Más allá de la crisis de los menas, en España falta una política migratoria que corresponde establecer (artículo 149 de la Constitución) al Gobierno . Establecer significa marcar las pautas y negociar su aplicación con las autonomías, y hasta ahora no se conoce lo que el Ejecutivo ha hecho en ninguno de los dos aspectos salvo dar bandazos (del Aquarius a las ilegales devoluciones masivas en Ceuta) y palos de ciego. Las competencias sobre el asunto, que afectan a la protección de fronteras, derecho de asilo, permisos de residencia, requisitos de nacionalidad y régimen de estancia de los extranjeros, están desperdigadas en cinco ministerios, más las comunidades que prestan algunos de los servicios directos como esos centros de acogida que...
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