La reforma del auditorio de Calatrava en Tenerife se calculó en 24 millones en 2022 y requiere su cierre durante un año
Un pretendido símbolo de Tenerife va a costar cuatro veces más de lo presupuestado en su momento. Emblema ya de Santa Cruz y, en concreto, de la zona del castillo Negro y el Parque Marítimo, el célebre Auditorio Adán Martín (nombre de un político de Coalición Canaria), es uno de los edificios más fotografiados y visitados por turistas, y su espectacular pico (es casi más una escultura que un palacio de la música) llama la atención desde múltiples vistas en línea con otras obras del celebérrimo arquitecto Santiago Calatrava. Sin embargo, su coste inicial de 26 millones de euros acabó elevándose a 74 para su inauguración en septiembre de 2003 y, pasados 21 años, el supuesto referente tinerfeño presenta una imagen lamentable, con muchas zonas de su mosaico exterior (el famoso y carísimo trencadís) cayéndose o levantado, filtraciones de agua, consecuentes humedades y problemas estructurales que, lejos de los 2,6 millones que se habían difundido hasta ahora como necesarios para la restauración en 2017, requieren 24 millones (calculados en 15,2 en 2017).
En realidad, mucho más, ya que, según ha podido saber Canarias Ahora, ese nuevo cálculo de técnicos del Cabildo se efectuó hace dos años, con lo que habría que añadir ahora la subida del IPC y, sobre todo, de los materiales de construcción y la pujanza actual de las empresas de este subsector. Además, y con independencia de cuándo se ejecuten esas obras de reforma para paliar una imagen absolutamente impropia de un supuesto referente insular, los trabajos obligarán al cierre, al menos, de un año del auditorio, con lo que la amplia y rica programación cultural que alberga (el contenido independizado del continente) deberá suspenderse o trasladarse a otros recintos, incluidos los conciertos de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Tenerife, con el consiguiente lucro cesante (calculado también en millones de euros en 2017).
Carta al arquitecto en 2016
Ante el deterioro creciente que presentaba el auditorio, el Cabildo de Tenerife (entonces gobernado por CC y PSOE) exigió por carta a Calatrava, en 2016, que se hiciera cargo de su restauración. No obstante, el arquitecto alegó que no era su culpa, sino de una mala ejecución del proyecto por parte de la UTE conformada por las constructoras Acciona, Dragados y Promotora Punta Larga, la del pelotazo de Las Teresitas, que, por supuesto, discreparon. Habemus conflicto, pues. Esto derivó en un proceso judicial para dilucidar quién debía asumir el coste de los trabajos de reposición. Desde 2017, trascendió a la opinión pública que las obras requerían de, al menos, 2,6 millones de euros de ese momento, pero Canarias Ahora puede demostrar que ya entonces la cifra barajada por los técnicos insulares era muy superior: en torno a los 15,21 millones que, en ambos casos, habría que ir actualizando en función de la subida del precio de los materiales y de la mano de obra o lo que piden las empresas por cualquier actuación.
En una resolución del 12 y 14 de agosto de 2018 del consejo de gobierno insular se acordó rechazar las alegaciones presentadas por Acciona y la petición de pruebas por parte de esta constructora y Dragados, por lo que el Cabildo insistió en exigir a la UTE y a Calatrava (su equipo y herederos) la restauración tras la detección de “vicios ocultos” en la construcción. Entonces, los técnicos elevaron el coste de los trabajos a 15,21 millones, con unos “costes añadidos de 2,946 millones”. Además, se apunta a unas consecuencias económicas por el lucro cesante por el “primer año de inactividad de 1,224 millones”. En este caso, se apunta a 355.616 euros para la sociedad Auditorio de Tenerife por costes indirectos de esos doce “primeros” meses y 4,326 millones para el Patronato Insular de Música (retribuciones y Seguridad Social anuales). No obstante, ya se aclaraba que el coste final dependerá de la adjudicación de “un nuevo proyecto de ejecución que deberá estar redactado previa ejecución de los estudios técnicos necesarios para la determinación de procedimientos técnicos adecuados”.
Ante esa resolución, se interpuso un recurso contencioso administrativo sustanciado en el procedimiento ordinario 372/2018 en el Juzgado número 4. Luego, los recurrentes solicitaron que se suspendiera ese proceso para intentar una solución extrajudicial y, el 15 de noviembre de 2019, el juez dicta una providencia que da un plazo de 60 días en pro de una solución “convencional”. Sin embargo, transcurrieron más de dos años sin ese acuerdo y el nuevo gobierno insular (PSOE-Cs, con apoyo exterior de Sí Podemos) decidió intervenir. Calatrava se ofreció entonces a elaborar un nuevo proyecto y se le dio de plazo hasta noviembre de 2023. Sin embargo, el nuevo equipo gobernante (CC-PP) se lo ha prorrogado hasta noviembre de este año.
Nuevo informe técnico de 2022
En ese 2022, los técnicos elaboraron un nuevo informe (del 23 de mayo y firmado por el jefe de la Unidad Técnica, Sergio Gutiérrez Rojas) que fija el plazo de ejecución en 19 meses y el coste, en 24,07 millones de euros. Además, y en aras de la seguridad por la posible caída de mosaicos exteriores, el Cabildo decide el 7 de julio de ese año destinar 272.473 euros a la contratación de un servicio de seguimiento y control de los movimientos del revestimiento cerámico y su soporte mediante transductores y tecnología láser escáner 3D. Como medida preventiva, no se han desarrollado desde hace años eventos en el exterior del auditorio, cuando antes acogió numerosas actuaciones y hasta bodas. Esa partida se dividió en 96.949 euros en 2022, 87.762 en 2023 y esta misma última cifra para el presente ejercicio.
Hasta ahora, la explicación del actual gobierno dada a este periódico tras diversas peticiones es que, al estar esta cuestión judicializada, el Cabildo no puede intervenir, aunque se subraya que las medidas adoptadas garantizan plenamente la seguridad y que, por eso, se mantiene la actividad cultural y de ocio (el bar que acoge el recinto, por ejemplo). El gobierno anterior, que fue el que adoptó esas medidas de seguridad y alcanzó el acuerdo con el arquitecto (luego prorrogado un año en espera de su nuevo proyecto técnico), se planteó una intervención subsidiaria y, luego, pasarle la factura a la UTE o Calatrava, aunque ninguna de las partes sigue asumiendo su responsabilidad y eso supone un claro riesgo económico y político. Mientras, un icono de Tenerife, que lleva el nombre de un presidente regional e insular de relieve, como Adán Martín, sigue dando una imagen lamentable para una obra que cuadriplicará su presupuesto inicial 21 años (o más) después de ser inaugurada.