“Ya existe la prueba de que la señora Fujimori tiene conocimiento de que ese dinero es ilícito”.

El fiscal José Domingo Pérez afirma que si no ocurre nada raro durante el juicio oral que empezó el lunes primero de julio, habrá una condena en contra de los acusados. 

El lunes primero empezó el juicio oral por el “Caso Cócteles” contra Keiko Fujimori y otros. El fiscal, José Domingo Pérez, estuvo a cargo del alegato inicial. En la siguiente entrevista, responde a varias de las interrogantes que quedaron flotando luego de su presentación.

¿Cómo afectará a su desempeño como fiscal en el juicio que acaba de iniciar la revocación por mandato judicial de la colaboración eficaz de Jorge Barata? Entiendo, luego de escuchar al doctor Rafael Vela, que piensan usar las declaraciones ofrecidas en Brasil. ¿Es correcto?

La revocatoria de los beneficios de Jorge Barata fue a solicitud mía como fiscal de la colaboración por el incumplimiento a presentarse en el juicio oral contra Ollanta Humala y otros, en el juzgamiento que debe concluir este año. Hay que tener presente que Barata cambia de defensa días antes, pone en su representación al abogado César Nakasaki y modifica su posición con relación a colaborar con la justicia.

Usted anunció a Barata.

Porque cuando hago esta presentación no tenía conocimiento de la revocatoria. Si bien la solicité, el juez recién la ha notificado al día siguiente. El señor Barata tiene que ser citado y esperaremos su respuesta luego de que que la cooperación judicial internacional lo emplace a que concurra. Si no va, se podrá dar lectura o visualizar y escuchar las declaraciones que ha realizado en la fase de la investigación. No hay que olvidar un detalle del caso Metro de Lima…

PUEDES VER:

https://larepublica.pe/politica/2024/07/03/jose-domingo-perez-estos-son-sus-primeros-alegatos-en-la-acusacion-contra-keiko-fujimori-y-fuerza-popular-33672

¿Cuál?

Ante jueces peruanos Barata señaló que aportó a la campaña de Keiko Fujimori un millón de dólares. Esa declaración puede ser perfectamente utilizable en el caso de los cócteles.

¿Las declaraciones en Brasil también se pueden utilizar?

También se pueden utilizar.

Con la noticia de la revocación de la colaboración eficaz de Barata han empezado a recrudecer cuestionamientos sobre la utilidad del acuerdo con Odebrecht. La principal queja es que ha terminado favoreciendo a la empresa más que al propio Estado peruano. ¿Qué tanto ha servido para este caso?

Tenemos personas que, a partir de la colaboración de los distintos funcionarios de la empresa Odebrecht, se han declarado culpables anticipadamente ante la justicia peruana y han declarado y brindado información. El mensaje a todos esos colaboradores eficaces es que, en caso incumplan sus obligaciones con la justicia peruana, las consecuencias van a ser las que tiene en este momento el señor Barata: de ser próximamente un acusado de la justicia peruana.

Pero no lo van a poder extraditar a Barata, ¿no?

Vamos a solicitar todas las medidas que sean necesarias. Voy a hacer una precisión. Cuando el señor Barata se va del país, los fiscales que estaban en el equipo especial no eran ni Rafael Vela ni José Domingo Pérez. Nosotros recibimos el equipo especial cuando Barata se había ido del Perú y ya estaba en Brasil. Lo que hemos buscado es llevar un acuerdo de colaboración eficaz para que nos puedan entregar toda la información y las pruebas necesarias. El resultado es una condena en el caso Lava Jato, un número importante de personas que han reconocido su culpa y responsabilidad, una reparación civil que es una de las más altas en la historia del país y aparte estamos en pleno juzgamiento de casos muy importantes.

¿Ni usted ni Vela lo hubiesen dejado salir? ¿Eso es lo que me quiere decir?

La responsabilidad es del fiscal que estuvo a cargo en ese momento, en el año 2017, inicios de 2018. Esos abogados, esas personas que salen a señalar que nosotros tenemos la responsabilidad de que el señor Barata se haya ido del país y se haya llevado sus bienes… es absolutamente falso.

¿Cuántos testigos va a presentar la Fiscalía en el juicio?

Es un número importante. Lamentablemente he visto mucha desinformación respecto a que este va a ser un juicio eterno, largo por la cantidad de testigos.

Largo va a ser.

No va a ser un juicio corto. Pero tampoco va a ser un juicio eterno. Hay que tener en cuenta que un gran número de testigos son falsos aportantes, es decir aquellas personas a las que se utilizaron para que dieran su nombre sin haber realizado un aporte. La declaración de estas personas en juicio demorará de 15 a 20 minutos. No hay más preguntas que realizarles porque niegan haber realizado esas aportaciones. También va a depender mucho de la voluntad de los jueces y del Poder Judicial. Habilitar dos sesiones por semana, de 9 a 1 de la tarde, me parece que no es suficiente. Lo entiendo porque los jueces tienen mucha carga.

¿Cuántas sesiones a la semana pediría?

Pediría que quienes tienen el mandato ejecutivo y administrativo en el Poder Judicial puedan darles las condiciones a los jueces para que lleven un juicio oral más allá de dos sesiones por semana, en lugares o ambientes en los cuales se puedan organizar sesiones presenciales.

¿Pero cuántos testigos serían? He escuchado varias cifras.

No tengo el número exacto. Sí es un número importante. Muchos son falsos aportantes.

Han criticado su alegato porque fue demasiado político. No son mis palabras. Por ejemplo, ¿era necesaria la apelación Alberto Fujimori o buscaba un golpe de efecto?

El alegato apertura es consecuencia de la acusación, que ha sido sometida al control y conocimiento del juez y de las partes. Es decir, tenían conocimiento. La alegación a Alberto Fujimori no era desconocida para ellos. La acusación tiene una parte de antecedentes. En lo que viene a ser la imputación por crimen organizado y la presentación de lo que es la estructura criminal dentro de Fuerza Popular, se hace un desarrollo de cómo se han utilizado diversas instituciones partidarias o figuras de partidos políticos para realizar distintas actividades criminales. Por eso se mencionó a Cambio 90, Perú 2000, hasta llegar a la agrupación política que llevó a la señora Fujimori al Congreso en el 2006. Además, que los acusados han tenido una participación en el gobierno de Alberto Fujimori.

¿Ha tratado de demostrar que esta presunta organización criminal ha tenido presencia en el tiempo a lo largo de varios años? ¿Esa es un poco la figura?

Que hay una voluntad criminal sostenible durante muchos años, que se utilizan las elecciones como mecanismos o vehículos para obtener poder y que a través del poder se busca la realización de todas esas actividades delictivas y entorpecer las acciones de la justicia con el objetivo de obtener impunidad. En buena cuenta, es el recuento de todo lo que se ha conocido en los años noventa y que se traslada hasta la fecha.

Su alegato ha estado lleno de datos y cifras. A estas alturas es claro que hay cómo probar que se creó una estrategia para “pitufear” dinero entre aportantes fantasmas o recurriendo a actividades fantasmas, como los cócteles o las rifas. Lo que muchos se han preguntado es cómo se puede dar el salto para decir que eso es lavado de activos. Se argumenta que Fujimori tendría que haber sabido que el dinero provenía de una fuente ilícita. ¿La Fiscalía está en condiciones de acreditar eso?

Sí. Mire, no solamente hablemos del caso de Odebrecht. A veces piensan que   atacando a la empresa van a demostrar que no hubo delito. Nosotros también hablamos de que ha habido fraude en la administración de personas jurídicas de representantes de empresas, como Dionisio Romero, el grupo Rassmuss, la Confíep. Realizan la siguiente modalidad: comienzan a disponer del patrimonio de estas personas jurídicas, que no es el patrimonio de ellos, eso quiero que quede claro. No es el patrimonio de Dionisio Romero, que se mete la mano al bolsillo y saca su dinero y dice “yo voy a hacer un aporte a Keiko Fujimori”. No, no es eso. Lo que él hace es defraudar a la persona jurídica a la que representa…

¿El banco?

Al banco, a sus accionistas, a sus clientes, a las entidades que fiscalizan, al propio Estado en general. Defrauda y hace esos retiros y los entrega a la señora Fujimori en efectivo, en distintas fechas, cuando ella era congresista de la República. Entonces, acá ya existe la prueba de que la señora Fujimori tiene conocimiento de que ese dinero es ilícito o proviene de una fuente ilícita. ¿Por qué? Porque no se lo están entregando de manera bancarizada. No se le están entregando por los medios que señala la ley, o lo que tendría que ser usual. Ya existe por tanto el conocimiento de que ella está recibiendo algo ilícito porque, además, luego de que lo recibe dispone que este dinero se fraccione, se “pitufee” y pueda ingresar al partido por distintos montos pequeños para que no sean fiscalizables por el tema de las normas de prevención del delito de lavado activos. Se da todo el procedimiento para convertir ese dinero sucio en los aportes de Fuerza Popular para solventar su campaña política.

Entiendo el argumento. Es decir, en la tesis de ustedes es un dinero que se entrega sin bancarizar, por fuera, sin rendir cuenta al banco ni los accionistas. ¿Eso hace que el origen del dinero sea ilícito? Porque cuando uno piensa en dinero de origen ilícito, se imagina más actividades como el narcotráfico, la minera ilegal, entre otras.

Ese era el pensamiento de César Hinostroza Pariachi cuando sacó una casación y estableció que solamente los delitos con penalidades graves pueden dar origen a la actividad criminal o al delito fuente en los delitos de lavado de activos. Se trajo abajo todo un proceso porque la fuente originaria del delito era el fraude de la administración de personas jurídicas. Lo que quiero que usted pueda entender –y espero ser bastante didáctico al respecto– es que no es el dinero del señor Dionisio Romero. Es el dinero de otra persona que está constituida por sus accionistas, por sus clientes, que tiene controles con el Estado, con la SBS. Es decir, le están robando el dinero a esa empresa para dárselo a una candidata, a una campaña política, lo que está expresamente prohibido en la ley del sistema financiero bancario. Las entidades financieras –solamente para hablar de este caso– no auspician, no patrocinan a partidos políticos. Eso está prohibido por ley.   Si es que ellos hubieran creído que esto no era delictivo…

¿Lo hubieran bancarizado?

Lo hubieran bancarizado, desde luego.

En un momento de su alegato dijo que Dionisio Romero Paoletti bajó a la bóveda de su banco para retirar 17 veces dinero en efectivo por 3 millones 650 mil dólares y que, bolsa en mano, se lo entregó a Keiko Fujimori. Se lo menciono porque escuché al abogado y exprocurador José Ugaz en una entrevista en Canal N y afirmó que esa versión era falsa.

Bueno. Espero que el doctor José Ugaz, si se está presentando públicamente como abogado del señor Dionisio Romero…

Explicó que él lo acompañó a dar su declaración.

No sé con qué legitimidad el señor José Ugaz ha salido a los medios a presentarse y señalar una afirmación que la tiene que hacer el señor Romero en juicio oral.  Esperemos por la justicia del país que personas como el señor Dionisio Romero y en general todos los testigos que han declarado en la Fiscalía declaren en juicio oral y que no haya mecanismos por los cuales se procure que los testigos no declaren o digan situaciones distintas o falsas.

También señaló que Romero Paoletti testificará para explicar cómo le entregó a Keiko Fujimori y José Chimpler dinero en maletines sin bancarizar a cambio de beneficios. Esa fue la palabra que utilizó. ¿Romero Paoletti se va a auto incriminar de esa forma?

Bueno, si el señor Dionisio Romero Paoletti va a juicio oral y desea guardar silencio porque de su manifestación puede surgir responsabilidad penal, es una decisión que él tendrá que evaluar con su defensa. Lo cierto es que, si no desea declarar, tengo sus declaraciones previas brindadas en la investigación que pueden ser confrontadas, utilizadas y encaradas. Eso es lo que establece nuestro ordenamiento procesal penal. Los testigos tienen la obligación de presentarse a juicio y declarar de acuerdo con la verdad, con la excepción de que si de su declaración –creen ellos– puede surgir responsabilidad penal. Ahí tienen la opción a guardar silencio.

Calculan en la Fiscalía que Keiko Fujimori recibió unos 18 millones de dólares entre las campañas 2011 y 2016. Sin embargo, no declaró todo eso en gastos de campaña. Eso hace suponer que habría varios millones de los que no se conoce su destino. ¿Se han propuesto investigar eso?

Se está investigando la campaña del 2021, se siguen investigando algunas adquisiciones más de Mark Vito. Entiendo que todas estas aristas que usted me menciona continúan en investigación en otros casos.

Quizás eso haría que el caso sea más sólido.

Bueno, yo considero que el caso está sólido y esperamos que haya una condena. Es la expectativa del Ministerio Público. Esta es una situación similar a la del expresidente Humala, el Partido Nacionalista y otros. De haber una condena en ese caso hay una alta probabilidad, con las reservas correspondientes, de que también podría haberla en este. Es la misma modalidad. Por primera vez se ha llevado a la justicia peruana estas modalidades criminales de introducir a las campañas políticas dinero de procedencia ilícita. Por primera vez la justicia peruana va a determinar si esto que la Fiscalía está poniendo en conocimiento de los jueces es delito.

Rescato de su presentación que revela bien esta superposición entre actores privados, poderosos económicamente, y el poder político. ¿Qué piensa de eso? Si el partido es una organización criminal, ¿los empresarios que dieron el dinero qué son?

Técnicamente han sido ofrecidos como testigos y espero que cumplan son su obligación. Le digo algo: el dinero ya no se entrega en una salita de muebles encuerados, ya no. Ahora se lleva en maletines, en bolsas, a los distintos medios para que puedan finalmente tener una adhesión a esta estructura criminal, que el Ministerio Público ha acusado y de la que había solicitado su disolución y liquidación. Lamentablemente, el Congreso actual ha dado una ley que evita que haya una sanción contra estas organizaciones que emplean una estructura partidaria para cometer sus crímenes. Espero que el Poder Judicial, como lo viene haciendo últimamente, sea ese baluarte que impida que se destruya el estado de derecho y que se puede encontrar justicia en nuestro país. Esa es la expectativa que yo tengo.

¿No siente que le ganó un poco el entusiasmo por momentos? Quiero decir, todo lo que ha dicho que ocurrirá, ¿está en condiciones de afirmar que efectivamente así será?

Sí. Ha sido el alegato de apertura que presenta la Fiscalía haciendo el ofrecimiento probatorio a los jueces. Es todo lo que se ha actuado en la investigación y es todo lo que esperemos suceda en el juzgamiento. Claro, si es que no entorpecen, no obstruyen, no amenazan, no coaptan, no modifican leyes, no modifican al tribunal, no buscan sacarme de la Fiscalía. Si nada de eso ocurriera, creo que va a haber una condena contra los acusados.