Cuatro funcionarios de FAME implicados por favorecer a empresa israelí IWI
La compañía Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés) acordó suministrar 10.000 fusiles al Ejército con una ganancia de 12,08% para la empresa estatal peruana, pero al firmar contrato, el ingreso se redujo a un inaceptable 5,5%.
La llamada “Ley FAME” , que fue promulgada el 15 de febrero de 2023 con el propósito de promover y mejorar las actividades de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Estado, ha resultado contraria a su espíritu y objetivo.
Como la norma “obliga” a los institutos castrenses a “encargar” la compra de equipamiento bélico a FAME, el Ejército delegó a esta entidad la adquisición de 10.000 fusiles de asalto.
El Ejército -cuyos altos mandos son los que controlan FAME-, efectivamente le pidió a esta empresa que le buscara un proveedor de fusiles de asalto, sabiendo que en 2022 ya había suscrito un “contrato de cooperación” con la compañía Industrias de Armas de Israel (IWI, por sus siglas en inglés). En esa oportunidad IWI se presentó como único postor y ganó, sin ningún tipo de competencia, aceptando que FAME reciba como ganancia el 12,08% del total de la venta al Ejército.
Pero cuando FAME e IWI firmaron contrato en 2023, en el acuerdo se indica que la compañía peruana recibirá el 5,5% de las ganancias. Es decir, el acuerdo comercial suscrito bajo el amparo de la “Ley FAME”, en lugar de favorecer a la empresa estatal, resulta dañino para los fondos públicos.
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Los funcionarios militares y civiles que participaron en las negociaciones, se inclinaron más en beneficio de IWI que de FAME. Es decir, de los intereses nacionales.
LA GRAN JUGADA
Una auditoría de la Contraloría ha encontrado que cuatro funcionarios de FAME son responsables de haber reducido los ingresos de la empresa estatal de 12,08% a 5,5%. La disminución de la participación de FAME implica una pérdida de S/5.784.823.
Además, FAME aceptó la reducción de sus ganancias de 12,08% a 5,5% para “contratos futuros”. Es decir, no solo para el caso de los 10.000 fusiles Arad 7 sino también para las compras proyectadas por el Ejército y otros institutos militares, además de la Policía Nacional, que están “obligados” a contratar con FAME.
¿En qué momento se produjo el “cambiazo”?
Cuando FAME organizó el “concurso privado” para adjudicar un “contrato de cooperación” para el suministro de fusiles de asalto, el representante de IWI, Natan Hendler, prsentó una declaración jurada en la que ofrecía a FAME una participación en las utilidades de 12,08%, sin IGV. Con esa propuesta es que FAME otorgó el contrato a IWI.
Coincidentemente, poco después de la publicación de la “Ley FAME” (15 de febrero de 2023), que le permite a la empresa estatal y al Ejército contratar directamente con cualquier proveedor, el 20 de marzo de 2023 el representante de IWI, Natan Hendler, comunicó al entonces gerente general de FAME, coronel EP Marco Vega Oliveros, de la disminución de las ganancias de la empresa estatal a 5,5%.
ALFOMBRA ROJA PARA IWI
Entre los argumentos que presentó Hendler para justificar la significativa reducción de las ganancias de FAME, citó que la invasión rusa sobre Ucrania había cambiado el panorama del mercado mundial de armas. El conflicto se había iniciado el 24 de febrero de 2022, más de un año antes de la carta del representante israelí.
En lugar de exigirle a Natan Hendler que cumpla con la declaración jurada con la se comprometió otorgar el 12,08% de ganancias a FAME, el coronel EP Marco Vega Oliveros sometió a consulta a otros funcionarios el pedido de la compañía israelí.
¿Por qué el gerente general de FAME no rechazó la exigencia de IWI? Todavía no había firmado contrato, por lo tanto estaba en condiciones de convocar a licitación y buscar una mejor oferta en beneficio de FAME como lo estipula la ley. No estaba obligado a contratar con IWI. El Ejército tampoco dijo nada, no obstante que el presidente del directorio en ese momento era el general de división EP César Briceño Valdivia, actual comandante general del Ejército.
Sin embargo, por razones que van a explicar ante las autoridades los funcionarios de FAME involucrados en el caso, se allanaron a la solicitud de IWI del 20 de marzo de 2023. Y no lo pensaron mucho. Contestaron de inmediato.
Al día siguiente, el 21 de marzo, el jefe de la Oficina de Asesoría Legal de FAME, Omar Álvarez Flores, opinó a favor de la rebaja a 5,5%.
El 23 de marzo, el gerente comercial de FAME, Leoncio Noriega Moreano, también dio su visto bueno.
Y el 24 de marzo, el gerente de Administración y Finanzas de FAME, Miguel Tupiño Lévano, se sumó a la reducción del porcentaje de ganancia para la empresa estatal.
La auditoría de la Contraloría llama la atención de que Omar Álvarez y Leoncio Noriega accedieron al requerimiento de IWI, pese a que fueron parte del comité otorgó la buena pro a la compañía israelí cuando incluyó en su propuesta una ganancia de 12,08% a favor de FAME. Eran los que más sabían del proceso, por lo tanto pudieron haber desestimado el cambio de juego de Nathan Handler, pero prefirieron satisfacer el reclamo de la fábrica israelí.
CON NOMBRE PROPIO
El apuro para bajar los ingresos de FAME parece haber sido una condición irrenunciable de IWI, porque a los pocos días que los funciones de la empresa estatal emitieron su opinión favorable, rápidamente, el 29 de marzo, IWI suscribió un “contrato de colaboración empresarial” con FAME. En el acuerdo comercial desapareció el 12,08% y se impuso el 5,5% que reclamaba Natan Hendler.
Estos hechos demuestran lo que una serie de reportajes de investigación de La República había advertido: que el Ejército y FAME concertaron voluntades para sacar adelante el contrato con IWI contra viento y marea.
Por eso, como resultado, la auditoría de la Contraloría identificó la responsabilidad por estos hechos del coronel EP Marco Vega Oliveros y de Omar Álvarez Flores, Leoncio Noriega Moreano y Miguel Tupiño Lévano.
Sin embargo, como en el proceso también han intervenido oficiales del Comando Logístico del Ejército (Cologe) y del Servicio de Material de Guerra (SMGE), la Contraloría ha requerido al comandante general del instituto castrense, general César Briceño, que investigue y determine responsabilidades.
Se registrará una situación peculiar, porque el caso se produjo cuando el general Briceño era jefe del Estado Mayor del Ejército y presidente del directorio de FAME. Es como estar a ambos lados del mostrador.
IMPACTO PROFUNDO
La Contraloría advierte en su informe que FAME no puede actuar libremente en la contratación con empresas extranjeras de suministro de armamento, hasta que el Ministerio de Defensa emite disposiciones sobre los alcances de la llamada “Ley FAME” N°31684.
FAME amparándose en la mencionada norma opera al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, que exige la convocatoria a licitación internacional.
Lamentablemente, el Ejército y FAME están aplicando la misma modalidad en el caso de la adquisición de blindados 8x8. Sin licitación, FAME acordó con la alianza coreana STX Corporation-Hyundai Rotem, la fabricación de dichos vehículos militares. En la misma auditoría de los fusiles, la Contraloría ha advertido del problema.