Acuerdo sobre el CGPJ: ¿Y ahora qué?
La derecha siempre ha hecho depender la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sus equilibrios internos y del beneplácito de los jueces, magistrados y fiscales conservadores mayoritarios en la carrera, que lo fortalecen cuando está en el Gobierno y que reducen su debilidad cuando tiene que pasar a la oposición. Empezó siendo así cuando gobernaba UCD y ha continuado siendo así, cuando, con la desaparición de UCD, AP primero y PP a continuación se convirtió en el partido hegemónico de la derecha española.
Siendo el PP un partido fuertemente presidencialista, su dirección tiene autonomía para dirigir el partido cuando está en el Gobierno. Autonomía que le suele ser reconocida en ese momento por los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, por los funcionarios de los altos cuerpos de la Administración del Estado. Cuando pasa a la oposición, el presidente del PP pierde mucha autonomía tanto hacia dentro como hacia fuera. Le ocurrió a Mariano Rajoy con Esperanza Aguirre y le ha vuelto a ocurrir a Pablo Casado y Alberto Núñez Feijóo con Isabel Díaz Ayuso. Esa pérdida de autonomía ha ido a más a medida que se han ido conociendo los múltiples casos de corrupción del partido. De ahí que, si fue difícil la renovación del CGPJ tras el resultado de las elecciones de 2004, lo haya sido todavía mucho más tras el éxito de la moción de censura en julio de 2018. El PP ha necesitado al CGPJ de 2013 para no descomponerse y llegar incluso a desaparecer. Nadie ha tenido, en consecuencia, autoridad en estos años en el PP para negociar la renovación del CGPJ.
Ha sido el impulso del tándem Milei-Ayuso esta pasada semana, que ha dejado en posición de fuera de juego, es decir, en la posición más estéril de todas las imaginables como cualquier aficionado al fútbol sabe, a Alberto Núñez Feijóo, la que ha posibilitado que se haya llegado a un acuerdo para la renovación del CGPJ. La dirección del PP, no solamente Alberto Núñez Feijóo, se ha dado cuenta de que el coste, tanto interno como externo, de no renovar el CGPJ se había convertido en muy superior al coste de la renovación. Este cálculo interno, al que se ha sumado que la parálisis del CGPJ empezaba a afectar a las carreras personales de muchos jueces y magistrados, ha conducido a que la balanza se inclinara por la renovación. El descrédito internacional, y especialmente ante la Comisión Europea, ha dado el último empujón.
¿Y ahora qué? Confiar en que el PP vaya a comportarse de una manera constitucionalmente leal en el futuro sería absurdo. Para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, hay que definir un marco que impida que lo que ha ocurrido vuelva a ocurrir.
En mi opinión, y puesto que tenemos cinco años por delante, creo que se debería abrir un debate sobre si el CGPJ debe continuar siendo el CGPJ que figura en la Constitución o debe ser sustituido por un órgano configurado de forma distinta o incluso desaparecer. Cuando un órgano descansa en un compromiso entre dos partes, una de las cuales solamente está dispuesto a cumplirlo cuando la composición del órgano le favorece, la existencia de ese órgano no tiene sentido. La crisis de renovación volverá a plantearse. Con más intensidad. Si el CGPJ debe continuar formando parte de nuestra fórmula de Gobierno, su composición y renovación no pueden ser puestas en cuestión en ningún momento. El compromiso en torno al CGPJ tiene que ser inequívoco y si no es posible, mejor que el órgano desaparezca.
Si se mantiene la condición del CGPJ como “órgano de Gobierno”, es decir, como órgano de naturaleza política, habría que decidir que el mandato de los miembros del CGPJ es improrrogable. Es decir, que los miembros del CGPJ cesan el día del vencimiento del mandato. Ello conllevaría la derogación automática de los Capítulos primero y segundo del Título II de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esto tiene que hacerse de manera inmediata. Si el CGPJ es un órgano de naturaleza política, su renovación no puede desvincularse de la renovación de las Cortes Generales. Con la cuña que supone los cinco años del mandato del CGPJ frente a los cuatro que dura la legislatura. Pero nada más. Esto no es susceptible siquiera de ser sometido a discusión.
A partir de ahí, ponerse a negociar.