ANCI impulsa propuestas para una contratación pública que fomente la competencia, la eficiencia y la innovación

ANCI ha celebrado este martes en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos su asamblea general en la que han reivindicado que la contratación de obra pública debe estar siempre al servicio de las necesidades de las personas, «garantizando el cumplimiento de los objetivos de movilidad sostenible, descarbonización, mitigación y adaptación al cambio climático, gestión de los recursos hídricos y disponibilidad de vivienda». Durante la reunión, la patronal de las empresas constructuras no cotizadas ha remarcado la importancia de este instrumento del gasto público, exige que se utilice de la forma más eficiente y se asegure la correcta ejecución de los contratos públicos, incluso en periodos inflacionarios como el reciente: desde 2021 los costes de construcción han aumentado un 27% -lo que supone un crecimiento mayor que el acumulado en los 16 años anteriores- y aunque se ha moderado su crecimiento, no hay indicios de descenso. «Y ello sin considerar el coste de la mano de obra, que ha tenido un comportamiento similar, incrementándose más de un 20% desde 2021, y manteniendo además el ritmo alcista en el primer trimestre de 2024», han remarcado. En consecuencia, ANCI plantea a las administraciones que mantengan una senda de inversión en obra pública «planificada, estable, sostenible y adecuada a las necesidades de las personas y nuestro entorno en cada momento». Han señalado que, dado que los recursos presupuestarios son limitados, mientras que el ciclo de envejecimiento de las infraestructuras existentes es acumulativo y progresivo se debería utilizar el máximo potencial de los fondos europeos disponibles para atender las necesidades en materia de infraestructuras. «Es muy importante plantear a la Unión Europea una extensión del programa Next Gen, para financiar aquellas infraestructuras que se entiendan estratégicas para la competitividad de la Unión Europea en el panorama mundial». También han pedido que se complementen los fondos públicos con capital privado, para adelantar la puesta en servicio de infraestructuras de carácter esencial para los ciudadanos, como la vivienda o las infraestructuras sanitarias, «cuyo coste no es asumible atendiendo únicamente a los presupuestos públicos. «La adecuación de la Ley de Desindexación permitiría avanzar en este esquema de colaboración público-privada», han apuntado. Del mismo modo piden a las administraciones que sea eficiente con el gasto público y se maximice el retorno al ciudadano, tanto en términos de precios como de innovación. Lo que dicen requerir una práctica de la contratación pública que fomente la concurrencia y la libre competencia entre empresas, esto es, el uso preferente de procedimientos de adjudicación abiertos. Por ello dicen que es preciso: a) En términos de coste, la elección del procedimiento no es neutral para la eficiencia en la adjudicación. Según la CNMC, los contratos en los que se utiliza el procedimiento abierto -permitiendo una mayor concurrencia de empresas- suponen un coste para la Administración casi un 10% menor que cuando se utiliza un procedimiento no abierto. b) En cuanto al impulso a la innovación, y con ello, a la productividad, la tensión competitiva en los mercados estimula el desarrollo de actividades innovadoras en las empresas. Y esta innovación contribuye a aumentar su productividad, lo que, finalmente, revierte en un incremento global de la productividad y de la competitividad del sistema productivo nacional. Por último, exigen facilitar la ejecución de los contratos públicos en el precio, la calidad y el plazo estipulados. Para ello piden: a) Invertir en ingeniería, asignando los plazos y presupuestos adecuados para disponer de proyectos de calidad. b) Licitar con precios de mercado y contratar con precios realistas, utilizando pliegos con criterios y fórmulas de valoración que desincentiven las bajas desproporcionadas. c) Mantener el equilibrio entre las partes durante la ejecución de los contratos de larga duración, retomando el carácter automático y estable del régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, incluso considerando la mano de obra como uno de los componentes revisables, esencial en un entorno de creciente evolución de los costes laborales y de escasez de mano de obra.