Los gremios aguantan la motosierra pero igual van a la Justicia: el nuevo mapa del organismo
Con la publicación del decreto 559/2024 que modifica la estructura interna del organismo, el gobierno de Milei ejecuta finalmente un plan sobre el que venía trabajando los últimos meses. Qué pasará con las fuentes de trabajo y el sistema de fiscalización.
Con la publicación del decreto 559/2024 que modifica la estructura interna de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gobierno de Javier Milei ejecuta finalmente un plan sobre el que venía trabajando desde hace meses y que los gremios del organismo seguían con particular preocupación. El plan había sido primicia de El Cronista en mayo pasado.
Apenas oficializada la movida, diversos delegados de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato Único de Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) confluyeron en una asamblea informal para consensuar los próximos pasos.
En rigor, el DNU con siete artículos y tres anexos que reforma la arquitectura de la AFIP para llevarla casi a su modelo pre-2001, empezó a circular ayer entre los dirigentes gremiales. La ingeniería, según detallaron desde el mismo organismo, contempla el achique de la tercera pata del organismo, la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS), y el traslado de sus tareas de fiscalización a la Dirección General Impositiva (DGI).
En el Gobierno lo presentaron como una decisión que va en línea con la reducción del salario al personal jerárquico en un intento no solo de ahorrar recursos pero también eficientizar su funcionamiento. La motosierra pasa además por tres subdirecciones generales y rangos jerárquicos, con la finalidad de encauzar a la AFIP hacia un nuevo modelo de organización interna a partir de la "desburocratización y simplificación" de sus áreas. La conducción actual, en manos de Florencia Misrahi, entiende que facilitará el control sobre los desafíos que se vienen con la Ley Bases en torno a la regularización de mano de obra y el blanqueo de capitales.
Acorde al nuevo organigrama, Aduana queda con Control Aduanero, Operaciones Aduaneras del Interior, Operaciones Aduaneras Metropolitanas y el área legal; la DGI queda con Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales; Operaciones Impositivas del Interior; Operaciones Impositivas Metropolitanas y el sector técnico legal.
Por fuera, dependiendo directamente de la cúpula, queda el sector de Administración Financiera, Asuntos Jurídicos, Auditoría Interna, Fiscalización, Planificación y Coordinación Institucional, Recaudación, Recursos Humanos, Servicios al Contribuyente y Sistemas y Telecomunicaciones, en paralelo a la Dirección General y la Subdirección General.
En un contexto de despidos masivos desde el Estado, semejante ajuste enciende las alarmas en la dirigencia gremial dentro de la AFIP. Al margen de las negociaciones paritarias que siguen congeladas, la prioridad de los gremios estaba puesta en la antesala de estos cambios en garantizar las fuentes laborales.
Más aún en una semana en la que, desde ATE, ya confirmaron la baja de más de 2300 contratos transitorios con el arranque de julio y el vencimiento previo de los contratos renovados el 31 de marzo. Si bien en la AFIP se rigen por un convenio distinto y el grueso de sus trabajadores y trabajadoras se encuentra en planta permanente, la preocupación de ser alcanzados por la cadena de la motosierra no deja de existir.
"Desde la conducción nos aseguraron que no se afectarían las fuentes de trabajo. Y las funciones de control se van a mantener. Esto último también lo tenemos presente: cuánto puede verse comprometida la fiscalización del empleo no registrado es también una duda. Por ahora, el compromiso de ellos es que no", señaló a El Cronista uno de los referentes gremiales dentro de la AFIP.
De ahí que la sensación generalizada, en las primeras horas posteriores a la publicación del decreto, era la de no adoptar ningún tipo de medida de fuerza sino mantenerse a la expectativa mientras los cambios tengan lugar. No obstante, la llegada de varios delegados a la sede de la AEFIP en busca de precisiones montó una asamblea informal con el fin de adoptar un criterio en común.
Por estas horas estudiaban la posibilidad de publicar lo resuelto en un comunicado para llevar tranquilidad a las y los trabajadores de la Administración en relación al compromiso de preservar las fuentes de empleo. Lo que es oficial es que habrá una relocalización de casi el 80% de quienes hoy realizan sus tareas en la DGRSS: pasarán a la órbita de la DGI. Se trata de unos 800 trabajadores sobre los mil que se desempeñaban en Seguridad Social.
En contrapartida, los dos gremios -AEFIP y SUPARA- afirman que no darán marcha atrás en relación al ajuste que sufrieron los salarios con la reducción del porcentaje de la tasa variable dependiente de la recaudación, a través de la disposición 64/2024. Esto era un incentivo para la labor de quienes se ocupan de velar por la correcta y completa recaudación de los tributos, que ya había sufrido una poda del 0,72% original a 0,65% con Mauricio Macri.
Más tarde, en el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión del actual diputado Carlos Castagneto, se recuperaron unos puntos y se ubicó en 0,68%. Pero la actual administración -con parte del mismo plantel de la era Cambiemos- lo retrotrajo otra vez al 0,65%.
Esta reducción salarial de hecho se suma a la licuación de los salarios públicos que siguen congelados desde febrero pasado, cuando se propuso el último porcentaje de recomposición, un 8%. Cuando AEFIP lo rechazó, el Gobierno retiró la oferta. En la última reunión no presentó propuesta y, en cambio, anunció la reducción de la Cuenta de Jerarquización. A la par, dispuso una poda al personal jerárquico del organismo a través de la disposición 44/2024, del 10 de mayo último.
La denominada Cuenta de Jerarquización es un instrumento común en los órganos recaudadores de diversos países y funciona como un estímulo y un premio profesional. Se trata de un porcentaje sobre la recaudación general que se divide entre todas las y los trabajadores del organismo y que se cobra a mitad de mes.
En el caso de la AFIP, representa poco más de la mitad del componente salarial. Los tres puntos de ajuste a la baja impactan sobre el 10 a 12% de la paga mensual de las y los trabajadores.
Desde SUPARA presentaron un amparo para retrotraer ese ajuste sobre la Cuenta de Jerarquización. Y en AEFIP barajaban avanzar con la misma estrategia de judicialización de la poda salarial. Si bien ahora no ven una directiva concreta de una rebaja mayor del porcentaje desde la cúpula del organismo, no descartan que antes del siguiente aguinaldo, más cerca de fin de año, intenten avanzar con una nueva poda de tres puntos.
"Las entidades gremiales destacamos que esta decisión no obedece a un déficit presupuestario del organismo, resultando -además- discriminatorio de la política salarial del resto del Sector Público Nacional", esgrimieron ambos gremios en aquel momento. Y añadieron: "Se implementan políticas de licuación de salarios en un Organismo que cumple un rol estratégico en la ejecución de las políticas económicas del Estado Nacional."
En junio, la recaudación tributaria cayó de $13.379.446 millones a $11.297.649 millones en un contexto recesivo con gran parte de la actividad económica en rojo -salvo sectores como el agro y la minería- y un desempleo que se incrementó en dos puntos durante el primer trimestre más allá de la desaceleración inflacionaria.
Cómo es el
Hoy, el staff del organismo asciende a poco más de 20 mil empleados. El nuevo esquema no es muy distinto al que ya había intentado impulsar el primer administrador nacional de Cambiemos, Alberto Abad, pero que quedó sin efecto tras la llegada de Leandro Cuccioli al organismo, en 2018.
La reaparición de Cuccioli por las oficinas de la sede central en mayo pasado revivió todo tipo de versiones sobre la continuidad de Florencia Misrahi al frente de la AFIP, algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, sí disparó una serie de movimientos internos que preanunciaban al decreto 559 que se publicó hoy en el Boletín Oficial.
En abril, el subdirector general de Recursos Humanos de la gestión Cambiemos, Facundo Rocha, regresó a la misma posición que ocupaba entonces. Exdirector de Legales de la aerolínea LAN (luego Latam) en su momento saltó de la actividad privada al Estado para acompañar a Cuccioli en su desembarco en la AFIP de Macri. Eso desató nuevamente las especulaciones respecto a si formaba parte o no de una nueva avanzada macrista en el organismo.
Hace menos de dos semanas, El Cronista informó la salida de quien estaba al frente de la DGRSS desde diciembre, Horacio Gustavo Muñoz, por decisión de la titular del organismo. "Para liderar esta nueva etapa de modernidad, eficiencia y simplificación de la Seguridad Social, asume Santiago Mozetic como nuevo director general de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS)", comentaron en un comunicado de la AFIP ante la consulta.
Mozetic contabiliza una larga trayectoria en el área y en particular dentro de la DGRSS a lo largo de sucesivas gestiones oficiar, durante los últimos seis meses, como director de Legislación en la Subdirección General de Asuntos Jurídicos de la AFIP. Como sucedió en otras áreas de la administración nacional, las autoridades políticas del gobierno libertario desembarcaron en sus oficinas sin estructura propia y debieron respaldar su gestión diaria en las figuras técnicas o políticas prestadas.
Cuando a mediados de mayo El Cronista consultó a fuentes vinculadas a Misrahi acerca de esta reestructuración, reconocieron que se avecinaban cambios en la AFIP y ratificaron que todos esos movimientos contemplaban la continuidad de la abogada al frente del organismo. En las semanas siguientes, diversos movimientos anticiparon esta jugada.
La AFIP se creó como tal en 1996 a partir de la fusión de la DGI con Aduanas mediante el Decreto 1156/96, que le dio carácter autárquico dentro del universo del Ministerio de Economía. Cinco años después, se gestó la tercera para del organismo, la Dirección General de RR.SS. con el decreto 1231/2001.
En su paso por conducción del organismo, Abad intentó una reestructuración al organigrama original de dos direcciones -la DGI y la DGA- del fundador de la AFIP, Carlos Silvani, en 1996. El plan incluía la apertura de retiros voluntarios pero la reestructuración quedó en pausa tras la llegada de Cuccioli con la misión de incrementar la base imponible.
Desde abril, dos de las subdirecciones -la de Fiscalización y la de Atención al Contribuyente- ya habían sufrido la reducción de sus estructuras, afirmaron fuentes del gremio. Por su carácter, bastaron resoluciones internas para hacerlo. Para afectar la DGRSS se requería un decreto presidencial por su carácter troncal.
En principio, eso no significaría que las funciones del personal a cargo de inspeccionar el mercado laboral y denunciar los casos de empleo no registrado fueran a cambiar. Pero restará ver si se afecta o no su capacidad de acción en base a los recursos disponibles. En principio, desde la AEFIP decodifican esta movida bajo el prisma de la Ley Bases cuyo capítulo de reforma laboral podría reducir la capacidad sancionatoria del organismo.
En otras palabras, con la reducción de las multas al empleo no registrado y la instauración de figuras como la del trabajador independiente con dotación de hasta tres colaboradores, en el gremio del sector hablan de una desarticulación de facto del poder de policía de la AFIP en lo que refiere a multar y revertir la no registración. Aún si los operativos prosiguen sin el empoderamiento de una Dirección específica detrás, aseguran que las y los inspectores tendrán menos herramientas para detectar, denunciar y eventualmente lograr que se sancione a los empleadores responsables.
Acorde a la nueva ingeniería, se mueve el grueso de la estructura de la DGRSS, su brazo operativo -vinculado a la fiscalización, investigaciones e impugnaciones- a la órbita de la DGI. Las tareas de inspección se regionalizarían y Seguridad Social pasaría a desempeñarse bajo los mismos términos como opera hoy en las provincias.