Enemigos jurados y jurados enemigos
En la víspera de la despedida, que deberá formalizarse en el último minuto del treinta de septiembre próximo, la administración saliente deja, como herencia sucesoria, algunas papas calientes a quienes deberán continuar con su legado transformador.
A escasas semanas de que concluya su mandato, el gobierno federal ha puesto en marcha toda la maquinaria del Estado para impulsar una serie de reformas constitucionales y legales que, indubitablemente, serán aprobadas en la próxima legislatura, en la que tendrá mayoría calificada el movimiento regenerador.
La parafernalia argumentativa que se ha diseñado mediante foros de discusión representa, en la práctica, un mecanismo legitimador de una decisión ya tomada que sellará el destino de la República en los años venideros y puede acarrear toda suerte de antagonismos, tanto en la convivencia interna como en las relaciones con el exterior, dadas las implicaciones jurídicas, políticas, económicas y sociales de las pretendidas reformas que se traducirán en facultades omnímodas del Ejecutivo, sin frenos ni contrapesos reales.
Las iniciativas reformadoras, apoyadas mediáticamente desde distintos espacios, merman sensiblemente la calidad de la discusión, en los que la diatriba lapidaria y los señalamientos de corrupción y privilegios campean, particularmente en lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, desluciendo los razonamientos y la solidez de la argumentación.
La narrativa descalificadora generada desde Palacio en contra de los togados ha cobrado fuerza y se percibe como una revancha de despedida por los agravios del pasado y que, aprovechando el impulso, allana el camino a la sucesora en la ardua tarea de conducir los destinos nacionales.
Y ya entrados en gastos con los mensajes de despedida, no podrían faltar aquellos destinados a “los enemigos jurados del gobierno”, como han sido catalogados algunos personajes por el flamante jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera. Las investigaciones de esta entidad gubernamental, cuya función fundamental es la prevención del lavado de activos, enderezadas en contra de un conocido medio de comunicación, han sido divulgadas con lujo de detalles, con la evidente intención de exhibir actos de corrupción de ese consorcio, aun cuando la investigación no haya concluido.
El proceso de transición está en marcha. Los nombramientos de quienes encabezarán las secretarías de Estado se dan a conocer paulatinamente en un marco de formalidad institucional, pero, de manera inusual, en comparación con otros periodos similares, quien prepara maletas para abandonar la modesta morada que le ha cobijado los últimos seis años, sigue haciendo travesuras.