La Justicia amplía la investigación contra la Fiscalía por la querella de la pareja de Ayuso
El Tribunal Superior de Madrid ha rechazado el recurso que la Fiscalía presentó contra la apertura de diligencias tras la querella con la que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, acusa al Ministerio Público de filtrar datos confidenciales de su caso de fraude fiscal en un comunicado. Un auto en el que el TSJM explica que las diligencias no solo indagan en el comunicado con el que la Fiscalía pretendía desmentir informaciones falsas sobre el desarrollo del pacto ofrecido por el empresario: también si fue la Fiscalía la que, previamente, filtró más documentos a los medios de comunicación, por ejemplo los correos que intercambiaron los abogados de Alberto González y el fiscal que le investigaba.
Las diligencias del TSJM, llevadas por el magistrado Francisco José Goyena, se pusieron en marcha tras las querellas que Alberto González y el Colegio de Abogados de Madrid interpusieron contra dos fiscales: Julián Salto, que llevó las riendas de la investigación contra él, y la fiscal superior de Madrid. Querellas que acusaban a ambos de revelación de secretos por emitir un comunicado detallando los hitos de la negociación de la Fiscalía con su abogado después de que varios medios de comunicación y el propio Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso en la Comunidad de Madrid, difundieran información falsa o sesgada, dando a entender que era el Ministerio Público el que buscaba un acuerdo y no al revés. Varios medios y Rodríguez, además, difundieron que ese acuerdo había sido frenado por las altas instancias de la Fiscalía.
En este auto el TSJM no solo avala la apertura de diligencias, afirmando que “no es más que el primer paso de una instrucción obligada”. También que por el momento la única teoría que se investiga es si la Fiscalía reveló datos secretos en ese comunicado e, incluso, si fue el Ministerio Público quien filtró los emails entre el fiscal Salto y el abogado de Alberto González horas antes de su comunicado.
“Que la revelación del contenido de los correos a diversos medios antes de la publicación de la nota fue, o no, efectuada por uno o varios miembros del Ministerio Fiscal, es precisamente lo que a través de la necesaria investigación será preciso esclarecer”, explica el Tribunal Superior en un auto conocido este miércoles. La investigación, añade, tendrá que poner diligencias en marcha para “desmentir o corroborar” que la filtración de esos correos electrónicos, previa al comunicado, fue cosa de la Fiscalía o del “entorno de la defensa”, como afirma el Ministerio Público.
Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, un día antes del comunicado supuestamente delictivo fue Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, el que remitió por WhatsApp a varios periodistas un mensaje en el que transcribía uno de estos correos electrónicos. Concretamente el email en el que el fiscal Salto comunicaba a Carlos Neira, uno de los abogados de la pareja de la presidenta regional, que su denuncia por doble fraude fiscal ya estaba en manos de los juzgados. También explicaba que, si quería llegar a un pacto, sería posible aunque el resto de querellados no quisiera llegar a un acuerdo.
Varios medios de comunicación publicaron esta versión. Algunos, como El Debate o Vozpopuli, incluyeron un comentario que procedía del mensaje de Miguel Ángel Rodríguez: que el pacto había sido parado “desde arriba”. La realidad era que el primer ofrecimiento de un pacto había sido del propio Alberto González Amador, que se había ofrecido para reconocer los dos delitos fiscales y pagar sus deudas a cambio de no entrar en la cárcel. Un pacto que, incluyendo también el delito de falsedad documental, sigue explorando a día de hoy.
Para el TSJM no tiene sentido revocar la apertura de diligencias, algo “tan improcedente como incomprensible”, acusando a la Fiscalía de una “apresurada iniciativa procesal”. En las últimas semanas el propio fiscal general, Álvaro García Ortiz, se ha responsabilizado públicamente y por escrito de la orden de emitir ese comunicado, aunque por el momento el Tribunal Superior ha rechazado dirigir sus acusaciones contra él. Una versión que corroboró como testigo Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, pronunciándose en contra del comunicado.
Este jueves están llamados a declarar los dos querellados: el fiscal Julián Salto, que investigó y denunció a Alberto González Amador por doble fraude fiscal, y superior, la fiscal jefe de Madrid.