El Gobierno trata de boicotear el plan de reparación de abusos de la Iglesia convocando a las víctimas 24 horas antes

«Es una guerra y tratan de utilizarnos». Es el clamor del responsable de una asociación de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica ante la convocatoria de reunión que han recibido desde el Gobierno, por parte del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Se trata de una reunión «discreta» en la Moncloa, el próximo lunes a las 12.30 horas, sin orden del día prefijado, justo veinticuatro horas antes de la asamblea plenaria convocada por los obispos, con la asistencia de de Confer, para aprobar su plan de reparación integral a las víctimas. Sin conocer los contenidos, con la urgencia con la que se ha convocado y que sea de forma anticipada a la decisión de los obispos hace pensar a las entidades de víctimas con las que ha hablado ABC que el «Gobierno pretende reunirnos sin saber nada, anunciarnos una decisión y lanzarnos después a la prensa para que la defendamos». «Se trata de una guerra entre Gobierno e Iglesia y me da rabia que nos metan en medio en vez de resolver este problema que tanto nos hace sufrir desde hace años», explican desde otra entidad, que prefiere mantenerse en el anonimato. Desde fuentes eclesiales consultadas por este diario interpretan la convocatoria, de la que dicen haber tenido noticia por alguna de las entidades convocadas, «como un intento de boicot de la decisión que el martes tiene que tomar la Asamblea Plenaria» . No es la primera vez que los planes del Gobierno se cruzan con los de la Iglesia a cuenta de la indemnización de víctimas. A finales de abril, el Consejo de Ministros ya aprobaba un plan para indemnizar a las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica con el que pretendía obligar a la institución a asumir el pago de indemnizaciones aún sin sentencia judicial. Los obispos se revelaron entonces contra la idea al plantear que «el texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado». Además, en un comunicado público, reiteraban uno de los planteamientos que llevan haciendo en los últimos meses al recordar que el plan «al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones». Sin embargo, el plan aprobado en Consejo de Ministros no deja de ser una declaración de intenciones, pues no tiene rango normativo, ni siquiera como Decreto Ley, además de que no cuenta con partida presupuestaria -no se han aprobado los Presupuestos Generales de Estado para este año- para ser llevado adelante. «Es un brindis al sol», comentan las asociaciones de víctimas, que no acaban de entender que pretende Bolaños con la convocatoria del lunes, más que anticiparse y robarle el protagonismo a los obispos un día antes de que ratifiquen su plan. Además, el Gobierno afirma tomar decisiones inspiradas en las propuestas del informe del Defensor del Pueblo, cuando en la práctica todavía no se ha cumplido el mandato. Todavía no se ha cumplido la última parte de la encomienda que implica que el informe sea presentado y debatido en un pleno en las Cortes, para tomar decisiones sobre cómo seguir adelante. Ángel Gabilondo ya ha reclamado en varias ocasiones que se le convoque para poder cerrar esa etapa. La última, a finales de abril cuando presentó ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso de los Diputados los informes anuales correspondientes a 2022 y 2023. «En 2023 finalizaron los trabajos del Informe sobre abusos en la Iglesia católica. Se presentó a la presidenta del Congreso el 27 de octubre. Mañana [por el 27 de abril] cumplimos seis meses. Hace medio año y está pendiente de ser debatido en el Pleno. No hace falta que diga nuestra disposición y nuestra voluntad de que se haga ese debate, como señala la PNL de los grupos parlamentarios al respecto», les recriminó Gabilondo a los diputados. En la práctica, los obispos llevan preparando un plan de ese tipo desde que en la plenaria de noviembre de 2023 aprobaron un «un íter de trabajo, presentado por el servicio de coordinación de oficinas de protección a menores» del Episcopado que se centra en tres líneas: la atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral. Sin embargo, en la siguiente Asamblea Plenaria, la de marzo, no fueron capaces de aprobarlo. Todo parecía indicar que el plan se retrasaría de nuevo hasta la siguiente convocatoria del órgano de decisión de los obispos, prevista para seis meses después, el próximo noviembre. Sin embargo, la llegada de Luis Argüello a la presidencia de la Conferencia Episcopal parece haber acelerado los ritmos. Así, además del gesto inicial de saludar, nada más ser elegido, a las asociaciones que protestaban en la puerta de la Conferencia Episcopal, en estos tres últimos meses, desde la Conferencia Episcopal parecen haber visto la conveniencia de aprobar cuanto antes su plan. Para ello, en primer lugar han implicado de forma directa a los religiosos, a través de la Confer, que hasta el momento habían estado en un incompresible segundo plano, puesto que la mayor parte de los casos se han dado en el ámbito de colegios religiosos. De hecho, algunas instituciones, como el Defensor del Pueblo, han manifestado estos años que la colaboración de la Iglesia era muy desigual, y mientras algunos obispos se mostraban reticentes, la Confer siempre había colaborado de forma directa. Además, se han reunido con las asociaciones de víctimas, primero con las tres que protestaban ante la sede en la plenaria de marzo y después con todas, el 21 de junio, con un planteamiento formal para presentarles el plan que pretenden aprobar el martes. Un propuesta que la cúpula de los obispos ya había presentado al Papa Francisco en su visita al Vaticano del pasado 31 de mayo, ante quien se comprometieron que estaría aprobado en los primeros días de julio. Sin embargo varias de estas entidades, precisamente las que protestaban ante la sede en el momento de la elección de Argüello y que fueron recibidas primero a título privado, plantearon una «enmienda a la totalidad» al plan de los obispos. ¿El motivo? Consideraban que no se les está teniendo en cuenta en el proceso. «Es innegociable partir desde un cimiento de transparencia, agenda y medidas concretas, [la] presencia de representantes de las víctimas en las tomas de decisión, previas y posteriores», afirmaban en un comunicado. Posteriormente también se negaron a participar en la reunión con Argüello y el presidente de la Conferencia de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego del 21 de junio, aunque siempre se han mostrado muy proclives a colaborar con el Defensor del Pueblo y a favor de las iniciativas del Gobierno en este sentido. De hecho, como su portavoz público de estas entidades suele actuar Juan Cuatrecasas, padre del abusado en el colegio Gaztelueta de Bilbao, y que fue diputado del PSOE por La Rioja y uno de los promotores de la iniciativa no de ley que propició el encargo del Congreso al Defensor del Pueblo de una investigación sobre los abusos en la Iglesia. Desde otras asociaciones de víctimas consultadas por este diario, que sí han participado en las últimas reuniones, temen que esta convocatoria del Gobierno «pretenda ahondar la brecha que se está creando entre las distintas asociaciones de víctimas». A pesar de ello, los obispos y la Confer han seguido adelante con el «Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos sexuales a menores y personas vulnerables equiparadas en derecho» (Priva) y el pasado jueves anunciaron la convocatoria de una Asamblea Plenaria extraordinaria de la Conferencia Episcopal el próximo martes 9 para aprobarlo, de forma que pueda estar ya operativo en septiembre. Para esa reunión, en la parte final, también han convocado a las asociaciones de víctimas. «Mons. Argüello y el P. Jesús Díaz Sariego OP, presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), desean compartir los temas tratados y los acuerdos adoptados, antes de su publicación», señala la convocatoria enviada por el secretario general de la Conferencia Episcopal, Cesar García Magán a la que ha tenido acceso ABC.