Editorial: La torcida ruta electoral venezolana

A cinco semanas de los comicios, el régimen ha arreciado en controles y represión contra los opositores.

Mientras más se acerca la fecha de las elecciones en Venezuela, fijadas para el 28 de julio, más arrecian los obstáculos y las maniobras represivas del régimen para evitar lo que, en una competencia libre, se presenta como inevitable: el triunfo de Edmundo González Urrutia, principal candidato presidencial opositor.

Lo sucedido este jueves fue particularmente revelador, tanto de la arbitrariedad como de la desesperación del régimen de Nicolás Maduro, aspirante a la reelección, ante su débil posición en la carrera electoral.

Ese día, sin explicaciones previas y mediante una publicación en la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el oficialismo, diez alcaldes se enteraron de que habían sido inhabilitados para ejercer cargos públicos por los siguientes 15 años. Pocos días antes, habían dado su respaldo a González Urrutia. La medida ni siquiera fue maquillada como una decisión judicial; la tomó la Contraloría General de la República como un acto administrativo.

Pocas semanas atrás, fueron decretadas prohibiciones similares a un dirigente nacional del partido Primero Justicia, un diputado de la misma agrupación, un alcalde y dos exalcaldes, todos adversarios del régimen. Pero la inhabilitación de mayores consecuencias ha sido la de María Corina Machado, la política más popular de Venezuela, seleccionada en octubre pasado como candidata presidencial de unidad opositora, en una consulta popular que contó con más de dos millones de votantes. Fue a raíz de esta espuria decisión que se optó por la candidatura de González Urrutia, bajo la sombrilla de la Mesa de la Unidad Democrática, a quien Machado acompaña en una intensa campaña.

También el jueves, Tarek Saab, fiscal general del régimen, confirmó que cinco activistas de la oposición habían “sido imputados y privados de libertad” por “incitación al odio”. Esta es una difusa figura penal, adoptada en noviembre del 2017, en una ley aprobada por la Asamblea Constituyente (dominada por el partido oficial), pese a no tener facultades legislativas.

El inexistente delito de los detenidos fue haber participado en una manifestación frente a un puesto de control militar en la población de Maiquetía, cercana a Caracas. Sin evidencia que aportar, y contra lo dicho por varios testigos, el alto funcionario argumentó que habían ingresado a esa instalación “mediante el uso de la fuerza, con la intención de crear lesiones” a sus ocupantes y generar “terror a los habitantes de la zona”. Según fue divulgado posteriormente, los imputados están recluidos en la tenebrosa cárcel del Helicoide.

En mayo, el CNE, siguiendo la instrucción del jefe del parlamento nominal venezolano, Jorge Rodríguez, retiró la invitación cursada a la Unión Europea para el despliegue de observadores electorales. Sin una supervisión robusta como la que habrían realizado sus delegados, y con el Consejo controlado por aliados de Maduro, no es posible contar con su imparcialidad. Por esto, y con razón, González Urrutia se negó a firmar un acuerdo redactado por ese órgano, en que los candidatos se comprometen a “reconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral”. Además de Maduro, otros candidatos teóricamente opositores, pero plegados al régimen, sí lo suscribieron.

A menos que se logren activar otros mecanismos de supervisión eficaces sobre la emisión de los votos, la transmisión de los datos, su cotejo y anuncio por el CNE, será imposible garantizar un resultado realmente confiable. De ahí la importancia de que otros observadores, así como colectivos de la sociedad civil, traten de ejercer la tarea.

A estas vías se une la total asimetría en recursos y plataformas propagandísticas entre el oficialismo y la oposición. Mientras el gobierno ha puesto al servicio de sus candidatos su enorme maquinaria mediática y de movilización, los opositores prácticamente no disponen de acceso a los medios, y dependen, casi exclusivamente, de las redes sociales y los actos públicos. Aun así, están muy adelante en las preferencias.

Acallar voces, infundir miedo, manipular mensajes, crear desconfianza y, por esta vía, tratar de erosionar el avance opositor, es parte central de la estrategia de Maduro. Si esas maniobras fracasan, aún tendría abierta la distorsión de los resultados.

Meses atrás Maduro había anunciado que ganaría las elecciones “por las buenas o por las malas”. Sabemos, de sobra, por cuál de las opciones ha optado.