Miles de vecinos enfrentan derramas de hasta 65.000 euros para reforzar la seguridad de sus ascensores

Llega el derramazo. Miles de comunidades de vecinos de toda España tendrán que adecuar los ascensores a la nueva normativa que el Consejo de Ministros aprobó en abril y que entra en vigor el próximo lunes 1 de julio. Se trata de la nueva Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 con la que se pretende reforzar la seguridad de los elevadores con mejoras técnicas que supondrán un cuantioso desembolso para los propietarios : Desde 100 hasta 65.000 euros tendrán que destinar dependiendo de la antigüedad del aparato o de si se cambia entera la cabina. En total, se calcula que tendrán que ser adecuados unos 400.000 ascensores, el 40% de los 1,1 millones instalados en España, el país europeo que más tiene y el que más del mundo en relación a sus habitantes (19,8 por cada 1.000). Las adaptaciones, sin embargo, no tendrán porque ser inmediatas. Las mejoras se implementarán por las comunidades de propietarios en función del resultado de las inspecciones periódicas, cuya obligatoriedad de hacerla es cada cuatro años. Por lo que será el inspector el que determine si el ascensor cumple con la nueva ITC y establecerá los plazos de adecuación de la instalación. ¿Cómo y en qué tiempos se llevará a cabo la adaptación? Desde La Federación Empresarial Española de Ascensores (Feeda) exponen este ejemplo: «Supongamos que una instalación susceptible de tener que adaptarse, ha pasado su inspección en abril de 2024 con resultado favorable, pues hasta abril del año 2028, no pasaría la siguiente inspección, en la que saldrían los elementos a adaptar y dependiendo de qué elementos sean, hay unos plazos establecidos para acometer la modificación». Entre las nuevas exigencias, las cabinas tendrán que lograr una precisión de nivelación y parada en todas sus plantas de 10 milímetros y añadir un sistema de comunicación bidireccional entre cabina y centro de 24 horas para casos de atrapamiento, según desgranan a este periódico desde Feeda, patronal que ha elaborado el texto junto al Ministerio de Industria. Como novedad, también se exigirá que los aparatos dispongan de pesa cargas en cabina, para evitar que arranque si detecta que se supera la carga máxima y, en el caso de los ascensores con puertas automáticas, se deberá introducir una barrera fotoeléctrica que tiene la función de bloquear el cierre de puertas cuando detecta objetos a media altura ( un paraguas que sobresale o una persona que asoma). «Con estas medidas, se podrán eliminar el 90% de los accidentes de usuarios en el uso del ascensor, que son tropiezos con caída al entrar o salir, golpes de las puertas que se cierran, atrapamientos por avería mal o tardíamente comunicados, accidentes con mascotas, etc», explican desde Feeda. El coste económico para los propietarios, dicen de Feeda, «es casi imposible de determinar», porque va en función de la antigüedad, características técnicas, tecnología empleada, y actualizaciones de cada ascensor. En los casos más económicos será de 100 euros, pero puede elevarse hasta los 10.000 . Otras fuentes del sector elevan ese montante hasta 65.000 euros si la cabina debe ser sustituida al completo por otra nueva. En nuestro país, la antigüedad media del parque de ascensores es de 22 años y se entiende que el montacargas cumple su vida útil a los 25. ¿Habrá multas para los propietarios que no se amolden al nuevo ámbito legal? La normativa contempla que las comunidades que no se adapten a la ITC se exponen a sanciones conforme a las expuestas en titulo V de la Ley 21/1992 del 16 de julio, que expresa la cuantía de las sanciones en pesetas. Esta disposición habla de multas entre 3.000 y 600.000 euros. José Carlos Frechilla, director de Feeda, aclara que la propia ITC, dispone de la flexibilidad suficiente para que no lleguen a producirse. En cuanto a las subvenciones públicas, estas tendrán que ser impulsadas desde las comunidades autónomas. Es el caso, por ejemplo, de Baleares que las reparte a cargo de los fondos disponibles para la rehabilitación de edificios y viviendas con enfoque de mejora energética. Como alternativa, las comunidades de propietarios también podrán sufragar las mejoras de manera privada. Según IESA en los últimos años las solicitudes de financiación para este tipo de rehabilitaciones han crecido un 354%. «Las derramas y el impago de cuotas por parte de algunos propietarios pueden generar problemas de liquidez, lo que dificulta el mantenimiento y las obras necesarias. Además, deben equilibrar ingresos y gastos, garantizar transparencia financiera, cumplir con normativa fiscal y realizar auditorías para asegurar una gestión responsable de los recursos comunes», explica a este periódico Enrique Sánchez, director general de IESA. El verdadero reto del sector llegará desde la parte operativa. Porque se encontrarán con un alud de llamadas en un momento en el que sufren grandes problemas para encontrar trabajadores. Frechilla señala que las empresas tienen alta demanda de mano de obra de técnicos mantenedores. Aunque es optimista al tratarse de un incremento de demanda que llegará de forma «progresiva y sostenida» durante los próximos 6 años. El sector prevé que el impacto económico total será de unos 800 millones de euros a lo largo de esta etapa.