Escolar y elDiario.es no dicen la verdad y la FAPE plantea una exigencia imposible

La Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo ha dictado una resolución, a raíz de una queja presentada por Ignacio Escolar contra varios medios de comunicación, en la que falla que Confidencial Digital ha vulnerado el artículo III del Código Deontológico al difundir la noticia de que Miguel Ángel Rodríguez había denunciado que periodistas “encapuchados” de elDiario.es asaltaron la vivienda de Ayuso.

Los hechos se remontan al pasado 19 de marzo de 2024, cuando el jefe de gabinete de Ayuso acusó a periodistas de elDiario.es de intentar allanar la vivienda de la presidenta de la Comunidad de Madrid, información que recogieron distintos medios, entre ellos ECD.

Decisión de la Comisión de Arbitraje

La FAPE considera que Confidencial Digital vulneró el artículo III del Código Deontológico, el cual establece que “el compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”.

Escrito de respuesta

En respuesta a la queja que presentó de Ignacio Escolar, José Apezarena envió a la Comisión de Quejas un escrito en el que puntualizaba:

-Confidencial Digital no publicó un bulo, sino un hecho: “El Gobierno de Ayuso denuncia...”.

Eso es lo que ocurrió, y se cita la fuente.

-Escolar dice en su escrito que “distintos medios de comunicación -entre otros Confidencial Digital- publicaron artículos donde se acusaba a periodistas “encapuchados” de elDiario.es de “acosar” a los vecinos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, incluyendo a menores. En varias de las informaciones se añadía también que los periodistas de elDiario.es “han intentado entrar por la fuerza” en el domicilio de la presidenta de la Comunidad de Madrid”.

Como puede comprobarse leyendo la noticia, el Confidencial Digital no “acusa”: refleja lo que dicen “fuentes del Ejecutivo madrileño”.

-El escrito de Escolar atribuye a Confidencial Digital afirmaciones que no se hicieron: no habló de “acosar a los vecinos”, ni “incluyendo a menores”.

Es decir, la queja-denuncia de Escolar aporta datos incompletos y falsos.

-La noticia de ECD decía: “El diario elDiario.es, por su parte, ha negado las acusaciones del Gobierno madrileño y ha asegurado que sus periodistas "se encontraban en un lugar público" y "en ningún momento intentaron acceder a la propiedad privada" de la presidenta Ayuso”.

Es decir, se recoge la negativa de elDiario.es.

-El escrito de Escolar afirma, también falsamente: “Tras su publicación, la noticia se actualizó con un desmentido que la periodista atribuye a elDiario.es aunque no habló con ninguna persona del periódico. Los entrecomillados que recoge con el supuesto desmentido son también falsos”.

No es cierto lo que dice Escolar. No se “actualizó” nada. Se publicó un única noticia, con un único texto, en el que ya figuraba la negativa de elDiario.es, procedente de una entrevista, sobre los hechos, de esRadio a un representante de elDiario.es (emitida en directo en el programa de Dieter Brandau).

-En resumen, la información se publicó aludiendo en todo momento a que eso era lo que decía la Comunidad de Madrid. Su punto de vista procedía de un portavoz habitual. Es habitual en los medios, entre ellos elDiario.es, utilizar fuentes gubernamentales no especificadas. Lógicamente, consideramos un hecho noticioso que el Gobierno de Madrid acusase a algunos periodistas de merodear en la zona donde vive la presidenta de la Comunidad.

-El 24 de marzo, Ignacio Escolar envió un burofax a Confidencial Digital, acogiéndose al derecho de rectificación, con su versión, que se publicó íntegramente en ECD.

Normas vulneradas

En el apartado NORMAS DEONTOLÓGICAS QUE SE CONSIDERAN VULNERADAS, Escolar volvía a hablar en su escrito de “bulo”.

Pero no fue un bulo, sino un hecho real, verdadero: “fuentes del Ejecutivo madrileño” acusaban.

Y “sin contrastar lo más mínimo”, añadía, cuando en realidad se recogió la versión de un portavoz de elDiario.es.

Insistía al final en la “falsedad de la noticia”. Pero no era una noticia ‘falsa’, sino absolutamente cierta y real: el Ejecutivo madrileño acusó.

Y en que “solo añadieron el desmentido”. Es falso, no se “añadió” nada: el contenido completo de la noticia de ECD recogió desde el principio la negativa de un portavoz de elDiario.es.

La resolución de la FAPE

A pesar de todos estos argumentos, la Comisión de Quejas de la FAPE ha dictado una resolución sobre Confidencial Digital diciendo:

“Se da, por tanto, un supuesto de vulneración del citado artículo III del Código Deontológico, si bien la Comisión aprecia la existencia de una muy cualificada atenuación de dicha vulneración, porque no sólo en el propio artículo se reconoce el desmentido, sino que El Confidencial Digital, que recibió un burofax haciendo uso del derecho de rectificación, transcribió inmediatamente en sus publicaciones, de manera íntegra, la rectificación solicitada por El Diario.es”.

El citado artículo III habla de las fuentes. Y para fundamentar el fallo sobre ECD, la Comisión de Quejas argumenta: “Así pues, en una interpretación conjunta de este precepto ético lo que resulta exigible es que el informante haya cumplido un deber de fundamentación de lo informado que no sólo se cumple con el mero contraste de la fuente -que aquí si se cumplió- sino que precisa de una mayor fundamentación en aras de la “búsqueda de la verdad” que es el compromiso básico del periodista tal como lo postula y exige el repetido artículo”.

Desde el punto de vista de ECD, la FAPE introduce un nuevo requisito en las informaciones: no basta con citar y acreditar la fuente, sino que el periodista debe ‘comprobar’ que lo que afirma esa fuente es verdad.

Un requisito que haría prácticamente imposible el trabajo de los periodistas.

Recurso ante la FAPE

Confidencial Digital presentará un recurso ante la FAPE contra la resolución de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, por considerarla mal fundamentada y ajena a la realidad del trabajo periodístico.

Igualmente, cabe plantear si la resolución es coherente con la jurisprudencia anterior de la Comisión en esta materia, y también preguntarse si se está extralimitando con una argumentación endeble, en la que deberían explicar también qué deben hacer los periodistas para ‘comprobar’ si lo que dice la fuente es verdad.

Una última consideración es si, en este caso la Comisión, ha querido dar una lección a alguien más que a los medios que publicaron esas informaciones.