Representantes de las dieciocho comunidades autónomas y del Ejecutivo estatal se han reunido este miércoles en Santa Cruz de Tenerife para abordar, en una cumbre, el reparto de menores migrantes no acompañados que propone el Estado a través de la reforma de la Ley de Extranjería. Se trata de ubicar, este año, a un cupo de 347 niños y niñas; según la propuesta inicial, 26 de ellos –de Canarias y Ceuta– se irían a Galicia, quinta comunidad que mayor número acogería. Y así será, al menos en lo que a la comunidad gallega respecta, después de que la Xunta emitiese su voto a favor; eso sí, la aprobación afectará solamente a la citada cifra, que ya estaba sobre la mesa, y no a la viabilidad que pueda tener la reforma, que deberá ser aprobada en las Cortes. El presidente autonómico, Alfonso Rueda, ya había adelantado esta semana que Galicia daría una bienvenida «solidaria» al flujo de migrantes, pero acompañó su anuncio de una advertencia al Gobierno central: su administración exigiría que el proceso de acogida se desarrollase bajo unas «condiciones adecuadas». Véase, ofreciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez a las comunidades «recursos económicos» y estableciendo unas «reglas de actuación» comunes –Rueda incluso lanzó al aire la puesta en marcha de un sistema para, por lo menos, «regular» que se produzcan «avalanchas en el futuro»–; especialmente, cuando el texto de la reforma, al que tuvo acceso Europa Press, no recoge –en principio– ninguna dotación económica para llevar a cabo el nuevo sistema de reparto, que se deberá producir siempre que exista una sobreocupación del 150% sobre el total de plazas disponibles en el sistema de protección oficial. Porque el germen de la problemática está en la saturación que experimentan Canarias, Ceuta y Melilla. Actualmente, hay 2.000 espacios disponibles en toda la comunidad canaria; por tanto, habiendo 3.000 personas que las necesitasen ya se estaría determinando la existencia de sobreocupación, y tal escenario ya se produce en estos momentos –en el caso de Ceuta, las mismas cifras son 88 y 132, y, en Melilla, 166 y 249–. De vuelta a Galicia, los 26 menores que acaba de aceptar la Comunidad se sumarán a los 28 que la Comunidad aceptó recibir de Canarias en 2023, por los que todavía se encuentra a la espera y con los que entonces ya completaba todas las plazas de acogida disponibles actualmente. Para negociar en nombre de la Comunidad gallega se ha sentado en la mesa la conselleira de Política Social, Fabiola García; al menos, de forma virtual, puesto que ha participado por videoconferencia, como otros ocho representantes de comunidades. Y, con ella, Jacobo Rey, director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica. Sí acudieron personalmente los de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Murcia; por la parte estatal, ha presidido el acto la ministra del ramo, Sira Rego, y han estado presentes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, junto al presidente canario, Fernando Clavijo. Personificando a la Xunta, García ha anunciado su voto favorable y ha vuelto a poner de manifiesto un sentimiento de «solidaridad» con Canarias y Ceuta, reivindicando que Galicia «ha sido, es y seguirá siendo un lugar de acogida y una tierra solidaria». No obstante, se ha mostrado muy crítica por la ausencia de una política migratoria por parte del Ejecutivo estatal y ha centrado sus demandas en la convocatoria de una conferencia de presidentes, en exigir financiación por parte del Gobierno para atender a los menores hasta que abandonan el sistema de protección y también en demandar garantías para que todas las comunidades autónomas participen en el reparto. De hecho, detalla la Consellería a ABC, ante las «graves acusaciones» de la ministra Sira Rego acusando, entre a otras comunidades, a Galicia de no haber acogido a los 28 menores acordados en el 2023 y de quedarse los fondos gubernamentales destinados a ello, la titular de Política Social e Igualdade ha exigido la rectificación de la ministra. Más allá de eso, y en línea con lo que manifestaron otras comunidades, la responsable autonómica puso el acento en que su administración había recibido el texto el día anterior, por la tarde, y que debido al escaso margen de tiempo su departamento no había tenido «tiempo suficiente para [realizar] su estudio». En cualquier caso, como ya se había referido, matizaron que la conferencia sectorial no tiene competencias sobre el documento, ya que residen en las Cortes, y que por ello el escrito como tal no sería sometido a votación.
