Espionaje a Podemos: esto sí es la Stasi
Esto no ocurrió hace mucho tiempo, en contra de lo que suele decir el PP cada vez que vuelve a la actualidad informativa alguno de sus escándalos de corrupción. Sucedió durante el último Gobierno popular, que encabezó Mariano Rajoy. Y no fue una corruptela más de las tantas que han estallado en las manos a los populares, sino un gravísimo caso de espionaje político que atentó contra la esencia misma de la democracia.
De acuerdo con una documentación que ha enviado el Cuerpo Nacional de la Policía al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, entre 2015 y 2016 se espió al margen de la ley, desde distintas dependencias policiales, a por lo menos 55 diputados de Podemos, entre ellos su entonces líder, Pablo Iglesias, y su sucesora, Ione Belarra; la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el diputado de Sumar Iñigo Errejón, entonces cercano a Iglesias. Aún está por establecer si los seguimientos fueron coordinados desde el Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz o si se trató de iniciativas de grupos de policías deseosos de hacer méritos; en cualquier caso, ocurrieron en un clima de demonización política contra la formación morada y con un Gobierno experimentado en recurrir a los espionajes ilegales, como demostró en el caso de los independentistas catalanes o en el del propio extesorero del PP Luis Bárcenas en el caso Kitchen, por el que está procesada toda la cúpula de Interior del Ejecutivo de Rajoy.
Cada vez está más claro que, durante el último Gobierno del PP, sectores de la Policía operaron como la Stasi. La Stasi auténtica, la que espiaba a su antojo a los ciudadanos de la Alemania comunista, no la que existe en las mentes febriles de Nacho Cano e Isabel Díaz Ayuso. En el seguimiento de Podemos intervinieron desde servicios centrales de la Policía hasta Jefaturas locales, pasando por agentes destinados en el Congreso, como relata Pedro Águeda en este diario. Incluso participó la Brigada de Información, grupo dedicado a los extremismos políticos. Entre el 2 de enero de 2015 y el 30 de diciembre de 2016 aparecen la friolera de 122 consultas realizadas sobre Pablo Iglesias. El mismo juzgado de Pedraz investiga también si se concedió la residencia a un ciudadano venezolano a cambio de facilitar información falsa sobre supuestas cuentas de Iglesias en paraísos fiscales.
Los hechos son de tal gravedad que no pueden quedarse sin una acción rápida y contundente de la justicia, porque lo que está aquí en juego es la credibilidad de las instituciones democráticas en un momento crucial en que fuerzas reaccionarias –no solo en España– están intentando socavarlas. No solo deben actuar con celeridad los tribunales: el Ministerio del Interior está en la obligación de investigar a conciencia lo ocurrido y depurar del cuerpo a quienes hayan intervenido en estos seguimientos sin aval judicial.
No hace falta conocer si el espionaje a los diputados de Podemos se coordinó o no desde Interior para afirmar que el Gobierno de Rajoy cometió un daño enorme a la democracia. Existe un innegable hilo conductor entre las campañas virulentas de desprestigio del PP contra la formación morada, sobre todo tras su éxito en las elecciones de diciembre de 2015, y los seguimientos policiales a ese partido, incluso si se asume la hipótesis de que estos se produjeron de modo espontáneo. El antecedente de lo ocurrido con los independentistas catalanes permite al menos poner en duda que el espionaje de Podemos se hiciera al margen de instrucciones políticas: tal como reveló este diario en enero pasado, la llamada ‘policía patriótica’ remitió en un sobre al Ejecutivo de Rajoy un total de 34 investigaciones ilegales a cargos catalanes y a sus familias realizadas entre noviembre de 2014 y julio de 2015.
El expresidente, que hoy disfruta de una vida plácida con su recuperado cargo de registrador de la propiedad, está en el deber de explicar de manera convincente a la ciudadanía cuál fue su papel en todo este turbio entramado, porque existen motivos para sospechar que algún conocimiento tuvo de las andanzas de su fiel ministro Fernández Díaz. Las argucias del expresidente para eludir cualquier responsabilidad, así sea in vigilando, en estos atentados a la democracia que ocurrieron durante su mandato no hacen sino acrecentar las suspicacias sobre su actuación.
Por otra parte, ¿qué tiene que decir al respecto el actual presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo? Ya, sí, que cuando eso ocurrió él estaba en Galicia, ocupado en otros asuntos,(aunque formase parte de la dirección nacional). Pero, ahora que lo sabe, ¿no tiene al menos alguna reflexión que hacer? Estamos hablando de algo bastante serio: de la utilización ilegal de los resortes de la seguridad del Estado para actuar contra ciudadanos cuyos derechos están protegidos por la Constitución. Después de todo lo que hemos sabido del último Gobierno del PP, y sobre todo tras la revelación de la documentación sobre el seguimiento a Podemos, el primer partido de la oposición lo tendrá mucho más difícil para presentarse como el gran defensor de las instituciones y la democracia, a menos que haga algún pronunciamiento inequívoco contra aquellas conductas. Con qué cara podrán los populares seguir acusando de totalitario al actual Gobierno progresista, cuando el último Gobierno que le conocimos al PP actuó como un régimen arbitrario contra sus adversarios políticos. Con qué cara pueden hablar de respeto a las instituciones, cuando indujeron a las fuerzas policiales a actuar al margen de la ley o, en el mejor de los casos, crearon con sus soflamas un ambiente propicio para que policías se sintieran en libertad para actuar por su cuenta contra los peligrosos bolivarianos.
Hay que ver cómo se le llena la boca a la derecha equiparando a Sánchez con Stalin o aplaudiendo al compositor Nacho Cano por tachar a la Policía de “Stasi” tras haber sido detenido por una supuesta contratación ilegal de extranjeros para su musical Malinche. Tanto cinismo solo es explicable por un desprecio a la realidad. Y la realidad es que bajo un Gobierno del PP se produjo, al margen de la ley, el mayor espionaje político en democracia.