Sumar quiere rebajar de los actuales 18 a los 16 años la edad para poder firmar iniciativas legislativas populares (ILP) y que también ciudadanos de nacionalidad distinta a la española pero que residan en el país puedan apoyar estas leyes que se impulsan desde la sociedad civil. Esta es una de las medidas que ha propuesto el grupo plurinacional con motivo del I Plan de Parlamento Abierto en las que abogan por mejorar la transparencia del órgano legislativo, así como la incorporación de la participación ciudadana en la toma de decisiones. El documento, firmado por los diputados Gala Pin, Francisco Sierra y Toni Valero, recoge fórmulas para fortalecer la ILP con el fin de facilitar su tramitación y aprobación, como simplificar los canales y el modo de recogida de firmas, ampliar las materias sobre las que pueden tratar estas iniciativas y garantizar su tramitación sólo con alcanzar el millón de firma necesario sin necesidad de que el Congreso vote su toma en consideración. Además, Sumar sugiere impulsar esta legislatura un «piloto de Convención Ciudadana» que sirva como espacio deliberativo para que un grupo de personas seleccionadas de manera aleatoria formule recomendaciones a la Cámara sobre un ámbito concreto de la acción legislativa. Según destacan, este tipo de prácticas, que ya se hacen Alemania y Reino Unido , «fortalecen la confianza de las instituciones» y «permiten a la ciudadanía dialogar e informarse en un espacio libre de desinformación no polarizado». Con el mismo objetivo de incrementar la participación ciudadana también apuestan por reformar el Reglamento del Congreso para mejorar el ejercicio de derecho de petición, por el que la ciudadanía puede cursar solicitudes a la Cámara sobre los temas que estime oportunos. En concreto, piden digitalizar los trámites, que los peticionarios puedan comparecer ante la Comisión de Peticiones, dotar a este órgano de más competencias y recursos para llevar a cabo su labor y publicitar sus respuestas a los ciudadanos. Respecto a la transparencia, Sumar urge a crear ya un registro de lobbies, regular su actuación en la Cámara , con régimen sancionador incluido, y a publicar la huella normativa de las iniciativas que se tramitan en la institución. También incide en que se adopten las medidas necesarias para dar cumplimiento a la obligación de publicar las agendas de los diputados, incluidas sus reuniones con grupos de interés y recurriendo a sanciones si no se hace. Asimismo, Sumar pide la habilitación de mecanismos para el seguimiento por parte del ejecutivo de las proposiciones no de ley aprobadas en el Congreso. Por último, dada la importancia de las herramientas digitales , Pin, Sierra y Valero consideran que es necesario implementar herramientas basadas en el software libre que permitan una gobernanza democrática de la tecnología que se usa en el Parlamento.
