CCSS deja en firme despido de dos funcionarios por escándalo de mascarillas cuatro años después
Decisión de CCSS alcanza a exasesor de Gerencia de Logística, Hans Vindas, y a analista que evaluó calidad de mascarillas. Pese a decisión se desconoce si ya se aplicó la sanción.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dejó en firme el despido de Hans Vindas Céspedes, exasesor de la Gerencia de Logística que fue protagonista del escándalo por las millonarias contrataciones de mascarillas a una periodista, un contador público, una empresa de jardinería y una chatarrera, entre otros, registrado en agosto de 2020.
El pasado 30 de mayo, casi cuatro años después de que se ordenaran procesos disciplinarios contra Vindas y otros funcionarios, la Junta Directiva de la CCSS ratificó la decisión de despedirlo sin responsabilidad patronal. Además, cesó de la misma forma a Nidia Medrano Durán, una de las analistas encargada de evaluar la calidad de las mascarillas a comprar.
La medida se había dispuesto desde 2023, pero debía superar filtros no vinculantes como la Junta de Relaciones Laborales. Finalmente, el pasado 30 de mayo, la determinación fue comunicada a los trabajadores por medio del oficio JD-0617-2024.
La Nación consultó semanas atrás a la oficina de prensa de la CCSS si los dos trabajadores mencionados ya dejaron de la institución, pero respondieron que no podían dar información, pues el procedimiento aún es confidencial.
Yorleny Campos, abogada de Vindas, expresó que no se puede referir al tema por orden de su cliente.
Por su parte, Alejandro Calvo, abogado de Medrano, adelantó que presentarán un recurso de reposición en el intento de revertir la medida. Sin embargo, anunció que también se preparan para acudir a los tribunales contencioso administrativos en caso de que se ejecute la destitución.
Renuncia gerente de CCSS involucrado en escándalo por compra de mascarillas
Según dijo, se trata de un expediente complejo, con muchos folios y que el órgano director concluyó que su cliente no tenía responsabilidad, criterio que no fue acogido por la Junta Directiva de la Caja.
¿Por qué lo despiden?
El caso por el que están ordenando el despido de Vindas y Medrano está relacionado con el desembolso anticipado de $1,3 millones (¢682 millones al tipo de cambio actual) a la firma MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz, para entregar 570.000 respiradores filtrantes de partículas KN-95 que no cumplieron con las especificaciones técnicas.
Debido al incumplimiento, los respiradores tuvieron que ser embodegados y nunca se pudieron utilizar.
La Caja pagó por los respiradores el 7 de mayo de 2020 por medio de una transferencia internacional a una cuenta de la compañía Kai Gifts Inc Dba Bazarkai en el Citibank New Castle, en Delaware, Estados Unidos. Esa empresa es representada en Costa Rica por MR Comunicaciones Políticas.
No obstante, contrario a los procedimientos institucionales, la entidad canceló los 570.000 respiradores a pocas horas de arribar al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, sin ser inspeccionados por técnicos de la institución.
La revisión de los dispositivos ocurrió, de acuerdo con el expediente de ejecución del contrato, hasta el 13 de mayo, es decir, seis días después de la transferencia internacional.
De acuerdo con la investigación administrativa, Vindas fue la persona que envió los oficios a Juan José Acuña, jefe del subárea de Gestión y Control de Compras de Bienes, para que se girara el pago antes de tiempo sin tener la autoridad o competencias para dar esa orden.
La orden de despido sin responsabilidad patronal consta en la resolución SJD-1185-2023, de la cual este diario tiene copia.
Adicional a los despidos, la Caja ordenó la apertura de procesos de responsabilidad patrimonial contra MR Comunicaciones Políticas, Vindas, Medrano y otros funcionarios, entre los que está el exgerente de Logística, Luis Fernando Porras, quien renunció en medio de los cuestionamientos.
Vindas también fue cuestionado en 2020 por presuntas anomalías en la contratación de un vuelo chárter para traer equipo de protección personal desde China y el pago por adelantado de $1,3 millones por tapabocas que no cumplían con las especificaciones técnicas.
Asimismo, en 2011 fue suspendido por adjudicar una millonaria compra de fármacos a una empresa ligada a su madre.