Trabajadores de la educación pública emplazan a las autoridades a cambiar el Programa de Alimentación
Ante la difusión del pre-informe de Contraloría General de la República en relación a supuestas irregularidades en los contratos con prestadores del Programa de Alimentación del año 2022, en que los exdirectores Jaime Tohá y Cristobal Acevedo aparecen como los principales denunciantes, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación (Fenaedup) rechazó la “primacía del lucro” que ha provocado la concentración de los convenios con ciertas grandes empresas
De acuerdo al comunicado de prensa difundido por Fenaedup, “el programa de alimentación viene hace años mostrando señales de alta vulnerabilidad y pérdida de sentido público, evidenciando una primacía del lucro que ha llevado a una alta concentración de los contratos en una decena de grandes empresas, tal como lo evidenciamos en un trabajo que realizamos con el Foro por el Derecho a la Educación Pública”.
Según la organización de trabajadores, entre 2014 y 2021, el 75% de las raciones fueron asignadas a 11 empresas.
“Las dificultades del Programa han sido materia de comisiones investigadoras, donde la institución ha debido dar explicaciones sobre diversas materias, incumplimientos, y el año 2019-2020, por más de $14.000.000.000 de multas no cobradas por Junaeb, entre otros. La falta de supervisión y control es una condición que no se resuelve ni mejora, a pesar de los diversos informes que Contraloría General de la República ha emitido año tras año, lo que demuestra la falta de voluntad política transversal para un programa con un presupuesto que supera el billón de pesos ( $1.012.932.984.000)”, acusaron los funcionarios.
La Fenaedup sostuvo que tienen “claro que esta repentina preocupación, responde a intereses de quienes los encabezan, pues mientras estuvieron en Junaeb, usaron sus cargos para profundizar aún más el enfoque privatizador y neoliberal, mejorando los beneficios para las empresas y mermando aún más las facultades y posibilidades del control institucional”.
Asimismo, la Feración relevó la importancia y la urgencia de “trabajar en una Ley de Alimentación, que impida que las administraciones de turno modifiquen según las presiones (como las actuales) las condiciones y exigencias de las licitaciones. Abrir la participación a empresas pequeñas y producción local, pues la experiencia muestra que cuando han sido parte, han prestado un servicio de mejor calidad que las grandes empresas actuales“.
“Como trabajadoras y trabajadores de la educación pública vemos con distancia cada ‘escándalo’ vinculado a este programa, pues las grandes sumas de dinero que implica hace que siempre existan sectores que se sienten perjudicados por los cambios que se hacen o los contratos que se modifican”, dice la misiva.
“Más allá de existir posibles irregularidades, las motivaciones más bien responden a intereses particulares de quienes se sienten afectados. Sin más, es posible identificar cómo ex altos directivos públicos se transforman en representantes de los intereses de empresas que prestan servicios a la institución que dirigieron”, agregaron.
Del mismo modo, desde la Federación Nacional de Trabajadores Públicos de la Educación sostienen que: “Si de verdad queremos brindar una alimentación que posibilite la igualdad de oportunidades en educación, pongamos el foco en el centro del programa. De lo contrario, seguiremos viendo cómo dependiendo del gobierno de turno se alzan voces en favor y en contra, que sin cambiar el diseño, mantienen un modelo de sentido y lógica privatizadora. Debatir sobre el presente y futuro del programa, volver la mirada a estudiantes y sus familias, para que puedan aportar en la construcción y mejora, con propuestas y control social es una tarea pendiente”.
“Disponer de un sistema de supervisión robusto, con los medios para alcanzar Jardines, Escuelas y Liceos, hasta en los rincones más extremos del país, no sólo requiere aumentar de recursos y dotación, sino ante todo, la convicción de un Estado garante”, subrayaron.
En tanto, emplazaron a las autoridades “a trabajar colectivamente para superar las dificultades que la implementación de un modelo privatizador, con sus lógicas e intereses nos ha impuesto, para levantar una política pública que mire al país y sus habitantes como principal preocupación y motivo”.