La competencia fiscal a la baja del PP embarra el debate sobre la reforma de la financiación autonómica
El último informe sobre “la ejecución presupuestaria” regional del Ministerio de Hacienda, con datos hasta abril, muestra que el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos) acumulado en 2024 de la mayoría de Comunidades Autónomas gobernadas por el PP (en coalición o no con Vox) supera la media nacional. Uno de los principales motivos es la competencia fiscal a la baja, en la que destaca el caso de Andalucía, el único territorio donde desciende la recaudación de todos los tributos cedidos por el Estado tras apuntarse a las bajadas de impuestos espoleadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.
Los últimos años han sido “temporada de rebajas” en las Comunidades Autónomas, según ironizan distintos expertos. Una política de bajadas de impuestos y de bonificaciones bajo la premisa de que la pérdida de ingresos sería compensada por un mayor crecimiento de la actividad económica, más inversión y más creación de puestos de trabajo que no se ha cumplido en buena parte de los casos, según reflejan los datos, y que chocan con las exigencias de “ajustes” que han regresado desde la Comisión Europea con las nuevas reglas fiscales.
En el informe de Hacienda también resalta los hundimiento en la recaudación en 2024 por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Illes Balears, Cantabria, Galicia, La Rioja o la Comunitat Valenciana, respecto al primer cuatrimestre de 2023. Todas gobernadas por la derecha. De hecho, la última presenta un 'cuadro' parecido a Andalucía respecto al resto de impuestos cedidos.
Un modelo fiscal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó frontalmente esta misma semana en una entrevista en la Cadena Ser, tras ser preguntado por el debate sobre “la financiación singular” de Catalunya que Esquerra Republicana ha introducido en la negociación para la investidura de Salvador Illa (del PSC) como presidente de la Generalitat. “Yo creo que el principal problema que afronta ahora mismo el Estado autonómico cuando hablamos de la financiación de los ingresos públicos para poder sostener los pilares del Estado del bienestar es, por un lado, los recursos, pero, sobre todo, esta competencia fiscal a la baja que han abierto los gobiernos del Partido Popular con Vox”, dijo Sánchez.
“Porque la paradoja es que estamos viendo como estos gobiernos del Partido Popular o del Partido Popular con Vox están reduciendo los impuestos o suprimiendo los impuestos a los ricos. Por tanto, hay un detraimiento de los ingresos públicos y, por tanto, un deterioro de los servicios públicos. Y además le piden al Gobierno de España que les dé más recursos”, añadió.
Los impuestos más importantes cedidos a las Comunidades Autónomas por parte del Estado son Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones y Actos jurídicos Documentados, Juego y Especiales sobre Determinados Medios de Transporte, junto a una parte del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). En marzo, el Consejo General de Economistas (CGE) ya advirtió en un informe que más de la mitad de las regiones redujeron este tarifa autonómica del IRPF entre 2022 y 2023.
La justificación extendida de estas “rebajas” ha sido “aliviar” el impacto de la inflación a las familias, pero ha coincidido principalmente entre las Comunidades Autónomas gobernadas por la derecha (Madrid, Aragón, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Canarias, Euskadi.. y también Navarra).
El paralelo, casi todas las regiones han bajado o bonificado los tributos para recibir herencias y donaciones, incluso en bloque reaccionaron ante la aprobación del Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas por el Gobierno de coalición precisamente para subsanar la competencia fiscal a la baja (antes las bonificaciones previas del 100% de Madrid y Andalucía, y del 50% en Galicia).
“En su primer año de existencia, [este impuesto a las Grandes Fortunas] recaudó unos 640 millones de euros. Por otra parte, la última estadística de resultados del Impuesto sobre Patrimonio indica que la cuota del tributo en la Comunidad de Madrid procedente de las personas cuyo patrimonio supera los 2 millones de euros, obligados a declarar aunque no deban pagar por la bonificación del 100%, es de más de 1.200 millones de euros. Hablamos de menos del 1% más rico de la región, menos de 20.000 contribuyentes. Lo cual significa que si el Estado hubiese conservado la facultad de regular el impuesto, se habría recaudado, solamente en Madrid y únicamente de los patrimonios superiores a 2 millones (menos del 1% de la población madrileña) el doble de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas en toda España”, explica el experto Ricardo Rodríguez en un artículo reciente.
La competencia fiscal a la baja promocionada por la derecha embarra el debate sobre la reforma de la financiación que el Gobierno y las Comunidades Autónomas van a abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se convocará en este mes de julio, según ha confirmado la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una reforma condicionada por las exigencias de una “financiación singular” por parte de los partidos nacionalistas de Catalunya, con los conciertos de Euskadi y Navarra como modelo.
“Cuando hablamos de financiación autonómica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo financiamos la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas aquellas políticas del Estado del Bienestar que están en manos de las Comunidades Autónomas”, reflexionó Pedro Sánchez este lunes.
“Tratar de manera desigual a quien es desigual”
“Este es un Gobierno que desde hace seis años a esta parte lo que ha hecho ha sido fortalecer los pilares del Estado del Bienestar. Hemos puesto más recursos que nunca para la dependencia, por cierto, revirtiendo los recortes que infligió la derecha cuando gobernaba en el Sistema Nacional de Dependencia. En educación, por ejemplo, estamos avanzando en la universalización de la educación de 0 a 3 años. En estos seis años hemos invertido o hemos transferido para ser más exactos a las Comunidades Autónomas nada más y nada menos que 250.000 millones de euros más de media que lo que hizo el señor Rajoy cuando gobernó España”, prosiguió.
“Por tanto, hay una apuesta clara por reforzar los pilares del Estado del Bienestar que están en manos de las Comunidades Autónomas. Y hay una apuesta clara también por incorporar esas singularidades de todos los territorios al nuevo sistema de financiación autonómica. Ese es mi compromiso”, afirmó el presidente del Gobierno, quien considera que “todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades y, por tanto, tenemos que respetarlas e incorporarlas, porque eso al final también es la garantía de la igualdad. Tratar de manera desigual a quien es desigual”
La propuesta de Pedro Sánchez pasa por “una negociación multilateral”. “Bueno, es que además la Constitución te lo dice”, añadía. La financiación de cada comunidad autónoma “es distinta, aunque evidentemente tiene unos unos parámetros, digamos comunes y de ahí la multilateralidad. Pero no es lo mismo la financiación que tiene la comunidad de Asturias o de Galicia que la que puedan tener comunidades autónomas altamente densamente pobladas, como pueda ser la catalana, la valenciana o la o la madrileña. Pero bueno, es un debate que tenemos abierto. Es que desde 2010 que no renovamos el sistema de financiación autonómica. Y creo que el principal interpelado debería ser el partido que ahora mismo ostenta la mayor parte de los gobiernos, ya sea en solitario o en coalición con la otra parte”, concluyó.
Un aviso sobre una oleada de recursos de inconstitucionalidad por parte de del resto de territorios si se aprobara una “financiación singular” para Catalunya lo hace el catedrático José María Lago, en otra entrevista: “[La Carta Magna] no prevé en modo alguno sistemas de financiación específicos, más que los de Euskadi y Navarra, que habría que retocar y ajustar extraordinariamente. No podemos hacer 17 regímenes de financiación específicos para las comunidades. Evidentemente es imposible sostener un sistema de financiación en el que los impuestos, básicamente y con pequeñas diferencias sean los mismos, los contribuyentes sean los mismos, las aportaciones de los ciudadanos sean las mismas y que la financiación por habitante para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales sea distinta”.
En el pacto para la investidura de Pedro Sánchez entre el PSOE y ERC se contempló ya “una mejora significativa de los recursos públicos destinados a la ciudadanía de Catalunya”. En ese documento, firmado a finales de 2023, hay un apartado titulado “gestión singular” que da una idea de hasta dónde estaría dispuesto a llegar el Gobierno. En este pacto se recoge la necesidad de transferencias del Estado para financiar los servicios de seguridad (de los Mossos) que son competencia única de la Generalitat, a diferencia de la mayoría de las Comunidades Autónomas, al igual que ocurre con las prisiones. Asimismo, se contempla más dinero para “los nuevos órganos judiciales”, para la “investigación y desarrollo” y para becas.
Las nuevas exigencias del nacionalismo irían bastante más lejos y buscarían recaudar el 100% de los impuestos que se pagan en Catalunya y, después, transferir una parte al Estado, al estilo de los conciertos de Euskadi y Navarra. De nuevo, un 'cupo' por los servicios que presta el Estado en la Comunidad Autónoma, más otra partida para “contribuir a la equidad entre territorios”.