no es un problema» de las personas afectadas, sino que se trata de un «problema social», subrayó Castro entre los retos de la Red EAPN, así como «visibilizar» el trabajo de estas entidades y «seguir poniendo a las personas en el centro de todas las políticas». En este sentido, también el presidente del CES (Consejo Económico y Social), Enrique Cabero, apuntó como el «principal problema del estado social y democrático de derecho».