Regalar el dinero público

Tuvo que terminar el sexenio para que el presidente reconociera el fracaso de su administración, al aseverar, fiel a su estilo de culpar a otros, que estaba tan mal todo antes que no le dio tiempo de recomponer nada, salvo, claro está, de mantener el poder, propósito que al final de cuentas era su máximo y primordial objetivo.

El diseño de los programas sociales con tintes electorales fue exitoso, toda vez que los 30 millones de beneficiarios fueron agradecidos con su mecenas al volcarse a las urnas para no perder el privilegio de contar con ese dinero público, sin necesidad de trabajar por ello.

Cierto, miles de esos becarios requieren estos apoyos para sobrevivir, pero también es una realidad que otra parte de ellos se han convertido en una carga para el Estado, ya que no producen absolutamente nada, es decir, se ha creado una buena masa de mexicanos inútiles e improductivos, que no desean trabajar porque los apoyos de AMLO les solucionan su precaria vida.

El costo en 2024 para las arcas públicas de los programas sociales prioritarios es de 745 mil 813 millones de pesos, un incremento de 27% con respecto al presupuesto de 2023.

En todo el sexenio se han destinado 2.7 billones de pesos.

Gracias a esta mayoría ganó Claudia Sheinbaum, pero no significa que el rumbo que escoja la presidenta sea para complacerlos y para gobernar solo para ellos, tal como lo hizo AMLO, ya que el país no resiste más políticas populistas y acciones de gobierno que fustiguen y ataquen a los contribuyentes, a la iniciativa privada y a las clases medias.

No está de más recordar que los impuestos son los que fondean a los programas sociales, y mientras los inversionistas no vean certidumbre respeto al Estado de derecho, seguridad pública e insumos suficientes en energía y agua, pues se alejarán de México con el consecuente impacto en la recaudación tributaria y la generación de empleos.

Mientras que los beneficiarios de los programas sociales aumentan en número y en el monto de los apoyos, los ingresos del Estado se mantienen en el mismo rango; por ello el gobierno se verá obligado a contratar más deuda como lo hizo AMLO, a tal nivel que ha sido el presidente que más ha endeudado al país en este siglo.

La disyuntiva para el nuevo gobierno no es en qué momento romperá Claudia con Andrés Manuel, sino cómo generar los ingresos suficientes para no solo cubrir el gasto corriente del gobierno, el servicio de la deuda, las pensiones, el rescate de las empresas productivas del Estado, sino el fondeo de esos programas sociales que inventó López Obrador y terminar las obras faraónicas que dejó incompletas.

Lo que importa de forma preeminente son las finanzas públicas y el presupuesto, no la relación política de ambos personajes.

Una de las primeras acciones del nuevo gobierno será la aprobación de una nueva reforma fiscal que genere más impuestos y amplíe la base tributaria.

Así que si alguien espera que el próximo año sea mejor que este, pues está equivocado, ya que prevalecen las dudas por el margen de operación que tendrá la presidenta al contar con un presupuesto precario y muy acotado.

No tiene margen de maniobra para cumplir con las promesas emitidas en campaña y menos si continúa con la política del garrote contra el capital privado.

Más allá de filias y fobias, diremos que los datos disponibles que hay en torno a evaluar su gestión y que son de fuentes oficiales del propio gobierno de la 4T, califican como reprobado en diversos rubros.

Sin crecimiento económico, están en riesgo los programas sociales que crecen de manera exponencial contra la pasividad en el crecimiento de los ingresos.

El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue de 3.91%. Con Ernesto Zedillo de 3.36%; Vicente Fox, 2.36%; Felipe Calderón, 1.75%; Enrique Peña Nieto, 2.43% y con López Obrador no pasará del 1 por ciento.

Cierto, el impacto de la pandemia de Covid-19 afectó el crecimiento del PIB, pero si recordamos en 2019, ya se traían cifras negativas en este rubro.

López Obrador metió a las finanzas públicas en un atolladero por comprometer recursos del Estado en programas sociales que requieren cada vez más un mayor número de dinero para fondearlos, ya que los beneficiados, por ejemplo con el programa de adultos mayores, van en número ascendente conforme la población envejece y además el monto de las pensiones deberán incrementarse en un 25 por ciento para el próximo año y así sucesivamente.