El Gobierno no concreta la fecha de su registro único de alquiler
La ministra de Vivienda pasa de barajar este año a ampliar el plazo a finales de 2025. Será gratuito y las plataformas de alquiler turístico deberán colaborar
La premura del Gobierno para poner coto al trasvase masivo desde el alquiler habitual al de temporada y turístico para esquivar la Ley de Vivienda se queda a medio gas. El Ministerio de Vivienda no termina de concretar cuándo tendrá lista su plataforma de registro único para alquileres de corta duración, temporales, turísticos, de habitaciones y de embarcaciones flotantes destinadas a vivienda, una de las herramientas para poner coto a su uso fraudulento.
«La UE nos dio de plazo hasta 2026 y nos comprometimos para tenerlo en 2025, pero vamos a intentar tenerlo antes», señaló el miércoles la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras anunciar que también modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) mediante un real decreto urgente para limitar el alquiler de temporada a causas justificables y que reformará la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de propietarios puedan vetar los pisos turísticos.
En cambio ayer, Rodríguez se mostró más prudente en cuanto a los tiempos para desarrollar este registro único de alquileres gratuito y dio de plazo al Ejecutivo hasta finales de 2025, a más tardar. Mientras tanto, se trabaja en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura.
Lo que sí llevará en breve al Consejo de Ministros será el real decreto para desarrollar la plataforma en la que deberán inscribirse los alquileres temporales y el cambio de la LAU para tener que justificarlos, apuntó en una entrevista a TVE y recogida por Ep. «Tendrán una matrícula única, porque ahora estamos viendo como el mismo alojamiento puede utilizar distintas identificaciones», señaló. Con ello, el Ejecutivo quiere aportar transparencia a los inquilinos al firmar un contrato y facilitar la persecución del fraude a las administraciones.
También tendrán que colaborar las plataformas que ofrecen este tipo de arrendamientos, que están siendo investigadas por Consumo por anunciar viviendas turísticas sin licencia. Rodríguez afirmó que será el propietario el que tenga que incorporar esos datos al registro y que las plataformas deberán chequear los datos.