El Gobierno que preside Pedro Sánchez no deja de poner el grito en el cielo ante cualquier actitud de rechazo a las políticas migratorias, y en particular las de reparto entre comunidades de los inmigrantes, menores o no, llegados a los territorios que más sufren la presión migratoria, como las islas Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las acusaciones de racismo o xenofobia suelen salir fácilmente de la boca de ministros y dirigentes del PSOE. Salvo cuando quien trata de torpedear esas medidas es uno de sus socios, como ocurrió con la abstención del Gobierno en funciones de Cataluña, controlado por ERC, al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las autonomías del Partido Popular sobre la reubicación...
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