Ayuso adjudica las obras de la Ciudad de la Justicia a empresas con proyectos peor valorados por su menor oferta económica
Un consorcio formado por ACS y Acciona y otro compuesto por OHLA, Azvi y Rover han sido seleccionados por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso para adjudicarse respectivamente los dos lotes para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia en Valdebebas por 542 millones de euros.
Según consta en las actas de la licitación consultadas por Somos Madrid, la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Dragados (la constructora de ACS, compañía presidida por Florentino Pérez) y Acciona se ha impuesto en el segundo de los dos lotes en los que se ha dividido el contrato, de mayor cantidad. En concreto, llevará a cabo la redacción de los proyectos y ejecución de la obra para la construcción de la jurisdicción civil, penal y fiscalía de estas instalaciones por un importe de 378,6 millones de euros. Se trata de la oferta más barata (378 millones), pero solo la tercera en méritos técnicos (14,88). La más valorada, de la UTE San José-Avintia (25,41), situó su ejecución económica en 393 millones. Así, la rebaja económica del proyecto ganador es de apenas el 4%.
Por su parte, la UTE de OHLA, Azvi y Rover se ha posicionado en primer lugar en el lote 1, que incluye la redacción de proyectos y ejecución de obra de la construcción del aparcamiento público y de los edificios del Tribunal Superior de Justicia y audiencias provinciales por 161,4 millones de euros, de nuevo la oferta más económica y la tercera en puntuación técnica. También en este caso la UTE San José-Avintia recibió la mejor valoración sobre proyecto (28,23). Su oferta dineraria fue de 166,9 millones de euros, solo un 3% superior a la de la adjudicataria.
“Madrid tiene un problema con la arquitectura de calidad. Habiendo propuestas mejor evaluadas siempre gana la que ofrece el menor precio, la baja económica. Con resultados de sobra conocidos”, manifestó este sábado en X Antonio Giraldo, concejal y portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo. El edil considera este tipo de maniobras “un desprecio constante al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid [COAM] y a la Ley de Calidad de la Arquitectua”. Giraldo opina que la “baja económica luego no es tal, ya que al ser una baja irreal genera sobrecostes posteriores”. “Al final nos quedamos con un proyecto peor al precio de lo que hubiéramos tenido uno mejor. Un sinsentido”, concluye el urbanista.
El arquitecto Jesús San Vicente, cabeza de lista de NEXOCOAM (principal grupo de oposición en la Junta de Representantes del COAM), recuerda que pese a la división en dos lotes “el pliego obliga a coordinar los proyectos de los dos lotes oara conseguir un proyecto unitario”. Cree que después de ello “los presupuestos ofertados serán papel mojado”. Desde su punto de vista, “un 3% de baja no es nada, porque luego las obras tienen como mínimo un 20%+10% de aumento (lo legal), pero es suficiente para ganar un concurso con mucha peor valoración al proyecto”. Para San Vicente esto es “muy perverso y malo para la Arquitectura”.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha planteado en esta ocasión, a diferencia de la pasada legislatura, gestionar la Ciudad de la Justicia de manera directa. El Ejecutivo autonómico unificará en un solo complejo ubicado en el barrio de Valdebebas un total de 27 sedes judiciales repartidas ahora por la capital. Se levantarán entre 10 y 13 edificios.
La Ciudad de la Justicia de Madrid ocupará alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante en un solar con una superficie de 132.000 metros cuadrados, lo que supone un aumento del 61% respecto a la suma de toda el área destinada a estos organismos en estos momentos. Además, se crearán zonas de reserva con un espacio adicional del 28% sobre el total para absorber el crecimiento de la planta judicial durante, aproximadamente, los próximos 40 años.
Este proyecto lo inició en 2004 la antecesora de Isabel Díaz Ayuso y también expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. El nuevo impulso llega después de casi dos décadas de vaivenes, sospechas de corrupción y derroche por decenas de millones de dinero público.