Hacienda pidió a Transportes los contratos de las mascarillas un mes después del cese de Ábalos
La IGAE reclamó a Puertos del Estado toda la documentación sobre las adjudicaciones y las «comunicaciones desde el Ministerio»
La Agencia Tributaria reclamó a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes, información sobre las adjudicaciones para el suministro de mascarillas, entre ellas el contrato firmado con Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama Koldo», un mes después de que Pedro Sánchez cesara a José Luis Ábalos al frente del ministerio el 10 de julio de 2021. Así lo ponen de manifiesto varios correos electrónicos incorporados al sumario judicial –a los que ha tenido acceso LA RAZÓN– que señalan que a finales de julio de ese mismo año, Hacienda ya se puso en contacto con tres altos cargos de Puertos del Estado para solicitarles documentación respecto a contrataciones del año 2020.
Fue en ese ejercicio, precisamente, cuando Puertos del Estado se convirtió en el primer organismo público (luego le seguirían ADIF, Interior y los gobiernos socialistas de Canarias y Baleares) en contratar con Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama en torno a Koldo García, ex asesor de Ábalos, que se habría repartido comisiones millonarias en adjudicaciones por un valor total de más de 52 millones de euros que investigan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea.
En un correo electrónico remitido el 24 de agosto de 2021 por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente de la Agencia Tributaria, a Gabriel Argüelles, subdirector de Administración General de Puertos del Estado; Aránzazu de Miguel, jefa de Contratación y Gerencia de Riesgos; y Belén Caballero, responsable de Contratación y Consejos de Administración, Hacienda les traslada «una nueva petición de documentación» con respecto a contrataciones de 2020, como continuación a «la conversación por e-mail que mantuvimos a finales de julio».
En esa misiva se solicita más información que añadir a la «documentación ya facilitada», en relación a los expedientes 19/20, 20/20, 22/20, 23/20 y 29/20. El expediente E/019/20 se corresponde con la adjudicación, el 21 de marzo de 2020, por parte de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas profilácticas por veinte millones de euros.
En relación al último de los expedientes reclamados, el 29/20, la Agencia Tributaria pide al organismo público que aclare «cómo fue la tramitación del expediente con ADIF, dado que es algo particular». ADIF contrató con Soluciones de Gestión el 27 de marzo otro suministro de mascarillas, en ese caso por 12,5 millones de euros, pero se trata del expediente 2.20/04110.0055, según consta en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió diligencias de investigación por el «caso Koldo» el pasado 22 de febrero.
Las "verificaciones" del precio acordado
Entre la información que solicita Hacienda apenas mes y medio después del cese de Ábalos al frente del ministerio del que dependen tanto Puertos del Estado como ADIF (aunque según apunta la primera reclamación de documentación es de finales de julio) se incluye la que aclare «cómo se contactó con los contratistas adjudicatarios». Del mismo modo, se insta a Puertos del Estado a precisar si «se valoró la posibilidad de contratar con varios contratistas para no depender de uno solo».
La Agencia Tributaria insta a Transportes a aportar las declaraciones motivadas de la necesidad de dos de esos contratos (que no especifica) y las «comunicaciones desde el Ministerio a Puertos indicando expresamente la compra a realizar, si las hubiere».
Del mismo modo, la IGAE requiere a Puertos del Estado las solicitudes que se efectuaron, si las hubo, a otros contratistas «sobre precios y condiciones». Precisamente, la investigación ha puesto de relieve que la decisión de contratar con Soluciones de Gestión estaba tomada antes de que la adjudicación se hiciera efectiva.
El aluvión de documentos que solicita la IGAE es de los que difícilmente permite conciliar el sueño a su destinatario. «¿Qué mascarillas eran las que se pretendían contratar KN95 o FPP2? ¿Cuáles fueron las que se recibieron? ¿El contratista aportó algún documento en el que se comprometía a la entrega de las mascarillas adicional a la oferta?».
Hacienda solicitaba acceder a las comunicaciones con el contratista «sobre las negociaciones de precios y condiciones contractuales», si las hubo, y a las «verificaciones» de Puertos del Estado para garantizar que el precio pagado se adecuaba «a las condiciones del mercado».
"¿Os dais cuenta de la enorme cagada?"
Requería, igualmente, toda la información sobre la formalización de esos contratos, los contratos en sí «si los hubiere» y todas las facturas firmadas por el presidente del Puertos del Estado (algunas ya las tenían en su poder), así como la toma de razón de esos contratos por parte del Consejo de Ministros. En ese afán escrutador, reclamaba datos sobre «pagos y avales» y en relación a la «compensación» a Puertos del Estado por las mascarillas que distribuyó a otros entes públicos, «incluido el material sobrante».
Hacienda veía necesario constatar también la documentación sobre la recepción de las mascarillas y el análisis de calidad, su almacenamiento y distribución, así como conocer las instrucciones impartidas por Transportes en relación a esos contratos.
En uno de los correos incorporados al sumario, del 19 de julio de 2021, «metedura de para (sic) monumental», el entonces presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, reprende a un alto cargo porque ha enviado un informe reclamado por Hacienda (no se especifica si en relación con el suministro de mascarillas) sin que él lo haya revisado. Un error, dice, «que ya veremos las consecuencias que nos traerá». Y es que, según afirma en la comunicación dirigida a tres directivos –Jesús Requena, subdirector de Recursos Humanos; Manuel Ortiz Iglesias-Ussel, responsable del departamento de Auditoría; y Álvaro Sánchez Manzanares, ex secretario general de Puertos del Estado cesado el marzo pasado por el ministro Óscar Puente a consecuencia del «caso Koldo»–, solo había que enviar una parte de ese informe. «¿Os dais cuenta de la enorme cagada?», se pregunta. «Crucemos los dedos para que solo se lean eso», hace votos. «El resultado peor no puede ser», lamenta.