Torres: «Si no se convalida el decreto ley en las Cortes, los menores migrantes quedarían en una absoluta inseguridad jurídica»

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que «no se quiere rendir», destacando que la modificación de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas, que considera «imprescindible». Ha recordado que «bastaría con que el PP le diera el sí «, porque no hay tiempo, y con el sí de los populares el nuevo plan de emergencia para la acogida sería «inmediato y podría aplicarse ya, este mismo mes». «Si se aprobase el decreto ley para la acogida de menores extranjeros entre comunidades, se podrían trasladar menores en las siguientes semanas. Pero si, finalmente, ese decreto ley no fuera convalidado en las Cortes, esos menores quedarían en una absoluta inseguridad jurídica». Haciendo balance, ha recordado que «a día de hoy tenemos el no de Junts« y »no tenemos el sí del PP«. «Esa es la realidad», ha sentenciado. Ha apelado a un discurso que «vaya parejo» entre los hechos y las acciones, ya que a juicio del ministro si se quiere ser solidario con la población vulnerable «tienen una oportunidad» en el Congreso y el Senado con el apoyo de manera mayoritaria la modificación de la ley. Ha recalcado que no hay «plan b» para resolver este problema por lo que pide «acotar todas las fuerzas para que esta modificación legislativa se pueda aprobar», porque es una situación de «emergencia». Es «población vulnerable», por lo que para Torres «la única respuesta posible» es una « solidaridad efectiva, real y factible « con la modificación de la Ley de Extranjería. El ministro ha destacado el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España por buscar una solución a pesar de no tener competencia y ha recordado que «se ha trabajado de la mano y de manera leal « con el presidente de Canarias para tener una propuesta consensuada. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia cerró anoche con el compromiso por parte de las comunidades de acoger de forma voluntaria 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta, pero sin acuerdo para el reparto entre comunidades.