El Gobierno escenificó ayer la ruptura casi definitiva con la patronal en material de negociación para la reducción de jornada, tras una reunión en la que CEOE y Cepyme no llevaron propuesta escrita para el recorte a 37,5 horas semanales, obviando el ultimátum que le dio el Ministerio de Trabajo hace una semana para que plantearan propuestas concretas. El tono no puede ser más duro y anticipa un nuevo pacto bipartito del Gobierno con CC.OO. y UGT, sin las empresas y sin ese amplio consenso que ansía la vicepresidenta Yolanda Díaz en la mesa de diálogo. Tras el encuentro, Trabajo llegó a acusar a la patronal de «burlar» el diálogo social y de «estafar» en la negociación al tratar de buscar un arreglo para neutralizar el impacto de la reducción de jornada con un incremento de las horas extraordinarias , actualmente fijadas en 80 horas anuales. «¿Es serio pedir un incremento de las horas extra?», llegó a exclamar el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey , en la rueda de prensa tras la reunión, asegurando que CEOE y Cepyme «niegan» el objetivo tras cinco meses de negociaciones, primero en la mesa bipartita y en este último mes bajo el paraguas del Ministerio de Trabajo. Por lo tanto el escenario parece visto para sentencia y encarrilado hacia un pacto bipartito entre el Gobierno y los sindicatos en el que se impondría la versión considerada como la más dura desde la patronal. «Nuestro objetivo es ahora pulir un texto, pero insisto, con las organizaciones sindicales, que son las que han mostrado predisposición a hacerlo, pero si la patronal de aquí a la semana que viene recapacita, (...) pues bienvenidos serán», confirmó Pérez Rey tras la reunión de este lunes con agentes sociales. Así, a expensas de que CC.OO. y UGT den el visto bueno al borrador de anteproyecto sobre el que realizarán aportaciones, finalmente no habrá un periodo transitorio para que las empresas se adapten a la nueva jornada laboral: la jornada de 38,5 horas se implantará en cuanto se de luz verde al anteproyecto de ley y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. A partir del 1 de enero de 2025, la jornada máxima pasará a ser de 37,5 horas, tal y como avanzó ABC. El plan que sobre el que pivota el texto que el Gobierno llevará posteriormente al trámite parlamentario incluye un control exhaustivo de la jornada laboral por parte de la Inspección de Trabajo obligando a las empresas a implantar un sistema que sea automático y con acceso remoto y en tiempo real por parte de la Administración. Además de regularse otros aspectos como la obligación de retribuir a los trabajadores a tiempo parcial que mantengan sus horas actuales una vez se reduzca la jornada máxima en la misma proporción, más de un 6% a partir del próximo año. Y como es evidente, el Gobierno tampoco recoge en ese texto ningún incremento de las horas extraordinarias ni beneficio que aminore el impacto económico de la media ni ninguna singularidad en función de los diferentes sectores de actividad. En este punto, cabe recordar que la patronal ha sustentado su rechazo a formar parte del acuerdo en la ausencia de un análisis riguroso y sosegado del impacto económico y organizativo que tendrá la medida sobre el conjunto del tejido productivo. Según apuntan desde Cepyme el coste directo por la reducción de horas ascendería a los 12.000 millones de euros, lo que sería según la patronal una subida encubierta de salarios, mientras que en términos económicos por pérdida de valor añadido el coste rebasaría los 42.000 millones de euros. Y no sólo eso. Explican las fuentes empresariales consultadas por este medio que existe un temor a que la obligación legal de reducir la jornada a 37,5 horas a partir de enero genere un embudo en las más de 4.000 mesas de negociación colectiva , ya que casi la totalidad de los convenios colectivos estaría afectado por la reducción a 37,5 horas. De hecho, sobre este aspecto advierte un informe de Fedea presentado pertinentemente en el día de ayer señalando cómo el propio flujo natural de las negociaciones entre empresarios y trabajadores ha ido reduciendo paulatinamente la jornada laboral dependiendo de los diferentes sectores y las posibilidades de las compañías. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en el primer trimestre 2024 las horas trabajadas habituales para el total de ocupados fue de 37,6 horas semanales. En este sentido, los expertos de Fedea argumentan que «esta iniciativa política unilateral» afectará al 67% de los trabajadores, algo más de 14,2 millones de ocupados, o al 74% de los trabajadores protegidos por convenio, todos ellos con jornadas superiores actualmente a las 37,5 horas semanales. Para Fedea, esta medida que quiere implantar al Gobierno con o sin acuerdo social parte de dos premisas «discutibles»: que se necesita una ley para reducir la jornada laboral y que esta medida eleva la productividad y no afecta a los costes unitarios de producción. «Cabe esperar que reducir forzosamente la jornada laboral manteniendo los salarios constantes, como propone el Gobierno, supondrá una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas», señala Fedea, que avisa además de que «esta imposición podría tener efectos adversos sobre la competitividad de las empresas y la evolución del empleo y el PIB». En caso de que finalmente se apruebe una ley que «imponga» la reducción de jornada, Fedea considera que ésta debería incluir, al menos, «un largo período transitorio antes de su entrada en vigor, de un mínimo de dos años, para permitir la adaptación de la propia negociación colectiva». Los expertos entienden que sería «razonable» que la reducción de la jornada laboral máxima legal se aplicara sólo cuando los convenios colectivos afectados terminaran su vigencia para renegociarlos en un nuevo marco legal. «Si no se establece esta transitoriedad, automáticamente quedarían reducidas las jornadas de los convenios colectivos vigentes afectados, generando un desequilibrio en la negociación », avisa.
