A 53 años de la nacionalización del cobre: una dignidad que no cabe en el bolsillo empresarial
En más de una ocasión el actual gobierno ha hecho referencia al legado del gobierno de la Unidad Popular para resaltar hitos propios de su administración. Intentando llevar agua hacia su molino, la administración del presidente Boric intenta aprovechar la histórica lucha dada por trabajadoras y trabajadores para vincularlo -aunque sea simbólicamente- con su programa político. Pero ¿Por qué hablamos de esto?
Hace 53 años el presidente Salvador Allende materializaba la nacionalización del cobre. El hecho marcó un hito esencial en la historia reciente de Chile y el mundo, tras una contundente lucha impulsada por las y los trabajadores mineros que terminó por recuperar el mineral de las manos de capitales transnacionales. El hecho fue reconocido y hoy es recordado como el “Día de la Dignidad Nacional” al significar el acto de soberanía económica más importante en la historia del país.
Haciendo eco de este hito, más de 50 años después, el presidente Boric lanzó la Estrategia Nacional del Litio apuntando a la “altura de miras” que tuvo el Congreso para aprobar unánimemente la nacionalización de la Gran Minería del Cobre. Sin embargo, en esta oportunidad, Boric planteó la importancia de ser capaces de contar con la transversalidad para impulsar una estrategia profundamente cuestionada, que amenaza a frágiles ecosistemas y se aleja por kilómetros de lo que han exigido comunidades y organizaciones. Hoy, no son las y los trabajadores quienes discuten la política minera, sino más bien la famosa alianza público-privada, donde la agenda que prima es la del empresariado y de la inversión extranjera; no la apertura a una discusión profunda en la sociedad.
Pareciera ser que el presidente Boric se olvida que el Litio es de Chile, al ser un mineral no concesionable y de interés nuclear, estando restringida su explotación, pero que puede ser entregada vía concesiones administrativas o Contratos Especiales de Operación de Litio a manos privadas; tal como ha sido hoy la lógica que prima.
Pero no solo eso. Hoy el cobre continúa estando en la mira -y las manos- de empresas nacionales y transnacionales; es más, para 2022 -según datos de Cochilco- existía un predominio del empresariado transnacional sobre la producción de cobre, alcanzando poco más del 70% del total: negocio redondo -para unos pocos-. Por otro lado, la fiebre de la transición energética ha mantenido y aumentado la importancia de este metal, cuya explotación desmesurada ya ha traído impactos en la salud de la población, el bienestar de los ecosistemas, y también en la seguridad social de las y los trabajadores.
En esta línea, actualmente la minería del cobre -la cual representa poco más del 50% de las exportaciones del país- conlleva una paupérrima recaudación tributaria para el Estado en comparación con las utilidades del empresariado privado. En este sentido, el mito del “país minero” se consolida sobre una profundizada precarización laboral, donde -acorde a datos de Cochilco sobre 2022- el sector concentraba apenas 311.291 personas, siendo bajísimo en comparación con la fuerza de trabajo presente en el país. Asimismo, la minería del cobre se concentra en la masculinización del trabajo, donde el 89% de la mano de obra corresponde a hombres, y donde el subcontrato prima como régimen laboral.
No solo la discusión actual sobre el quehacer con minerales y metales necesita ser amplia y vinculante, sino que también debe abordar diferentes dimensiones que anteriormente no fueron consideradas, como lo es el bienestar de los ecosistemas, a las y los habitantes preexistentes del territorio y la construcción de alternativas al modelo de desarrollo imperante.
Hoy, la tan manoseada “Dignidad” necesita tener en mira otros componentes que los gobiernos y empresas han dejado fuera de la mesa. La construcción de propuestas con miras al postextractivismo pareciera ser un buen punto de inicio para una Dignidad que no entra en el bolsillo empresarial, sino que se sostiene de las manos de los pueblos.
* El autor pertenece al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA