Municipalidades presentan acciones de inconstitucionalidad contra decreto de Rodrigo Chaves
Ayuntamientos reclaman violación de principios constitucionales, ya que el gobierno pretende trasladarles vía decreto la atención de 3.000 kilómetros de carreteras sin presupuesto suficiente.
Cuatro municipalidades presentaron ante la Sala IV acciones de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 44263-MOPT, publicado en setiembre del 2023 por el presidente Rodrigo Chaves Robles y el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, el cual entra en vigencia el próximo miércoles 10 de julio.
Se trata de un decreto que redefine cuáles son las vías nacionales, bajo responsabilidad del gobierno, y cuáles son las cantonales, bajo tutela municipal.
Los accionantes son los ayuntamientos de San Ramón, Aserrí, Sarapiquí y Abangares. La acción de este último municipio ya fue cursada y la Sala Constitucional dio audiencia a la Procuraduría General de la República (PGR); al ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla; y a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández.
Según los alcaldes, este decreto es parte del plan del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para aumentar la cantidad de kilómetros de la red vial que atienden las 84 municipalidades del país.
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) se han pronunciado en contra de la iniciativa, y reclaman que el traslado de rutas hacia los municipios se haría sin darles los recursos presupuestarios necesarios para atender los 3.071 kilómetros de vías tanto terciarias como secundarias.
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La Nación tuvo acceso a la acción presentada por el alcalde de Abangares, Javier Bogantes Castro, el pasado 24 de junio, en representación de ese ayuntamiento guanacasteco. El reclamo fue cursado bajo el expediente 24-016409-0007-CO.
Bogantes alegó que el decreto firmado por Amador y Chaves transgrede el artículo 170 de la Constitución Política, el cual establece que las corporaciones municipales son autónomas. Asimismo, el alcalde argumentó que se violentan los principios constitucionales de reserva de ley, razonabilidad y proporcionalidad.
“La normativa se impugna porque define nuevas condiciones, tanto para la red vial nacional como para la red vial cantonal, de tal forma que, de manera tácita, transfiere vía decreto más de 3.000 kilómetros de red vial a las municipalidades, sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales y sin el traslado de recursos para poder cumplir con las responsabilidades”, detalla la acción presentada.
Según el alcalde de Abangares, realizar la transferencia de la atención plena y exclusiva de una parte de la red vial nacional es darle una nueva competencia a los municipios y, por lo tanto, debe hacerse mediante un proyecto de ley.
Asimismo, adujo que el MOPT pretende rehuir de sus responsabilidades legales y constitucionales. Aseguró que el ministro Batalla ha manifestado esa intención, al reconocer que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no tiene recursos suficientes para atender la red vial nacional.
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“Deshaciéndose de 3.071 kilómetros, quedarían con alrededor de 4.908 kilómetros. Por el contrario, los gobiernos locales que hoy administran un 83% de toda la red vial del país, sumarían 3.071 km de rutas nacionales a los 38.032 km que ya les corresponden”, indica el recurso presentado.
La ANAI confirmó a La Nación que más ayuntamientos se preparan para presentar acciones de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial, aunque no precisó cuáles ni cuántas, ya que la propuesta aún debe ser aprobada por los respectivos concejos municipales.
De acuerdo con el ministro Batalla, el objetivo del gobierno es transferirle a los ayuntamientos la responsabilidad de atender rutas que no son primordiales o de importancia estratégica, como sí lo son las vías que llevan a puertos, aeropuertos y fronteras.
La Nación constató que el jerarca realizó una reunión virtual con los alcaldes el pasado viernes 21 de junio. El ministro confirmó que pretendía explicarles el porcentaje de dinero que se les trasladará, la cantidad de kilómetros de carreteras que atenderán y cómo se hará el proceso de entrega de los caminos.
El alcalde de Río Cuarto, José Miguel Jiménez, que participó en la reunión con el ministro, indicó que ofrecieron otorgarles a los ayuntamientos un 12% de lo que se recauda con el impuesto único a los combustibles aunque, según datos de la UNGL, Conavi tiene asignado un 21,75% de ese tributo para atender las vías que ahora pretende trasladar.
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El ministro Mauricio Batalla aseguró, el pasado 19 de junio, que el decreto ejecutivo 44263-MOPT tiene como fin establecer cuáles carreteras del país son de interés estratégico para el Ejecutivo y cuáles no lo son. A partir de ese documento, decidirán cuáles vías se delegan a los ayuntamientos.
Su posición difiere del análisis realizado por la ANAI y la UNGL. Estas organizaciones aseguran que el decreto del MOPT pretende realizar el traspaso de carreteras de forma inmediata, lo cual violenta los artículos 170 y 171 de la Constitución Política y la Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades.
Por esta razón, la UNGL, la ANAI y las federaciones municipales enviaron una carta al presidente Rodrigo Chaves, el pasado 21 de junio, en la cual le solicitaron derogar el decreto. Dieron al Poder Ejecutivo hasta el 30 de junio para responder a sus peticiones, sin embargo, hasta el 4 de julio, no obtuvieron respuesta.
El pasado viernes 21 de junio La Nación le consultó al MOPT cuáles fondos se trasladarían a las municipalidades, de dónde se obtendría este dinero, el monto aproximado y el porcentaje que representa respecto al total de fondos que se destinan a infraestructura vial. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a esas consultas.
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Posteriormente, el viceministro de Infraestructura y director ejecutivo del Conavi, Efraím Zeledón, declaró que el proyecto no es nuevo, sino que se trabajó desde la administración de Luis Amador (anterior jerarca del MOPT) con los anteriores alcaldes. Agregó que se hizo una consulta pública pero solo dos personas expresaron su descontento.
“Es algo que se venía trabajando, no es como tal vez se ha malinterpretado, que el Ministerio quiera meter un gol o una cosa así, realmente no hay una mala intención. Muchas municipalidades tienen la idea de que en el decreto viene una lista de rutas que van a ser automáticamente trasladadas, eso no es correcto. El decreto solo establece los parámetros para definir cuáles rutas no forman parte de la red estratégica y podrían ser trasladadas a la red vial cantonal”, declaró Zeledón.
“Se ha hablado con muchos alcaldes que son conscientes de que en este momento, por limitaciones presupuestarias, el MOPT y el Conavi no pueden asumir rutas que para nosotros no son estratégicas. A nosotros se nos dificulta mucho atenderlas. Muchos alcaldes lo ven como algo positivo porque pueden definir cómo atender las rutas”, agregó el viceministro.
Finalmente, Zeledón indicó que bajo la legislación actual no existe un marco regulatorio que permita trasladar rutas nacionales a cantonales, y que este decreto abriría esa posibilidad.
