El aparato judicial bloquea la investigación sobre las conexiones políticas del atentado contra Cristina Kirchner. Tampoco indaga sobre posibles móviles económicos de los acusados. Mientras, como anticipó PáginaI12, Bullrich nombra en su ministerio al técnico sospechado de haber borrado los teléfonos de Gerardo Milman y sus asesoras, comprometidos en la pesquisa.