Alberto Fujimori a un paso de responder ante la justicia por las esterilizaciones forzadas
Abogada chilena Karinna Fernández precisa que tras el fallo en primera instancia todavía puede haber apelación. De ser así, la decisión final se podría conocer en dos meses.
El exmandatario Alberto Fujimori está cada vez más cerca de responder ante la justicia peruana por los crímenes y lesiones graves cometidos durante su gobierno, mediante la aplicación de la política de esterilizaciones forzadas contra mujeres campesinas. La justicia chilena acaba de dar un paso importante, pero aún falta una última instancia.
La jueza chilena Andrea Muñoz emitió ayer un fallo en primera instancia, donde acoge la solicitud peruana para la ampliación de la extradición de Alberto Fujimori, esta vez para que pueda responder por las esterilizaciones forzadas de los años noventa.
Alberto Fujimori tendrá que responder por el presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de las mujeres peruanas María Mamérita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Aucapiña, Reynalda Betalleluz Aguilar, María Espínola Otiniano y Celia Ramos Durand. También por lesiones graves en agravio de otro grupo de mujeres afectadas por la política de las esterilizaciones forzadas de la década fujimontesinista.
En la resolución también se concede la extradición para otros cuatro casos: el secuestro cometido contra la familia Ventocilla en Huacho, homicidios calificados durante el operativo de rescate en la Embajada de Japón, homicidios calificados en el penal Castro Castro y el secuestro agravado de Arturo Moreno Alcántara.
Primera instancia
En diálogo telefónico con La República, Karinna Fernández, abogada que representa a la organización DEMUS en Chile, explicó que tras la decisión de este lunes hay un plazo de cinco días para que Alberto Fujimori pueda presentar un recurso de apelación.
“Tenemos que esperar que transcurra este plazo para la apelación. Vencido el plazo, la sentencia quedará firme. Si presenta la apelación, tendremos que hacer la discusión siguiente en la sala penal de la Corte Suprema que sería la última etapa”, sostuvo.
Si bien se trata de “una causa particularmente compleja”, Karinna Fernández destacó que la justicia chilena suele dar prioridad a este tipo de apelaciones. Por tal motivo, estimó en un promedio de dos meses la decisión final de la justicia chilena.
María Ysabel Cedano, abogada que acompaña el caso en Perú desde la organización DEMUS, recalcó que luego de la decisión en segunda instancia en Chile, Alberto Fujimori pasará directamente a la condición de procesado. “En tal sentido, el juez tendrá que investigar judicialmente y pasar el caso a la etapa de acusación e iniciar el juicio”, sostuvo.
La especialista apuntó que Alberto Fujimori sería incorporado a la misma carpeta que actualmente compromete ya al exministro de Salud Alejandro Aguinaga y sus similares Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer.
Intentos de impunidad
En relación al proceso ya en curso en el Poder Judicial, María Ysabel Cedano explicó que de momento está pendiente una decisión judicial, frente a intentos de la defensa de los acusados de evadir a la justicia, bajo el criterio de la prescripción de los hechos, en tanto fueron cometidos en los años noventa.
Precisamente el próximo 5 de julio, a las diez de la mañana, habrá una audiencia en el Poder Judicial. Cedano recordó que la autoridad judicial ha solicitado precisar en la acusación fiscal los alcances sobre cómo se interpreta que el caso todavía no ha prescrito.
“La defensa de los acusados pretende que el juez diga que no hay mérito para una investigación judicial porque estos crímenes ya han prescrito. Por eso están desesperados por sacar una ley de impunidad en el Congreso”, advirtió.
Y es que las esterilizaciones forzadas se cometieron en los años noventa. Y en el 2002 recién entró en vigencia en el Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que declara como imprescriptibles determinados delitos, al considerarlos como de lesa humanidad.
Lesa humanidad
Bajo este contexto, la abogada chilena Karinna Fernández destaca que la jueza de su país precisamente se haya pronunciado de manera extensa sobre el carácter de no prescripción de este tipo de actos.
“Esta sentencia se hace cargo de esa discusión con bastante profundidad, justamente al darle a estos delitos de las esterilizaciones forzadas el carácter de lesa humanidad, utilizando los estándares internacionales”, subraya.
La abogada defensora de derechos humanos y excandidata a fiscal nacional de Chile apunta además que la sentencia también analiza las esterilizaciones forzadas “como un crimen del sistema y sobre cómo se utilizó el aparato estatal para perpetrar estos delitos; caracterizándolos como delitos intolerables y que no pueden permanecer en la impunidad”.