El Poder Judicial (PJ) dispuso una serie de modificaciones que perjudican a la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, precedida por la doctora Miluska Cano, que llevaba diversas investigaciones contra el exdictador Alberto Fujimori y otros casos de presuntos delitos contra los derechos humanos como Pativilca y Cantuta, los cuales se encontraban en pleno proceso de juicio oral. La medida fue oficializada en el diario El Peruano.
Javier Arévalo, el presidente del PJ, dispuso "cerrar el turno de la 4° Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del distrito y provincia Lima de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada" y redistribuir toda su carga procesal "hacia sus pares del mismo distrito y provincia de la misma competencia territorial y funcional".
Además de eso, ordenó convertir y reubicar dicha sala como "Sala Penal de Apelaciones Transitoria del distrito y provincia de Puno, Corte Superior de Justicia de Puno, con la misma competencia territorial y funcional que la Sala Penal de Apelaciones Permanente del mismo distrito, provincia y Corte Superior de Justicia; con turno cerrado y por el periodo de seis meses".
Modificaciones dispuestas por Javier Arévalo. Foto: Juan José Quispe/X
Tales disposiciones fueron oficializadas en una publicación del diario El Peruano. "La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada solicita la conversión de la 4° Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria como Juzgado Penal Colegiado Nacional Transitorio del distrito y provincia de Lima, con la misma competencia del 1°, 2°, 3° y 4° Juzgado Penal Colegiado Nacional. Sobre el particular, corresponde desestimar el pedido de la Corte Superior Nacional, toda vez que en el contexto de austeridad y de escases de recursos financieros afecta el presupuesto institucional; así como la competencia, objetivo y funcional de los órganos jurisdiccionales penales; asimismo la disponibilidad de plazas jurisdiccionales y de apoyo vacantes conforme lo informado a través del Oficio Nº 2787-2024-GRHB-GG-PJ", se lee.
Así, el Gobierno justificó la medida por una presunta escasez de recursos financieros.
Esta decisión se da poco tiempo después de que el jurista peruano Alberto Borea fue elegido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
