La exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo asegura, en un vídeo difundido por el PSOE andaluz, que el Tribunal Constitucional (TC) no le ha «amnistiado ni indultado», sino que le ha «dado la razón» en el sentido de que han sido vulnerados sus derechos fundamentales, a la legalidad penal y a la presunción de inocencia. Carmen Martínez Aguayo gozaba del tercer grado penitenciario y desde mediados de junio había dejado la prisión para acudir a dormir al centro de inserción social de Sevilla. El pasado miércoles, el Tribunal Constitucional estimó parcialmente su recurso de amparo, anulando con relación a ella tanto la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a seis años y dos días de prisión por malversación en el caso de los ERE fraudulentos financiados con fondos autonómicos. Frente a la tesis de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, ratificada por el Supremo, el Pleno del Constitucional , por siete votos a favor de los magistrados progresistas, y cuatro votos en contra, los de los magistrados del ala conservadora, ha determinado que dicha instancia de la Audiencia condenó a Martínez Aguayo por malversación sin precisar los hechos específicos que se le atribuyen y que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación porque la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de este delito. El Constitucional constata que Martínez Aguayo, «quien solo intervenía en la fase de presupuestación y no tenía participación personal en la gestión de las ayudas realizada por la Consejería de Empleo », fue condenada por malversación «sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente». Los magistrados, además, han recalcado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación. En este marco, la exconsejera ha manifiestado en el citado vídeo difundido por el PSOE andaluz que llevaba «muchos años» esperando una decisión judicial como la que ha emitido el Tribunal Constitucional al estimar parcialmente su recurso de amparo y, por eso, ha sentido alivio con la anulación de su condena. Tras todo este largo periplo judicial con la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y las sentencias de la Sección Primera de la Audiencia, del Supremo y del Constitucional, la exconsejera ha asegurado que siempre ha confiado en la Justicia y ha defendido que también siempre ha mostrado el máximo respeto hacia la misma. Precisamente por eso, y en clara alusión a los miembros del PP críticos con el pronunciamiento del Constitucional, Martínez Aguayo considera que el PP, como parte acusadora en este proceso judicial, debe tener «el mismo respeto» al Tribunal Constitucional que a las instancias que anteriormente habían «dado la razón» a las tesis acusatorias de los populares y además de la Fiscalía. Al punto, ha esgrimido que ella ha «callado» ante las decisiones del juzgado, la Audiencia y el Supremo desfavorables a sus intereses y ahora que el Constitucional «no le da la razón» al PP, corresponde que dicho partido «calle» de su lado. Tras considerar el PP que el Tribunal Constitucional está copado de exministros y altos cargos socialistas y se dedica a «hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo», buscando «borrar» la «corrupción» en el caso ERE; Martínez Aguayo ha considerado «increíble» que el PP «cuestione» al Constitucional, porque « como parte acusatoria, tiene que ser respetuoso con la Justicia tanto si se le da la razón como si no». La exconsejera Martínez Aguayo ha manifestado además que a su entender, los exdirigentes socialistas han sido sometidos, por parte del PP, a «una estrategia brutal de generar una gran mentira a sabiendas , con esa falta de moralidad, para destrozar al adversario político, considerándolo como un enemigo». Los miembros del PP que firmaron la denuncia del partido a cuenta del asunto «sabían», según sus palabras, «que lo que firmaban no era verdad», pues el PP como partido «conocía» la existencia de la partida presupuestaria 31L , que aglutinaba los fondos para las prejubilaciones de los ERE y las ayudas sin publicidad a empresas en crisis; «habían enmendado» la propia partida en el trámite parlamentario y la habían «apoyado» en el Parlamento. « Los créditos (presupuestarios) no delinquen, son cosas neutras », ha dicho la exconsejera de Hacienda. Tal extremo le ha llevado a mostrar su convicción de que «el PP está totalmente echado en la ultraderecha de Vox» porque en los últimos tiempos ha «evolucionado» hacia el «odio» al PSOE y a sus miembros. En paralelo, ha alertado de que los populares «mienten» al atribuir insistentemente a los antiguos dirigentes socialistas de la Administración andaluza un «robo» en este caso, esgrimiendo que ni la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la causa, ni la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria ni el Supremo al desestimar sus recursos de casación, ni tampoco el Constitucional, les han achacado ninguna acción de «robar» dinero público. « Nunca hemos cogido un euro. Somos servidores públicos honrados », ha asegurado. Es más, ha asegurado que la Junta de Andalucía «sigue pagando euro por euro» las prestaciones de cerca de 6.500 personas prejubiladas mediante los ERE financiados por la Administración andaluza mediante el mecanismo enjuiciado, pesando eso sí la detección de 126 personas que no tenían derecho a obtener ayudas, los conocidos como «intrusos» al no pertenecer a las plantillas de las empresas promotoras de los despidos colectivos en cuestión. Finalmente, la exconsejera expone en este vídeo que su familia ha «sufrido mucho y lo ha pasado muy mal» por todo lo que ella ha afrontado en todos estos años, especialmente el año y medio que ha pasado en prisión, si bien ha defendido que salió de la cárcel «tan inocente» como entró en ella y «con la cabeza tan alta» como antes.
