Los economistas y Fedea piden quitar el control de precios al alquiler y retomar la Ley del Suelo
Solicitan un cambio estructural del modelo de vivienda que permita implantar políticas a largo plazo. Denuncian que el tope al alquiler de la Ley de Vivienda reduce la oferta y aumenta los precios
Aunque la vivienda es un bien de primera necesidad, en la actualidad se ha vuelto inaccesible para varias capas de la población. Ante la gravedad de la situación, el Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han reclamado, durante una sesión conjunta, modificar con urgencia la Ley de Vivienda retirando las medidas de control de precios y racionalizando la estructura tributaria que pesa sobre la misma, además de pedir un acuerdo para que se retome la Ley del Suelo.
El problema con la Ley de Vivienda
En el marco de la jornada celebrada este martes, argumentan que se debe reconsiderar la regulación de los alquileres turísticos, así como su fiscalidad, y coinciden en que existe un problema de oferta fomentado por la nueva Ley de Vivienda, que ha reducido la rentabilidad y ha aumentado el riesgo de la inversión en inmuebles para venta o alquiler.
Según Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios del Colegio de Economistas de Madrid, esta ley se aprobó “sin debate y sin consenso [...] ya que se han presentado ocho recursos ante el Tribunal Constitucional”. Los economistas subrayan que la Ley de Vivienda carga todas sus medidas sobre los operadores privados que tienden a abandonar el mercado por la falta de protección, lo que vuelve a reducir la oferta y aumentar los precios. Como consecuencia, los operadores que continúan son más cuidadosos a la hora de seleccionar a los inquilinos.
Por otra parte, opinan que sería necesario recuperar el régimen de libertad contractual establecido en 1985 por el Decreto Boyer para derogar las limitaciones de plazo y demás condiciones que restringen la dimensión del mercado. Asimismo, apuntan que habría que retirar las medidas de control de precios, restaurar la seguridad jurídica del derecho de propiedad y llevar a cabo una política de vivienda a largo plazo que permita que asegure el acceso a una vivienda social a las familias vulnerables.
Esta sesión, incluida en el ciclo “Encuentros Fedea-CGE sobre cuestiones estructurales de la economía española”, la ha presentado Valentín Pich, presidente del CGE, que ha informado de la necesidad de “mantener una política de vivienda coherente y [...] financiada a largo plazo [...] a partir de una colaboración público-privada”.
Por su parte, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, apoya la decisión de retomar el proyecto de Ley del Suelo y estudiar la posibilidad de que cada comunidad autónoma pueda adoptar reglas diferentes según su idiosincrasia económica y política.
Por otro lado, Benito Arruñada, investigador asociado de Fedea, aboga por cambiar la estrategia de intervención pública para “facilitar la actuación del mercado” y que el Estado se centre en “proveer bienes públicos y extender una red efectiva de seguridad social”.