Galicia «reacciona» y actualiza la ley ambiental para dar seguridad jurídica a proyectos

En un contexto en el que Europa apremia para avanzar en la transición energética, Galicia pasa a tomar cartas en el asunto con la futura puesta en marcha de la Ley de administración ambiental simplificada. Tal y como informó el presidente, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de Goberno este lunes, el martes el documento entrará en el proceso de consulta pública con el objetivo de tenerlo finalizado antes de que acabe el año. Sustituirá al vigente, de 1995, unificando la legislación y adaptándola a la realidad actual, pero también reduciendo burocracia, y plazos y, en definitiva, ofreciendo seguridad jurídica a los promotores. La futura ley, indicó la conselleira de Medioambiente, Ángeles Vázquez, tiene como meta «Dar seguridad jurídica a todos los proyectos que se desarrollen en Galicia , y, a la vez, «garantizar a los ciudadanos el control de la administración será absolutamente estricto». Sustituirá así al antiguo documento, vigente desde 1995, unificando y actualizando la legislación y adaptando «la normativa gallega a la transición energética, en la que estamos inmersos», para evitar que «la convivencia de diferentes normativas» genere no solo incerteza, sino que llegue a poner en peligro «proyectos que ya contaban con una autorización ambiental», como ya ocurre a veces, explicó. «El deber de las administraciones es garantizar el equilibrio» entre el medioambiente y el desarrollo económico, incidió la conselleira, abordando los retos en materia de clima y de energía y ofreciendo un ecosistema de seguridad jurídica. De este modo, con la aprobación en el Consello del inicio de la tramitación de la norma, Galicia cumple con las recomendaciones provenientes de la UE en lo que a la transición energética respecta, y se sitúa a la «vanguardia», contando «con uno de los ordenamientos ambientales más modernos e innovadores» y siguiendo la senda de otras CCAA como País Vasco o Asturias. Todo ello en un contexto, como indicó Rueda a preguntas de los medios, en el que «Las decisiones judiciales que se están tomando aquí respecto a las suspensiones cautelares de las energías renovables» son únicas a Galicia, y ya han obtenido la negativa del Tribunal Supremo. «Ante casos muy similares, en otros territorios y por parte de otros tribunales se está decidiendo prácticamente en el sentido contrario «, abundó. »Avisamos de las consecuencias« y lo que »Tenemos que hacer es reaccionar con los medios que tenemos al alcance«, esto es: »recursos judiciales« y »haciendo normas que faciliten, en general, la tramitación y la reducción de la burocracia sin eliminar las garantías de control. Eso es lo que persigue esta ley«.