Sin 'Pazo de Meirás andaluz', por ahora: el Gobierno aleja la petición memorialista de hacer pública la finca de Queipo
Desde diciembre de 2020, el Estado es propietario del Pazo de Meirás tras 82 años en posesión de la familia Franco. En Sevilla, el cortijo Gambogaz no parece que vaya a correr igual suerte, al menos de momento. La Secretaría de Estado Democrática, dependiente del Gobierno de España, ha rechazado la pretensión de una parte del movimiento memorialista de crear una comisión de investigación que determinaría si el general golpista Gonzalo Queipo de Llano se apropió de manera ilegal de unas tierras a orillas del río Guadalquivir, a las puertas de Sevilla, alejando la posibilidad de que Gambogaz pase a dominio público y deje de estar en manos de los herederos de Queipo de Llano.
Estamos hablando de la finca adquirida por el militar en plena Guerra Civil en España (diciembre de 1937) y en cuyo cortijo trabajaron esclavos del franquismo. Según la leyenda, la ciudad regaló a Queipo la finca por “salvarla” del “dominio rojo”, y es una cuestión abordada desde hace años en Sevilla, no sin controversia, por investigadores como Antonio Martín o José Villa. La Plataforma Gambogaz impulsa desde hace tiempo una investigación para reunir pruebas que permita reclamar el uso público del complejo agrícola de 480 hectáreas en el municipio de Camas y al que año tras año marcha el movimiento memorialista.
“No hay causa. Al menos, de momento”, apuntan a SevillaelDiario.es fuentes del Gobierno central tras atender a los representantes de la plataforma al objeto de dar respuesta a su petición del mes anterior y que hicieron pública con una performance en la Plaza de España, sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Los activistas pretenden probar la “apropiación ilegítima” de la finca por parte de Queipo, que su familia fue vendiendo a trozos, que gestionó a través de un entramado societario que derivó en la actual Fundación Pro Infancia sin actividad durante años para atender a la “infancia desvalida” y que disfruta de tierras de arrozal, como ha ido desvelando este periódico.
La intención última de los memorialistas es que esa hipotética comisión de investigación finalizara con un dictamen para que la Abogacía del Estado planteara una demanda formal en los tribunales para que la finca Gambogaz pasase a ser pública. Pero para llegar a eso “no hay atisbo” en la documentación aportada hasta el momento por la plataforma, limitándose a que aquella compraventa fue un acuerdo entre privados “sin implicaciones de que hubiera dinero público”, apuntan fuentes gubernamentales. En todo caso, el secretario de Estado Fernando Martínez les trasladó que ninguna investigación supone un punto y final pero “hasta donde sabemos no hay nada” de que las reivindicaciones de los memorialistas sean contrastables.
Hasta ahora, la investigación de la Plataforma Gambogaz había concluido que Queipo creó una fundación como puente y usó dinero del Banco de España para ser propietario del lugar 'en diferido', sin que haya aún respuesta clara sobre la procedencia del capital y sin que se haya encontrado documento alguno que acredite “la hipoteca de Gambogaz”, sin una prueba de cargo que permita hacer público el cortijo de Queipo de Llano y de la que anda detrás el Ayuntamiento de Camas.
Juan Morillo, uno de los miembros del colectivo, lamenta que el Gobierno considere que no hay conexión con lo público y que les trasladara “que no tienen bases jurídicas, según ellos, para crear lo que le pedíamos, que era una comisión que investigara y que pidiera la reversión del cortijo a lo público”. “Nosotros le insistimos en nuestros argumentos: que no devolvieron el préstamo de 750.000 pesetas que le otorgó el Banco de España, el trabajo esclavo que utilizó para rentabilizar Gambogaz y todo lo demás, pero insisten en que les hace falta algo más. Tienen conocimiento de todo lo que ocurrió, pero necesitan un documento determinado, como el del contrato de venta de Meirás. Les hace falta eso”, comenta Morillo.
Con todo, ambas partes acordaron “seguir investigando, ellos por su cuenta, nosotros por la nuestra, y seguir trabajando”, comenta el activista. “Ellos con el convencimiento de que hace falta más, y nosotros con el nuestro de que aquello para nada fue solo cosa de una pandilla de truhanes, que es lo que sostienen, y que no tenía nada que ver con lo público. Nosotros vamos a seguir con nuestra investigación y nuestra movilización para intentar ver qué podemos encontrar más de lo que tenemos y, por otro lado, concienciar a la población de que la reparación no se está cumpliendo”, comenta. “Como hemos dicho muchas veces, para nosotros lo de Gambogaz es la punta del iceberg del expolio de los golpistas en Andalucía” concluye Morillo.