ABC, 23 de septiembre de 1962. 'Han sido detenidos los organizadores y autores de los recientes actos terroristas' , anunciaba el titular. A continuación, la noticia explicaba: «Utilizando todos sus medios de agitación, la organización clandestina del Partido Comunista, ayudada fuertemente desde el exterior, ha planeado y realizado, a lo largo de la primavera y el verano, actos de terrorismo que tenían como objetivo quebrantar la moral publica, frenar el creciente desarrollo de nuestra economía y debilitar el prestigio de nuestro país en el exterior, a fin de retraer el turismo y las inversiones de capital extranjero». Este diario se refería, sobre todo, a la bomba colocada en el Valle de los Caídos por dos miembros de Defensa Interior, una organización terrorista anarquista que intentó acabar con la dictadura y la vida del mismo Francisco Franco en los años de apertura del régimen. Con este objetivo, cometieron otros atentados en España y ciertos puntos de Europa entre 1962 y 1963, aunque sobre el papel su historia se prolongó hasta 1965. El saldo de víctimas fue relativamente bajo, un muerto y 35 heridos, aunque hubo otras colaterales como la que vamos a contarle a continuación. La citada bomba en la basílica del Valle de los Caídos fue detonada el domingo 12 de agosto de 1962. Según ABC, el artefacto había sido ocultado «bajo uno de los bancos destinados a los fieles, que están cerca del Altar Mayor y próximos a la capilla del Santísimo». La matanza podría haber sido de dimensiones históricas, pero la carga estalló «poco después de terminada la misa que se celebra los días festivos a las seis de la tarde», explicaba este diario dos días después. Los autores materiales del sabotaje habían sido el perito electricista Antonio Martín Bellido y el anarcosindicalista francés Paul Desnais. Sin embargo, a quien se detuvo por aquellos hechos no fueron estos dos miembros de Defensa Interior, sino a Francisco Sánchez Ruano, que el mismo día de los hechos estaba visitando el lugar con unos amigos extranjeros. El arrestado tuvo la mala suerte de que las Fuerzas de Orden Público (FOP) encontraron propaganda antifranquista en su casa. Con eso bastó para que fuese condenado a 28 años de cárcel, en un error policial y judicial que todavía intentó subsanar 44 años después. Sánchez Ruano pasó 11 años en prisión tras aquel atentado sin víctimas en el Valle de los Caídos en el que no participó ni del que tenía la más remota idea de que se iba a perpetrar. Es cierto que pertenecía a un grupo anarquista, algo considerado delito durante la dictadura, y que estaba en la Basílica franquista el día del ataque, pero lo más grave que había hecho en su vida era repartir algunos panfletos inofensivos. Sin embargo, aquella combinación de factores fue nefasta para él y tuvo que cumplir aquella injusta condena. Según informaba 'El País' , en 2004 aparecieron los verdaderos culpables del atentado, Martín y Desnais, que vivían en Francia, y reconocieron su autoría. «Fuimos nosotros», le confesaron entonces a Sánchez Ruano, durante un encuentro en París al que asistió el diario de Prisa. Ninguno se planteó entregarse para que liberaran al inocente. «No arreglaba nada. Nunca lo habrían soltado. No me arrepiento. Son cosas que pasan en una guerra. Yo en ese momento pensaba en otras acciones», reconoció Martín. Al año siguiente, de hecho, volvió a poner otra bomba, esta vez en la Dirección General de Seguridad. También logró huir y también culparon a otros del atentado: a Francisco Granado y Joaquín Delgado. Ellos dos tuvieron menos suerte, pues fueron condenados a muerte y ejecutados con garrote vil. Durante su encuentro en la capital francesa , los tres pidieron al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que se revisara aquel consejo de guerra del franquismo. Más tarde, incluso, acudieron a la sala de lo militar del Tribunal Supremo, pero este lo rechazó en un auto fechado el 26 de enero de 2006. Según explica Gaizka Fernández Soldevilla en su artículo 'Víctimas de Defensa Interior. La violencia anarquista contra la dictadura y sus consecuencias (1962-1965)' (Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo), la Guerra Civil y la represión franquista fueron devastadoras para el movimiento libertario español. En ese momento estaba compuesto por la CNT, la FAI y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (FIJL). No obstante, en los años 40, lograron reorganizarse y cometieron algunos actos de violencia. A mediados de la década siguiente, cuando se hizo evidente que la dictadura se había afianzado, la CNT renunció a la «acción directa». El anarquismo español atravesaba una profunda crisis y se encontraba dividido en dos facciones: una ortodoxa y otra posibilista. «Para acabar con el cisma, entre agosto y septiembre de 1961 se celebró el II Congreso Intercontinental en Limoges, Francia, donde se decidió reunificar la CNT y constituir una alianza con el sindicato socialista UGT y el nacionalista Solidaridad de los Trabajadores Vascos (STV). También se aprobó un dictamen reservado: la creación de Defensa Interior», recuerda Fernández Soldevilla. Defensa Interior dependía de una comisión formada por los secretarios de CNT, FAI y FIJL, pero en realidad estaba impulsada por los más jóvenes, por los hijos de anarquistas exiliados. Recuperaron antiguos depósitos de armas y explosivos que la Resistencia francesa había escondido tras la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del material, sin embargo, estaba defectuoso, por lo que también se recurrió a la compra de armamento a traficantes en el mercado negro. Y en mayo de 1962, acordaron perpetrar sus primeros atentados. Entre esa fecha y junio de 1963, cerca de 40 artefactos estallaron tanto dentro como fuera de España. Sus objetivos eran variados: el Vicariato General Castrense, sucursales bancarias, colegios mayores, la casa consistorial de Valencia, delegaciones del Instituto Nacional de Previsión, oficinas del sindicato vertical, postes de la línea eléctrica, la carretera al Palacio de Ayete, sedes de periódicos, el Gobierno militar de Guipúzcoa, aviones de Iberia y el Valle de los Caídos, entre otros. La prensa responsabilizó al DRIL de algunas de las bombas, cuando no a comunistas, como fue el caso de ABC, pero fueron colocadas por Defensa Interior. «En realidad, el atentado del Valle de los Caídos no era más que una forma de desviar la atención de las autoridades mientras, en San Sebastián, otro comando llevaba a cabo su plan más ambicioso: matar a Franco», advierte Fernández Soldevilla en su artículo. Desde la perspectiva libertaria, era una acción que podría ser decisiva. Miembros de ETA trasladaron los explosivos por la frontera hispanofrancesa, pero allí terminó su papel en una operación que fue diseñada y ejecutada por Defensa Interior. Los anarquistas colocaron una bomba de unos veinte kilogramos en la cuneta de la cuesta de Aldapeta, en la carretera de San Sebastián a Hernani, para hacerla estallar cuando el dictador subiese al palacio en el que pasaba parte de sus vacaciones. Sin embargo, aquel año Franco retrasó su llegada a la ciudad y la batería se estaba agotando, por lo que el comando decidió detonar el artefacto el 19 de agosto. Según la crónica de ABC, «los daños materiales se redujeron a la rotura de algunos cristales de una villa particular y de un noviciado de monjas en las proximidades del solitario lugar». Horas más tarde, se produjeron explosiones en las sedes de los diarios 'Ya', 'Pueblo' y 'La Vanguardia Española'. Dos empleados de este último periódico resultaron heridos. La Policía arrestó a miembros de ETA y del FLP (Frente de Liberación Popular) que, realmente, no habían tenido nada que ver. En septiembre de 1962, las FOP detuvieron a militantes de Defensa Interior, que fueron acusados de las bombas de aquel verano, aunque cometieron el grave error de incluir en el saco a Francisco Sánchez Ruano. Para presionar contra una posible condena a muerte contra este y los otros encarcelados, el 28 de septiembre un grupo anarquista italiano secuestró al vicecónsul honorario general de España en Milán. El rehén recobró la libertad a los cuatro días y la condena se quedó, en el caso de nuestro protagonista, en los citados 28 años. Fue este atentado contra el Valle de los Caídos el que inspiró a Antonio Ruibérriz a publicar su reciente novela, 'Operación Filisteos' (Almuzara, 2024), en la que narra el «oscuro plan» de hacer saltar por los aires el monumento el día de su inauguración, que tuvo lugar en abril de 1959. «Por lo visto, el atentado de 1962 fue para llamar la atención de la Policía y derivarla hacia Madrid, en vez de a San Sebastián, que era donde Franco iba a pasar el verano. Así estaría más desprotegido para atentar contra él. Por lo visto, llegaron a poner una bomba en la carretera por la que tenía que pasar en un día concreto, pero al final retrasó sus vacaciones y los anarquistas la tuvieron que hacer explotar porque se acababa el tiempo del cronómetro que habían puesto», contaba el autor a ABC hace un mes. «Cuando la CNT colocó aquel explosivo dentro de la basílica y dañó el edificio en 1962, ni siquiera hubo heridos. La Policía franquista detuvo al supuesto responsable, un chaval que había ido de visita al monumento con unos amigos y, cuando se produjo la explosión, salió corriendo y lo trincaron. En la investigación posterior descubrieron que pertenecía a alguna célula anarquista, pero no tenía nada que ver con el atentado. Total, que el pobre hombre estuvo 11 años en la cárcel siendo inocente», confirmó Ruibérriz.
